Con expedientes abiertos y señalamientos por acoso sexual: denuncian que coronel del Ejército de Colombia buscaría un puesto diplomático en Paraguay

El coronel del Ejército Nacional Jorge Hernán Triviño Charry estaría adelantando gestiones para ser nombrado como agregado militar en la embajada de Colombia en Paraguay durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a pesar de que registraría una indagación penal activa por presunta concusión en la Fiscalía General de la Nación y tres expedientes internos en la institución por presunto abuso de autoridad y acoso sexual laboral.

La aspiración diplomática habría sido revelada por el portal investigativo El Expediente tras consultar fuentes del Palacio de Nariño, las cuales habrían señalado que el oficial buscaría representar a las Fuerzas Militares en el exterior en momentos en que mantendría procesos sin resolver relacionados con su desempeño como jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Segunda Brigada con sede en Barranquilla.

En los archivos judiciales figuraría la noticia criminal número 080016001256202500007, radicada ante la Fiscalía 59 Seccional de la Unidad de Administración Pública, Justicia y Otros, de Corrupción Administrativa de la capital del Atlántico. El caso se adelantaría por el presunto delito de concusión, contemplado en el artículo 404 del Código Penal para sancionar al servidor público que abusaría de sus funciones para constreñir o inducir a otros a entregar dinero o utilidades indebidas.

Una investigación por presunta concusión bajo la lupa de la Fiscalía

El expediente habría pasado de un fiscal de intervención temprana a un fiscal de conocimiento el 2 de abril de 2025, registrando actuaciones de policía judicial los días 3 de abril y 15 de mayo del mismo año. En esa última fecha, la fiscal titular habría librado una orden con plazo de treinta días dirigida a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijín) -todos los documentos fueron expuestos por el portal periodístico en mención-.

La orden judicial habría dispuesto requerir a la Oficina de Talento Humano del Ejército la entrega del listado completo del personal asignado a la oficina de control de comercio de armas de la Segunda Brigada, con nombres, cargos, tiempos de permanencia, direcciones y teléfonos, incluyendo al propio coronel Triviño. Asimismo, la Fiscalía habría ordenado certificar las placas, marcas, colores y conductores asignados al esquema oficial de protección del uniformado.

Ante la presunta falta de entrega oportuna de los documentos por parte de los mandos militares, el 14 de julio de 2025 el grupo de investigaciones internas para la fuerza pública de la Dijín habría enviado un oficio urgente a Talento Humano del Ejército, reiterando el envío de las carpetas bajo reserva legal “a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Fiscalía 59 Seccional de Barranquilla”, señala la investigación.

En la rama disciplinaria interna, el Ejército habría tramitado tres radicados contra el oficial por hechos que habrían ocurrido en el cantón militar Paraíso de Barranquilla. El primero correspondería a un derecho de petición remitido el 12 de septiembre de 2024 por los canales de la Ayudantía General, firmado bajo el seudónimo de Juana de Arco por presunto abuso de autoridad.

En esa comunicación se señalaría al coronel de despojar presuntamente de su espacio de trabajo a la capitana encargada del área de psicología militar y de género con el fin de adecuar una oficina particular, además de generar temor entre las integrantes de la asesoría jurídica de la brigada.

El segundo trámite administrativo sería un informe confidencial fechado el 15 de octubre de 2024 y remitido a la Oficina de Género del Ejército por la funcionaria Yariseth Pérez Gutiérrez. En el documento se denunciarían presuntos casos de acoso sexual laboral atribuidos a Triviño Charry, en el que habría indicado que mantendría acercamientos físicos no consentidos con personal femenino del Centro de Familia Militar (Cefam) y otras dependencias mediante roces y abrazos corporales.

En ese reporte, la denunciante habría solicitado el envío urgente de una comisión inspectora de género y advertiría sobre la aparente falta de respuestas institucionales, por lo que el portal investigativo citó: “Ya se han hecho varios documentos por estos inconvenientes, pero nadie da una solución”.

El tercer antecedente interno sería una queja formal radicada el 1 de febrero de 2025 con el número 1146988 y asignada a la Primera División del Ejército por presunta corrupción y acoso laboral, radicada por la misma funcionaria del caso anterior y que continuaría registrada en estado de trámite.

Aunque los cuatro expedientes se encontrarían en etapas preliminares sin condenas ejecutoriadas ni sanciones en firme, las fuentes consultadas en la sede de gobierno habrían manifestado reparos institucionales frente a su eventual envío a territorio paraguayo, según dijo el portal de investigación, al advertir que la designación diplomática de un uniformado con estos señalamientos entraría en colisión con la política de disciplina e integridad de la fuerza pública del actual Ejecutivo.