La Corte Constitucional de Colombia determinó que los ataques en redes sociales contra el cuerpo, la apariencia, la intimidad o las capacidades de mujeres con reconocimiento público pueden constituir violencia de género digital.
La decisión se produjo al resolver una acción de tutela presentada por una gestora social de un municipio de Arauca contra un creador de contenido que publicó mensajes sobre su vida privada y su imagen física en Facebook.
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Se trata de Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social y quien fue blanco de críticas en Facebook. La decisión judicial se originó en una tutela presentada por el abogado Daniel Alfonso Linares González, apoderado de Ortiz Tafur, contra Cristian Camilo Paredes Forero.
La acción atribuye al demandado publicaciones reiteradas en Facebook que, según la parte accionante, constituyeron hostigamiento, difamación y violencia simbólica contra la gestora social y su esposo, el alcalde de Arauca, Juan Qüenza.
En una de las publicaciones cuestionadas, Paredes Forero formuló una pregunta a quienes seguían su cuenta: “¿Qué opinan ustedes? ¿Mal procedimiento, mala calidad del bótox o fue un golpe en la cara?”.
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La Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos de la accionante a una vida libre de violencias, a la igualdad y la no discriminación, a la imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a la intimidad personal y familiar. El tribunal concluyó que varias publicaciones excedieron los límites de la libertad de expresión porque trasladaron el debate de la actividad pública de la mujer hacia aspectos personales vinculados con estereotipos de género.
La Corte separó la crítica pública de los ataques contra la vida privada
El caso se originó por una serie de contenidos difundidos por un creador digital en Facebook. Las publicaciones se referían al cuerpo, la apariencia de la gestora social, supuestas intervenciones estéticas, su intimidad y el rol que, según el autor, debía cumplir como mujer. También incluían cuestionamientos a labores que la accionante ejercía con proyección pública.
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La Sala hizo una distinción entre esos dos grupos de expresiones. Indicó que la condición de figura visible de la gestora social permite el escrutinio y el cuestionamiento sobre asuntos de interés general relacionados con su actividad. Esas manifestaciones están amparadas por “la libertad de expresión y la participación política”, de acuerdo con la decisión.
La protección constitucional no cubre, en cambio, los mensajes que recurren a la sexualización, la cosificación o la degradación para desacreditar a una mujer. La Corte estableció que tales contenidos no aportan al debate sobre la gestión pública ni a la discusión de asuntos colectivos, debido a que fijan la atención sobre características personales.
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El alto tribunal señaló que las publicaciones examinadas “sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban” a la accionante. Esa conducta, precisó, se sustentó en estereotipos de género y convirtió el cuerpo y la apariencia de la mujer en objeto de ataque.
Los ataques pueden limitar la participación de las mujeres en espacios públicos
La Sala Cuarta de Revisión consideró que la afectación supera el perjuicio individual cuando las expresiones se dirigen contra una mujer que participa en asuntos de interés general, ejerce su libertad de expresión o desarrolla una actividad profesional con visibilidad. En esos casos, los mensajes pueden afectar su presencia y su capacidad de intervención en escenarios públicos.
La corporación estableció que el análisis de estos casos requiere identificar el contenido y el contexto de cada mensaje. Las críticas relacionadas con actuaciones de interés público conservan protección constitucional, incluso cuando resulten incómodas para sus destinatarios. La situación cambia cuando la expresión utiliza la condición de mujer para rebajar, ridiculizar o excluir a una persona de la deliberación pública.
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La decisión aborda una discusión sobre los límites de la crítica en plataformas digitales, donde los contenidos pueden amplificar ataques contra la imagen o la intimidad de quienes tienen exposición pública. Para la Corte Constitucional, la libertad de expresión no habilita publicaciones que reproduzcan patrones de discriminación y violencia contra las mujeres.
Las publicaciones deberán ser retiradas de Facebook
Como medida de protección, la Corte ordenó retirar de Facebook los contenidos identificados como actos de violencia de género digital. La disposición comprende las publicaciones que se refieran a la accionante de forma sexualizada, estereotipada o degradante.
El creador de contenido deberá abstenerse de repetir ese tipo de publicaciones, ofrecer disculpas públicas y realizar una capacitación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en entornos digitales. También deberá difundir la sentencia, según las órdenes impartidas por la Sala.
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La Corte Constitucional reiteró al Congreso de la República un exhorto formulado en fallos anteriores. Solicitó que atienda recomendaciones de organismos internacionales vinculadas con la “prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital”.
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