APPA: Corte Constitucional definió hasta dónde llega el poder del Ministerio de Agricultura sobre el uso del suelo

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), contempladas en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, pero estableció condiciones para garantizar la autonomía de las entidades territoriales y la participación de los municipios en las decisiones relacionadas con estas zonas.

La determinación quedó consignada en la Sentencia C-364 de 2026, correspondiente al expediente D-16118, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo. La Sala Plena precisó las competencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para delimitar estos terrenos y estableció que sus decisiones deben estar precedidas de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales.

El pronunciamiento fue divulgado por Martha Carvajalino, exministra de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de sus redes sociales. La exfuncionaria destacó que el alto tribunal respaldó la figura de protección de los suelos agropecuarios y calificó la decisión como una garantía para la soberanía nacional.

Corte Constitucional aclaró qué puede hacer el Ministerio de Agricultura con las APPA

Uno de los aspectos centrales de la sentencia es la delimitación de las facultades que tiene el Ministerio de Agricultura sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos.

La Corte estableció que la competencia de esta cartera comprende la delimitación de las áreas, la definición de su destinación a la producción de alimentos y la identificación de las actividades incompatibles con esa finalidad.

Sin embargo, aclaró que el Ministerio no puede reglamentar detalladamente los usos del suelo, debido a que esa atribución corresponde a los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía territorial.

De esta manera, el fallo distingue entre la facultad del Gobierno nacional para establecer áreas destinadas a proteger la producción agroalimentaria y las competencias de las autoridades locales para regular los usos del suelo en sus respectivos territorios.

La decisión mantiene la constitucionalidad de las APPA, pero condiciona su aplicación al respeto de las atribuciones que corresponden a los municipios y distritos.

Municipios deberán participar en las decisiones sobre las áreas protegidas

La Sala Plena también determinó que las decisiones del Ministerio de Agricultura relacionadas con la declaración y modificación de las APPA deben estar precedidas de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales.

En particular, la Corte señaló que los concejos municipales y distritales deben tener la oportunidad de presentar observaciones y propuestas sobre las decisiones que involucren sus territorios.

Estas intervenciones deberán ser valoradas de manera efectiva y motivada, de modo que las autoridades locales puedan ejercer una influencia apreciable en las determinaciones del Ministerio.

Adicionalmente, el alto tribunal estableció que la declaración y modificación de las áreas debe tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial (POT) y las particularidades de los municipios y distritos involucrados.

Con estas condiciones, la Corte precisó la forma en que deben articularse las competencias nacionales en materia de protección de los terrenos destinados a producir alimentos con la autonomía de las entidades territoriales.

Qué pasa con las APPA que están en trámite

La Sentencia C-364 de 2026 también definió las condiciones que deben cumplir los procedimientos relacionados con estas áreas que todavía no han terminado.

Según lo establecido por la Sala Plena, la decisión tendrá efectos hacia el futuro y las APPA que se encuentren en trámite, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, deberán sujetarse a los condicionamientos fijados por la Corte.

Esto significa que los procesos pendientes deberán garantizar la participación de las autoridades territoriales y la valoración de sus observaciones, además de considerar los instrumentos de ordenamiento territorial correspondientes.

El fallo se conoce durante el desmonte de las APPA en el Gobierno de Abelardo de la Espriella

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se conoce mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la eliminación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos que fueron declaradas durante la administración de Gustavo Petro.

De acuerdo con la información publicada por Cambio, el anterior Gobierno delimitó cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios del país mediante esta figura, con el propósito de proteger terrenos estratégicos para la producción agropecuaria.

La mayor extensión estaba en Córdoba, con 667.034 hectáreas. Le seguían Antioquia, con 102.802; Santander, con 84.662; La Guajira, con 79.782; Tolima, con 48.494, y Sabana Centro, en Cundinamarca, con aproximadamente 15.800 hectáreas.

La nueva administración cuestionó estas declaratorias por considerar que limitaban las competencias de las autoridades territoriales en materia de ordenamiento y uso del suelo. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, también ha señalado presuntas deficiencias cartográficas, vacíos en materia de consulta previa e inconsistencias en las delimitaciones.

El medio documentó que el Ministerio comenzó a derogar las declaratorias en diferentes regiones. Entre las decisiones reportadas están las relacionadas con Sabana Centro, en Cundinamarca; La Guajira, y los 19 municipios del suroeste de Antioquia.

Solicitudes mineras en antiguos terrenos de protección agroalimentaria

En otra investigación, el medio identificó solicitudes mineras que se superponen con terrenos que habían sido delimitados como APPA en Tolima, Antioquia y Córdoba. El análisis se realizó mediante el cruce de registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

En el norte del Tolima, la publicación identificó tres solicitudes para la extracción de oro, plata y platino en Falán y Palocabildo. Los requerimientos comprenden 232 hectáreas, de las cuales 229 se superponen con la antigua área de protección.

En el suroeste de Antioquia, donde la declaratoria fue derogada el 24 de octubre, la revista encontró 15 solicitudes mineras recientes. Ocho de ellas fueron radicadas el 22 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial, y estaban relacionadas con la exploración y explotación de oro.

En Córdoba, el medio identificó 17 solicitudes presentadas desde la segunda vuelta presidencial, con una superposición de 2.052 hectáreas sobre los terrenos que habían sido delimitados como APPA. Los intereses registrados incluyen oro, carbón, cobre, níquel, arenas y gravas de río.

La investigación también documentó solicitudes mineras en La Guajira y Santander, sobre terrenos que estaban comprendidos dentro de las declaratorias de protección.

Cambio precisó que estos requerimientos no equivalen a permisos de explotación aprobados. Además, las APPA no constituían zonas de exclusión minera absoluta ni impedían la radicación de solicitudes ante la Agencia Nacional de Minería.