Los menores de edad siguen desapareciendo en Bogotá; cada 24 horas, se pierde un niño: lo que está detrás de la problemática

En septiembre de 2026, en medios de comunicación, redes sociales y en el sector político colombiano se empezaron a encender las alarmas por la desaparición de menores de edad en Bogotá. En su momento, la concejala Tata Hernández puso el tema sobre la mesa presentando cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad de la ciudad: en lo corrido de 2026 ya se había registrado la desaparición de 294 niños, niñas y adolescentes en la capital del país.

Esa cifra ya se acercaba a otro dato que ofreció la cabildante: 360 menores de edad desaparecidos en 2025 en Bogotá. “Cada 24 horas, un niño o adolescente se extraviaba en nuestras calles”, advirtió. Por eso, exigió acciones a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, específicamente al secretario de Seguridad, César Restrepo.

Para entonces, el funcionario habló sobre la problemática con la revista Semana, e indicó que, aunque a los ojos de la opinión pública pareciera que estuviera incrementando el número de desapariciones de menores, la realidad no sería esa. De hecho, indicó que, con el paso de los años, las cifras han ido disminuyendo.

“No es que haya más casos, son el conjunto ordinario de casos. Sin embargo, hay más conocimiento público de ellos. ¿Por qué señalamos que no hay más casos? Porque 1.600 casos se reportaron en 2016 de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. En el año 2025, al final del año se registraron 816 reportes. Es decir, una disminución del 50% en lo que va del año, bajó a 611″, dijo el secretario de Seguridad en la entrevista.

En diálogo con Infobae Colombia, la concejala Andrea “Tata” Hernández se refirió a la respuesta que otorgó el funcionario con respecto a la problemática. “Muy grave la declaración del secretario de Seguridad (...) Estamos reportando dos niños desaparecidos por día”, dijo.

Para sustentar su postura, presentó datos que difieren completamente de los que dio a conocer el servidor público: en 2025 hubo 537 menores reportados como desaparecidos en la ciudad, según información de la Fiscalía General de la Nación, y con corte de septiembre de 2026, el número de menores desaparecidos ya había aumentado a 594.

“Estamos hablando de que ya se superó. Definitivamente hay un incremento y el secretario de Seguridad tiene de entrada que reconocer que esta problemática está pasando en Bogotá y que no es como él muchas veces lo quiere mostrar y maquillar un poco”, precisó la cabildante a este medio de comunicación.

Con base en los datos a los que tuvo acceso, indicó que hay zonas de Bogotá en donde la situación es mucho más preocupante. Por ejemplo, en la localidad de Bosa, el aumento que se registró es del 32%, pasando de 69 casos en 2025 a 91 en 2026, mientras que la localidad de Kennedy presentó un aumento de 38% en los casos documentados, pasando de 56 casos en 2025 a 77 en 2026.

En ese sentido, la cabildante indicó que es necesario abordar la problemática tomando medidas efectivas, empezando por la unificación de las cifras, teniendo en cuenta que los datos oficiales que presentan las distintas entidades e instituciones locales tienen una amplia diferencia. Y, mientras no se resuelven esos problemas de información y actuación, las familias de Bogotá siguen enfrentando escenarios de angustia por la desaparición de sus menores de edad.

“Yo he tenido mamás que han llegado acá... tú te imaginas el desespero de ellas. A veces son menores de ocho meses, de 11 meses. En Tunjuelito tuvimos el caso de un menor de 11 meses que desapareció”, dijo.

Ahora bien, con el paso de los meses, la problemática persiste, pese a que ha estado activa en la agenda política y pública, y los números siguen creciendo. El 31 de octubre, los concejales Andrés Barrios, Diana Diago y Julián Uscátegui se unieron al debate sobre el tema y señalaron que, con corte a agosto de 2026, se han registrado 989 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Bogotá, lo cual representa un incremento del 12% en comparación con los 819 casos documentados en 2025 —otra cifra que no cuadra con las anteriormente reportadas—.

Además, informaron que dos de cada tres menores de edad reportados como desaparecidos en 2026 son niñas y el 86% de los casos corresponde a adolescentes de entre 12 y 17 años.

La situación alrededor de los números ya está bajo la lupa de los expertos. Así lo planteó el director del Laboratorio de Gobierno (GovLab) de la Universidad de La Sabana, Ómar Oróstegui, en conversación con Infobae Colombia.

“El aumento de reportes y el número de menores que continúan desaparecidos son indicadores distintos, afectados por la calidad y actualización de los registros. Sin embargo, estas limitaciones no deben retrasar la respuesta”, precisó.

El experto ahondó en las situaciones que podrían estar incidiendo en la desaparición de los menores de la ciudad e indicó que el Gobierno distrital debería examinar la violencia intrafamiliar como un posible factor que lleva a algunos niños, niñas y adolescentes a salir de sus hogares y quedar expuestos a nuevos riesgos. Esto, teniendo en cuenta también que, según el secretario de Seguridad de Bogotá, buena parte de los menores que desaparecen se van de sus casas por “voluntad propia” (75%).

“En el primer semestre de este año se han registrado 1.600 casos de menores que han sufrido de violencia intrafamiliar”, detalló.

Hernández planteó otra posible razón: la trata de personas, una de las más graves violaciones a los derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo, porque constituye una forma de esclavitud del siglo XXI que afecta la dignidad, la libertad, la autonomía y la vida de las víctimas. La trata de personas implica la captación y traslado de víctimas para la explotación sexual, los trabajos forzados, la mendicidad ajena y el matrimonio servil.

La cabildante cuestionó el hecho de que en algunas zonas del país no se informe adecuadamente al respecto, lo que, a su juicio, podría estar incidiendo en las cifras de menores desaparecidos en Bogotá.

“¿Por qué cuando llegamos a los aeropuertos no encontramos estos tipos de avisos en las pantallas? Es que estas son las salidas de nuestro país. Las terminales de transporte, ahí es donde hay que incrementar y unir más fuerzas para que estos niños no salgan de nuestro país, que muchas veces se los llevan en temas de trata de personas”, dijo.

Sin embargo, el director del laboratorio afirma que la información disponible actualmente sobre la problemática no permite concluir con total certeza que la trata de personas o la violencia sexual expliquen el incremento de las desapariciones de los niños, niñas y adolescentes.

“Estas hipótesis deben investigarse en cada caso y contrastarse para identificar posibles patrones. Las autoridades necesitan ese diagnóstico, pues las medidas para enfrentar redes de explotación son diferentes de las intervenciones para proteger a un menor que abandona un hogar violento”, precisó.

De acuerdo con Ómar Oróstegui, un aspecto positivo es que en los casos con localización predominan los hallazgos con vida. Sin embargo, no es posible hacer una generalización al respecto, teniendo en cuenta las diferencias entre balances.

Sobre las posibles falencias que se pueden estar presentando en la prevención y atención de las desapariciones de los menores, el experto explicó que es necesario evaluar si las responsabilidades institucionales están claramente asignadas y si existe continuidad en la atención. Según detalló, esto es crucial porque una alerta pierde efectividad cuando pasa de una entidad a otra sin que ninguna asegure el seguimiento y, ante una posible falta de respuesta estatal, las familias no deberían asumir tareas de coordinación que no les corresponden.

“El Gobierno distrital debería fortalecer la articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para intervenir ante riesgos previamente identificados, mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes”, aseguró.

Oróstegui indicó entonces que la prioridad es conectar la prevención con la búsqueda inmediata y la protección posterior de los niños, niñas y adolescentes. A esto se suma una adecuada articulación entre entidades responsables de hacer seguimiento a los casos, garantizando el traspaso de información actualizada.

Al igual que Hernández, el investigador concuerda en que también se debe poner el foco en los tipos de violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los colegios. De igual manera, explicó que la efectividad institucional debe medirse también por la protección posterior. “Encontrar al menor es indispensable, pero se requiere establecer qué ocurrió y evitar que vuelva a enfrentar las condiciones que originaron su desaparición”, dijo.

La concejala de Bogotá añadió otra propuesta que, desde su perspectiva, podría servir de ejemplo para la ciudad: la implementación de una alerta como la Amber, que funciona en Estados Unidos y contribuye a la búsqueda de menores desaparecidos. “A todos los ciudadanos les llega (una notificación) a su celular inmediatamente, apenas se pierde un menor de edad, con el nombre, las características, la edad, todo”, detalló.

Hernández recordó que en Colombia no hay que esperar 24 horas, 48 horas o 72 horas para reportar a un desaparecido.