
Sara Morales, víctima de reclutamiento y violencia sexual atribuida a las extintas Farc, reclamó que las instituciones prioricen la protección de quienes han perpetrado esos hechos, durante una entrevista posterior a la audiencia de versión libre de Sandra Ramírez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Morales, fundadora de la Corporación Rosa Blanca y representante de 380 víctimas ante la JEP, cuestionó que Ramírez participara de forma virtual en la diligencia, que se desarrolla en el Caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
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La magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Lily Andrea Rueda, explicó que la compareciente tiene un nivel de riesgo extremo, según una valoración de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La JEP rechazó la petición de Ramírez para aplazar la diligencia y responder por escrito un cuestionario en un plazo de 30 días, aunque autorizó su intervención remota por razones de seguridad.
“Ese nerviosismo que usted tiene es mínimo al miedo con el que vivimos las víctimas que hemos denunciado lo que ustedes hicieron”, afirmó Morales en entrevista con NTN 24 al dirigirse a Ramírez. La sobreviviente sostuvo que las personas que han rendido testimonios ante la jurisdicción enfrentan amenazas sin contar, según dijo, con medidas de protección suficientes.
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La víctima denunció falta de respuesta ante amenazas
Morales señaló que presentó amenazas recientes ante la JEP hace cerca de tres meses y que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido una respuesta de la Unidad de Investigación y Acusación ni de la magistrada Rueda.
“En vez de hacer nuestros estudios de seguridad y llegar al fondo de estas amenazas, nos ven a las víctimas como victimarios”, manifestó. También pidió “equidad” en el tratamiento de los comparecientes y las personas afectadas por las acciones de las FARC.
La víctima sostuvo que la comparecencia virtual no tiene el mismo significado que una audiencia presencial para quienes buscan respuestas sobre hechos ocurridos durante el conflicto. “Una audiencia virtual no es igual al respeto que nos merecemos las víctimas”, expresó.
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La JEP citó a Ramírez para profundizar en su trayectoria dentro de la antigua guerrilla, las funciones que habría desempeñado, su eventual capacidad de influencia y su posible conocimiento o intervención en violencias ocurridas dentro de las filas, incluidas agresiones sexuales y reproductivas contra niñas y niños.
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