Tribunal mantiene suspendida aspersión aérea en Putumayo por máximo cuatro meses

El Tribunal Administrativo de Putumayo mantuvo suspendido de manera provisional el plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio. La decisión frena por un máximo de cuatro meses las actividades destinadas a iniciar las fumigaciones, mientras persisten dudas científicas sobre los posibles efectos del producto en la salud de las comunidades y en el medioambiente.

Según información publicada por El Tiempo, el fallo de segunda instancia fue adoptado el 3 de noviembre y modificó una sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, que el 22 de septiembre había ordenado suspender las operaciones hasta que las autoridades acreditaran el cumplimiento de requisitos técnicos, científicos, ambientales y de participación ciudadana.

El Tribunal respaldó la necesidad de adoptar medidas preventivas, pero consideró que la protección judicial no podía prolongarse de manera indefinida. Por esta razón fijó un límite de cuatro meses, condicionado a que los accionantes acudan a los mecanismos judiciales correspondientes para obtener una decisión definitiva sobre la controversia.

Tribunal cita incertidumbre científica sobre el glufosinato

La providencia, con ponencia del magistrado Marino Coral Argoty, ordenó suspender provisionalmente la ejecución material de las actividades orientadas a iniciar la aspersión aérea prevista en la Resolución No. 0007 de 2026 dentro del área que forma parte del proceso constitucional.

La medida está dirigida al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, entidades vinculadas con la preparación y ejecución del proyecto.

Uno de los argumentos centrales fue la incertidumbre científica que todavía existe sobre el uso del glufosinato de amonio mediante aspersión aérea, especialmente en Putumayo, territorio caracterizado por su biodiversidad, fuentes hídricas y presencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Los magistrados señalaron que la ausencia de certeza científica definitiva sobre los efectos de la actividad no puede interpretarse como una autorización para desconocer los riesgos identificados en la evidencia disponible.

La corporación también revisó las acciones adelantadas por el Gobierno, entre ellas la delimitación preliminar de las zonas de intervención, la identificación de áreas que debían quedar excluidas y los trámites necesarios para obtener autorizaciones.

Según la información presentada durante el proceso, de las 40.565 hectáreas de cultivos de coca detectadas en Putumayo, solo 5.401 hectáreas habían sido identificadas preliminarmente como susceptibles de delimitación para el plan piloto.

El Tribunal concluyó, sin embargo, que estos avances no eran suficientes para descartar los riesgos planteados por comunidades y sectores académicos.

Instituto Nacional de Salud no había emitido concepto previo

Otro elemento considerado por la Sala fue la información entregada por el Instituto Nacional de Salud el 2 de octubre de 2026, cuando indicó que no había emitido un concepto previo en salud sobre el proyecto.

Para los magistrados, esta situación no demuestra por sí sola que las aspersiones sean perjudiciales, pero sí evidencia que todavía existen aspectos científicos pendientes de esclarecer antes de considerar superadas las incertidumbres sobre los posibles efectos.

La decisión también recordó que el principio de precaución ambiental permite adoptar medidas de protección cuando existen indicios razonables de un daño potencialmente grave, incluso cuando todavía no existe certeza científica sobre su ocurrencia.

Pese a mantener la suspensión, el Tribunal determinó que la sentencia de primera instancia había excedido las facultades del juez de tutela al imponer múltiples condiciones sin establecer mecanismos claros de verificación ni límites temporales.

La Sala consideró que una orden de ese tipo podía convertirse en una suspensión indefinida de una decisión administrativa, pese a que la tutela fue concedida únicamente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Por ello, el Tribunal mantuvo la protección, pero limitó su vigencia a un máximo de cuatro meses. Durante ese periodo, los accionantes deberán acudir a las vías judiciales correspondientes si buscan una decisión de fondo.

Finalmente, la corporación exhortó a las autoridades nacionales a continuar verificando la calidad y confiabilidad de la información científica, sanitaria y ambiental utilizada para sustentar el proyecto. También pidió adoptar medidas preventivas o correctivas si se detectan vacíos, inconsistencias o riesgos no contemplados que puedan afectar a las comunidades o a los ecosistemas.