La Corte Suprema ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para obtener los contratos que Deicy Jiménez tuvo durante su paso por el Congreso.
La diligencia busca recaudar documentos que permitan avanzar en las verificaciones del proceso que se adelanta. La información deberá ser obtenida directamente en la Secretaría del Senado.
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La medida fue dispuesta por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado y está relacionada con los vínculos contractuales de Jiménez en el Legislativo. La mujer denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente otorgar contratos a cambio de favores sexuales.
La denunciante sostiene que conoció a Petro en 2019, cuando era senador, mediante una plataforma para adultos. Su versión apunta a una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos con entidades estatales durante la administración presidencial de Petro.
En las bases de contratación pública figuran al menos 10 contratos a nombre de Jiménez con organismos como el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. La inspección busca obtener directamente en el Legislativo los documentos que permitan contrastar esa información.
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El contrato en la unidad legislativa de María José Pizarro
Jiménez denunció que uno de sus vínculos laborales se produjo en la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro, entonces integrante del Senado. Según relató a Semana, esa contratación estaba destinada a apoyar la gestión de la Primera Vicepresidencia de la corporación.
El contrato tuvo un valor de $34 millones. Jiménez afirmó que Pizarro sabía que ella había sido recomendada por Petro, a quien señala como el supuesto responsable de facilitarle contratos públicos a cambio de favores sexuales.
La Corte Suprema adelanta actuaciones relacionadas con Pizarro y con Petro por hechos que, de acuerdo con la denunciante, habrían ocurrido cuando él aún ejercía como senador y se preparaba para la campaña presidencial de 2022. El expediente examina presuntos delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.
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La decisión de inspeccionar la Secretaría del Senado se produjo después de que Jiménez publicara el 4 de noviembre un video íntimo en el que aparece junto a Petro. Su nueva defensa anunció que incorporará la grabación como material probatorio dentro de la investigación.
Jiménez ya había comparecido el 29 de octubre ante la Sala de Instrucción, en una diligencia que se extendió por más de tres horas. Allí ratificó su versión y se comprometió a entregar su teléfono celular para que fuera sometido a una revisión técnica.
La revisión del teléfono y las actuaciones en la Fiscalía
La Corte Suprema también ordenó al CTI de la Fiscalía practicar una inspección forense sobre el teléfono de Jiménez. Los investigadores deberán extraer archivos, videos, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto y otros contenidos que puedan estar vinculados con los señalamientos formulados por la denunciante.
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Para la entrega del dispositivo, prevista para el jueves 5 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Instrucción dispuso que un funcionario de la Corte acompañara la diligencia. El objetivo era realizar una copia forense del material que quedara incorporado al proceso.
La declaración de Jiménez ante la Fiscalía permanece suspendida desde la renuncia de su entonces abogado, Andrés Felipe Caballero, el 3 de noviembre. El letrado argumentó razones de seguridad y amenazas, situación que llevó a aplazar una diligencia previamente programada.
La representación de Jiménez quedó a cargo de la abogada Dina Malo. Hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para que la denunciante entregue su declaración ante el ente acusador.
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La Fiscalía citó además a declaración libre al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, luego de sus intervenciones ante el Congreso. El funcionario afirmó que las mujeres presuntamente afectadas por las irregularidades investigadas podrían ascender a 48.
También se acordó una nueva fecha para ampliar la declaración de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez, cuya defensa pidió mantener bajo reserva sus datos por razones de seguridad y salud mental. La Fiscalía avanza, además, en la programación de la declaración de la exdirectora Laura Sarabia y en inspecciones judiciales en las sedes de esa dependencia.
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