Andrea Peñarredonda fue elegida en comisión del Congreso tras polémica por convocatoria

Andrea Peñarredonda Gómez, hermana de Daniel Peñarredonda, fue elegida como coordinadora de la Comisión para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Congreso con 12 votos a favor y ninguno en contra.

Su designación se produjo después de un proceso cuestionado judicialmente y en el que una aspirante de una convocatoria previa había quedado como única admitida. Daniel Peñarredonda, hermano de la nueva coordinadora, fue hasta 2025 socio y abogado de Abelardo de la Espriella en la firma De la Espriella Lawyers.

Según informó Caracol Radio, Peñarredonda fue escogida este 4 de noviembre para asumir la coordinación de la comisión bicameral. La abogada ya había prestado servicios profesionales en el Senado y es hermana de Daniel Peñarredonda, quien figuró como socio de De la Espriella Lawyers hasta 2025.

La elección, sin embargo, está antecedida por una controversia revelada por la revista CAMBIO. El medio documentó que el Senado abrió el 29 de mayo una convocatoria pública para proveer el cargo. Ocho personas se postularon, pero después de la verificación de requisitos solo María Lucía Jaimes Bohórquez quedó incluida en la lista definitiva de admitidos.

Aunque Jaimes era la única aspirante habilitada dentro de ese proceso, la elección no llegó a realizarse. Mientras esperaba que el Senado fijara una fecha, la Cámara de Representantes abrió el 22 de septiembre una nueva convocatoria para escoger al coordinador de la misma comisión.

En ese segundo proceso se inscribieron tres personas: Yenica Acosta, Camilo Romero Galván y Andrea Peñarredonda Gómez. Tras la revisión documental, la Comisión Legal de Acreditación determinó que Peñarredonda era la única que cumplía los requisitos exigidos para continuar.

Tutela cuestionó la apertura de una segunda convocatoria

La existencia de dos procesos para el mismo cargo motivó una acción de tutela presentada por María Lucía Jaimes. De acuerdo con CAMBIO, la aspirante alegó presuntas vulneraciones al debido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos, y cuestionó que la Cámara hubiera iniciado una convocatoria paralela cuando el proceso del Senado ya tenía una única aspirante admitida.

Jaimes sostuvo que el cargo hacía parte de la planta de personal del Senado y que, por esa razón, la Cámara no tendría competencia para abrir un nuevo proceso. También señaló que desde el 12 de junio estaba en firme la lista definitiva de admitidos y que, pese a ello, el Senado no había concretado la elección.

La tutela pidió suspender la convocatoria de la Cámara y ordenar al Senado continuar con el proceso inicial. El Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá admitió la acción, pero negó la medida provisional solicitada al considerar que no existían elementos suficientes para justificar la suspensión inmediata.

Consejo de Estado anuló la convocatoria inicial

El escenario cambió el 15 de octubre, cuando el Consejo de Estado anuló la convocatoria que había abierto el Senado. La Sección Quinta concluyó que el proceso presentaba un problema de competencia porque fue expedido únicamente por el entonces presidente del Senado, Lidio García Turbay, cuando esa decisión correspondía a la mesa directiva en pleno.

Con esa decisión, la convocatoria en la que María Lucía Jaimes había quedado como única admitida perdió efectos. El proceso adelantado por la Cámara continuó y Andrea Peñarredonda llegó a la votación como aspirante habilitada.

CAMBIO también había señalado que el cargo exige tres años de experiencia relacionada con derechos humanos, infancia o adolescencia. La revista indicó que en una hoja de vida de Peñarredonda cargada en 2021 aparecía experiencia en contratación pública, gestión de proyectos y derecho comercial, por lo que para acreditar el requisito debía demostrar experiencia adicional adquirida posteriormente.

Finalmente, este 4 de noviembre, Andrea Peñarredonda fue elegida con 12 votos a favor y ninguno en contra. La designación cierra la elección formal del cargo, aunque permanece como antecedente la controversia sobre las dos convocatorias, la tutela presentada por Jaimes y la decisión del Consejo de Estado que anuló el primer proceso.