La Corte Suprema de Justicia elevó a 33 años y cuatro meses de prisión la condena contra Mateo Sepúlveda Jaramillo por la muerte de su hijastro, un niño de dos años y cinco meses que sufrió asfixia y maltrato físico en una vivienda de Medellín, en septiembre de 2017.
La decisión, adoptada por la Sala de Casación Penal el 14 de octubre de 2026, acogió el planteamiento de la Procuraduría General de la Nación, que cuestionó que el Tribunal Superior de Medellín hubiera eliminado un agravante relacionado con la condición de indefensión de la víctima.
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El fallo restableció ese agravante y fijó la pena en 400 meses de prisión, equivalentes a 33 años y cuatro meses. La condena anterior, dictada en primera instancia, había sido de 37 años y seis meses, pero el Tribunal la redujo luego a poco más de 22 años.
La Corte restableció el agravante por la indefensión del niño
Según informó la Procuraduría, el Ministerio Público sostuvo que la edad del menor impedía que pudiera defenderse de la agresión de un adulto. El organismo afirmó que esa circunstancia había sido incluida desde la audiencia de imputación y debía tenerse en cuenta al definir la sanción.
El caso ocurrió en el barrio Cristo Rey, en Medellín. El niño fue hallado con signos de asfixia y un cuadro de maltrato físico grave, de acuerdo con la información divulgada por la entidad.
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La Procuraduría argumentó que la eliminación del agravante desconocía la situación de vulnerabilidad del menor frente al agresor. La Corte Suprema aceptó esa postura y modificó la pena impuesta a Mateo Sepúlveda Jaramillo.
La pena para la madre se mantuvo en 32 meses de prisión
La Sala de Casación Penal mantuvo sin cambios la condena de 32 meses de prisión para la madre del niño, a quien se le atribuyó coautoría en el homicidio por no impedir la muerte de su hijo.
Con la decisión, la Corte dejó en firme la responsabilidad penal de ambos procesados y aumentó en más de 11 años la sanción que el Tribunal Superior de Medellín había fijado para Sepúlveda Jaramillo.
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Capturan a señalado abusador de cinco menores en zonas rurales de Quindío y el homicidio de un niño de 12 años
Un hombre aceptó cargos por una serie de agresiones sexuales contra cinco niños y adolescentes en zonas rurales de Quindío, entre ellos un caso que incluyó el homicidio de una víctima de 12 años. La Fiscalía General de la Nación informó que el procesado quedó bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.
El imputado fue identificado como Rafael Antonio Velásquez Pinzón, que aceptó responsabilidad por hechos registrados entre septiembre de 2022 y febrero de 2026 en áreas rurales de los municipios de Circasia, Salento y Montenegro.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío. Según la Fiscalía, el análisis de las denuncias permitió establecer coincidencias en las circunstancias, los lugares y el modo en que se habrían producido los ataques.
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Las víctimas tenían entre 12 y 15 años
El ente acusador señaló que las víctimas son cinco menores de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años. Los casos investigados ocurrieron en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026.
De acuerdo con la información judicial, Velásquez Pinzón presuntamente abordaba a los menores cuando caminaban solos por carreteras veredales, en trayectos hacia sus instituciones educativas o de regreso a sus viviendas.
Las autoridades indicaron que las víctimas eran amenazadas con armas de fuego o elementos cortopunzantes. Luego, según la investigación, eran obligadas a ir hacia sectores boscosos, donde se habrían cometido las agresiones sexuales.
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Velásquez Pinzón fue imputado por homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos. Tras la audiencia, un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
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