La ponencia positiva de la Ley Anticapuchos fue aprobada por 21 votos a favor y cuatro en contra en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia, luego de que se negara una proposición de archivo impulsada por el Pacto Histórico y el Partido Verde.
El resultado permite que el proyecto avance en su trámite legislativo. La proposición de archivo obtuvo 15 votos por el sí y 21 por el no, en medio de críticas de sectores que ven un riesgo para la movilización ciudadana.
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La representante Laura Beltrán sostuvo que la iniciativa busca “criminalizar la protesta social”, mientras que el representante Óscar Benavides, de las comunidades negras, anticipó que no respaldará una norma que, a su juicio, compromete derechos vinculados con la protesta libre.
“Ustedes no quieren castigar el vandalismo, lo que quieren es criminalizar la protesta social”, afirmó Beltrán.
Óscar Benavides, por su parte, afirmó: “No voy a apoyar la ley anticapuchos que criminaliza el ejercicio de los derechos que durante años hemos luchado por conquistar y garantizar. La protesta libre es uno de los mecanismos que tienen los colombianos para exigirle al Estado que escuche sus demandas y responda por sus obligaciones”.
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¿En que consiste el proyecto?
La Ley Anticapuchos plantea sancionar a quien oculte deliberadamente su identidad con prendas, máscaras, pasamontañas u objetos similares para cometer actos vandálicos durante manifestaciones, reuniones, movilizaciones o concentraciones públicas. La conducta tendría penas de prisión de entre 54 y 96 meses y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El proyecto fue impulsado por los representantes Jaime Arizabaleta, Miguel Ángel Pinto y Daniel Briceño, del Centro Democrático; Julio César Triana, de Cambio Radical, y Guillermo Alvira, del Partido Conservador. Arizabaleta defendió que la propuesta no pretende limitar la protesta pacífica: “Quien defiende una causa justa no necesita una capucha”.
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Antes de iniciar la discusión del proyecto, Jaime Arizabaleta pidió acompañamiento en la Cámara de Representantes.
“Colombianos, hoy, a las nueve de la mañana, empieza el primer debate de la Ley Anticapuchos. Les pido que me acompañen con su oración, con la fuerza de la oración y con la fuerza digital: numeral Yo apoyo la Ley Anticapuchos”, indicó.
Y agregó: “Yo llegué aquí a defender a los trabajadores, a los colombianos de a pie, a quienes hoy quieren trabajar y no pueden hacerlo porque hay un bloqueo. No más encapuchados, no más bloqueadores. Apoyemos la Ley Anticapuchos. Dios bendiga a Colombia. Que esto se apruebe hoy”.
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Miguel Ángel Pinto cuestionó durante el debate el argumento de que las capuchas protegen vidas. Por su parte, el representante Julio César Triana afirmó que la iniciativa busca dar herramientas a las autoridades para judicializar el vandalismo y evitar que comerciantes, empresas y la infraestructura de las regiones asuman sus costos.
Penas y agravantes que plantea la Ley Anticapuchos
El articulado contempla agravantes cuando se empleen explosivos, sustancias corrosivas, artefactos de fabricación artesanal u otros elementos capaces de causar daños graves a personas o bienes públicos y privados. También endurece la respuesta penal si los hechos afectan centros educativos, instituciones de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales.
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La propuesta incluye además sanciones para quien incite, dirija, constriña o facilite medios ilícitos para bloquear vías o infraestructura de transporte. Esa conducta sería castigada si pone en riesgo la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, con prisión, multa e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
El avance del proyecto mantiene abierta la disputa entre quienes reclaman instrumentos contra el anonimato usado para delinquir en las movilizaciones y quienes advierten que las nuevas sanciones pueden afectar el ejercicio de la protesta social.
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