El Gobierno denunció el hallazgo de intrusos en la casa del director del Dapre, Carlos Ríos, luego de sus denuncias contra Gustavo Petro

Tres personas con antecedentes por homicidio y ocho hurtos agravados fueron halladas dentro de la residencia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, el 28 de octubre de 2026, según confirmó el Gobierno nacional en un comunicado difundido el 3 de noviembre.

El hecho ocurrió seis días después de que Ríos presentara una denuncia sobre presuntas irregularidades contractuales durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Las autoridades de protección identificaron a los tres individuos y los pusieron a disposición de las autoridades. De manera paralela, cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos del funcionario fue vista otra persona que se retiró del lugar al advertir la llegada de la Policía.

Sobre este segundo episodio, el comunicado oficial detalló: “no alcanzó a quedar a disposición de las autoridades. Se trabaja para identificarla”.

Los señalamientos de Ríos contra el gobierno anterior

El 21 de octubre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, Ríos anunció que presentaría una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas al Dapre mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) durante el gobierno de Petro. Según su versión, esa modalidad contractual habría sido utilizada para facilitar la cercanía de las mujeres con el entonces mandatario.

“Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS”, afirmó el funcionario en su intervención ante los congresistas.

El director del Dapre también cuestionó el uso que, según su señalamiento, se le habría dado a las instalaciones de la Casa de Nariño durante la administración anterior. “La Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres”, sostuvo.

Ríos no divulgó públicamente los nombres de las mujeres mencionadas ni presentó en esa sesión los detalles de las pruebas que respaldarían sus afirmaciones, aunque aseguró que varias de ellas ya estaban en contacto con el actual Gobierno para relatar lo ocurrido.

El caso adquirió mayor notoriedad pública tras una entrevista concedida por Deicy Jiménez a la revista Semana, en la que relató que el entonces presidente habría utilizado a mujeres jóvenes para obtener beneficios personales a cambio de contratos y que algunas de ellas asistían a reuniones y fiestas en circu

nstancias que, a su juicio, constituían un abuso de poder. Frente a estos señalamientos, el expresidente Petro rechazó las acusaciones mediante un comunicado público. El abogado que representaba a Jiménez, Andrés Felipe Caballero, anunció además su renuncia a la defensa de la mujer, al argumentar preocupaciones relacionadas con la seguridad e integridad personal de su clienta.

A raíz de la denuncia de Ríos, la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar, que fue asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El ente investigador prevé citar a declarar al propio director del Dapre, así como a las exdirectoras de la entidad Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de a otros funcionarios y exfuncionarios que podrían tener relación con los hechos conocidos hasta el momento.

La Fiscalía también ordenó inspecciones en el Dapre para revisar la totalidad de los contratos cuestionados y dispuso diligencias de policía judicial con el fin de recaudar pruebas adicionales. Este proceso forma parte de en una indagación más amplia, iniciada el 23 de octubre mediante una noticia criminal relacionada con posibles irregularidades en la entidad y en otras dependencias públicas durante el gobierno anterior.

En lo que respecta a Petro, la competencia para investigarlo por estos hechos recae en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en relación con sus funciones como presidente de la República, y en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por su actuación actual como senador.

El Gobierno exigió celeridad en el esclarecimiento de los hechos

El comunicado presidencial calificó los señalamientos de Ríos de la siguiente manera: “Se trata de señalamientos graves que corresponde esclarecer a la justicia”. Respecto al hallazgo de los intrusos en la vivienda del director, el texto oficial expresó: “El Gobierno Nacional expresa toda su solidaridad con el director Ríos y su familia, y exige que las autoridades esclarezcan con celeridad estos hechos y establezcan si guardan alguna relación con su denuncia”.

En alusión al episodio registrado cerca del colegio de los menores, el comunicado agregó: “Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos”.

El Ejecutivo cerró su pronunciamiento con el siguiente compromiso: “El Gobierno garantizará las medidas de protección necesarias para el director y su familia, y reitera su respaldo a la Fiscalía para que la investigación avance sin presiones ni intimidaciones”.