La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la crisis en el servicio de salud de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
La organización señaló en su comunicado la tarde del lunes 2 de noviembre de 2026 a las exministras de Trabajo Gloria Inés Ramírez y de Educación Aurora Vergara, además del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Todos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro.
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En el documento, la veeduría sostuvo que la situación que afecta a más de 300.000 maestros sería consecuencia de decisiones tomadas por el Consejo Directivo del Fomag entre octubre de 2023 y octubre de 2026.
La organización afirmó que la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia Nacional de Salud ya adelantan actuaciones relacionadas con el funcionamiento del modelo de atención de los docentes.
La denuncia cuestiona la cancelación de una invitación pública en 2023
Según la Red de Veedurías, el primer hecho bajo cuestionamiento se produjo el 19 de octubre de 2023, cuando el entonces presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de la Invitación Pública 002 de ese año, que buscaba contratar la atención médica de los afiliados al Fomag.
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El Consejo Directivo del fondo canceló el proceso horas después, de acuerdo con la línea de tiempo presentada por la organización.
El comunicado afirma que la decisión fue informada a Ramírez y Vergara, entonces integrantes del Gobierno. Seis meses después, el 1 de abril de 2024, el Consejo aprobó por unanimidad el Acuerdo 003, que adoptó un nuevo modelo de salud.
La Red indicó que ese esquema fue elaborado con participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, con apoyo técnico del Ministerio de Salud.
El nuevo modelo recibió $1,24 billones antes de iniciar operaciones
El comunicado sostiene que, en las cuatro semanas posteriores a la aprobación del Acuerdo 003, se realizaron ocho sesiones en las que se adoptaron el manual de contratación, el traslado de $1,24 billones y la red de prestadores.
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El modelo comenzó a operar el 1 de mayo de 2024, y la Red de Veedurías afirmó que en julio de ese año ya existían dificultades con la entrega de medicamentos.
Adicional a lo anterior, el documento refiere que los contratos de la red de prestadores vencieron en diciembre de 2024. Desde entonces, según la denuncia, surgieron diferencias entre el Ministerio de Educación y Fiduprevisora sobre la competencia para adelantar nuevas contrataciones.
La organización aseguró que la última recomendación formal del Consejo Directivo sobre la red se produjo el 9 de octubre de 2025.
La veeduría estima un déficit de $2,7 billones en el Fomag
La Red de Veedurías señaló que la Superintendencia Nacional de Salud adoptó una medida cautelar contra el Fomag en septiembre de 2025, y en su comunicado recalcó que, en mayo de 2026, la entidad habría informado incumplimientos en ocho de 13 órdenes impartidas.
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El 2 de octubre de 2026, el Consejo Directivo habría trasladado $859.000 millones de recursos de pensiones a salud. Pese a esa medida, la organización calculó que el déficit del fondo alcanza los $2,7 billones.
El director y fundador de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, el abogado Pablo Antonio Bustos Sánchez, anunció la denuncia penal contra Ramírez, Vergara y Bonilla, por su presunta responsabilidad en decisiones relacionadas con la crisis de atención médica de los afiliados al Fomag.
“Por esta razón, de salud y económica, la Red de Veedurías ha denunciado formalmente ante la Fiscalía a tres ministros”, afirmó Bustos, que pidió establecer si los exfuncionarios tuvieron responsabilidad en las decisiones cuestionadas y en el deterioro del servicio para los maestros.
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La Fiscalía deberá evaluar la denuncia, determinar si abre una indagación y establecer si existen elementos que permitan atribuir eventuales responsabilidades penales que volverían a poner en el ojo del huracán a Bonilla, salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional para Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) en el ya conocido caso de los carrotanques destinados para atender la sequía en La Guajira.
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