La Cámara de Representantes aprobaría en tiempo récord la ley de sometimiento, medida con la que se busca acabar la ‘Paz Total’ de Petro

La Cámara de Representantes de Colombia avanza en el segundo debate del proyecto de ley de sometimiento a la justicia con el objetivo de aprobarla el 2 de noviembre, discusión de la que hace presencia el ministro de Justicia, Iván Cancino.

El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, sostuvo que la iniciativa dotará al Estado de herramientas para enfrentar a las estructuras criminales y recuperar el orden público.

Barguil informó, mediante un video, que la plenaria trabajaba el lunes festivo en el trámite del proyecto y anticipó que, si los textos aprobados por el Senado y la Cámara difieren, ambas corporaciones podrían conciliarlos el miércoles siguiente: “Los colombianos pueden tener la seguridad de que vamos a cumplir con nuestro deber”.

El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, definió la iniciativa como el marco jurídico que permitirá al Gobierno someter a los jefes de organizaciones criminales y subrayó que la norma no contempla mesas de negociación: “Es sometimiento puro y duro”.

Triana contrapuso la propuesta a cuatro años de negociaciones dentro de la ‘Paz Total’ de Gustavo Petro que, según él, “ampliaron la presencia territorial de esos grupos y el reclutamiento”, y afirmó que “la ley busca que los delincuentes acepten las condiciones del Estado, y no al revés”.

Alcance de la ley de sometimiento que impulsa el Gobierno de De la Espriella

Por su parte, la representante Catherine “Cathy” Juvinao, del partido Alianza Verde, durante homenaje al fallecido exsenador Antonio Navarro Wolff, pidió debatir el alcance de la ley de sometimiento sin otorgar una confianza automática a los procesos que se presentan bajo la idea de paz.

“Cualquier diálogo o cualquier proceso de paz, por contener la palabra paz, ya merece nuestra confianza automática. Y eso no es así”, afirmó.

La congresista sostuvo que el Estado debe preservar su capacidad de ejercer autoridad y proteger a la población. En ese sentido, advirtió que quienes reclutan menores de edad, extorsionan, asesinan o aprovechan una negociación para fortalecerse “tiene[n] que enfrentar la ley”.

Juvinao también cuestionó la postura que, ante los fracasos de negociaciones anteriores, plantea abandonar la búsqueda de salidas al conflicto: “Existe una segunda resignación igualmente peligrosa, y es creer que, porque algunos intentos de paz han fracasado, entonces nosotros como país tenemos que renunciar a nuestro derecho y a nuestro deber de seguir persiguiendo la paz”.

Alertó sobre el riesgo de que el país profundice sus divisiones y vinculó ese llamado con el legado de Navarro Wolff: “La paz no es de la izquierda o de la derecha. La paz ni siquiera es un proceso. La paz es una decisión obstinada y terca de una sociedad que no está dispuesta a aceptar que la guerra es nuestro destino”.

El Senado rechazó archivar la ley de sometimiento

La plenaria del Senado de Colombia negó el 30 de octubre de 2026 una ponencia de archivo presentada por congresistas del Pacto Histórico, con 45 votos contra 19, y aprobó la proposición que cierra el informe de ponencia con 48 votos a favor y 5 en contra.

El proyecto, presentado por el Gobierno con mensaje de urgencia, modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, de orden público, y busca crear un régimen de sometimiento individual o colectivo de actores armados ilegales, con entrega de armas, información y bienes, en sustitución del modelo de ‘Paz Total’.

La iniciativa contempla rebajas de penas de hasta el 50% para integrantes de base y del 30% para quienes ejercieron posiciones de liderazgo, condicionadas a aportes de verdad, reparación a las víctimas y entrega de bienes.

También prevé centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas para quienes se acojan al mecanismo. Las zonas de concentración tendrían delimitación geográfica, pero no implicarían el cese de operaciones de la fuerza pública ni la suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición.

La senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, cuestionó la eficacia real de la propuesta: “El problema de este proyecto de ley es que no somete a nadie”. Su copartidaria Isabel Zuleta respaldó, en cambio, una ley de sometimiento como vía para encontrar salidas a las violencias.

El senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, objetó que el Ejecutivo pueda reglamentar el sometimiento individual, al recordar que ya existen mecanismos como el principio de oportunidad y los preacuerdos.

Por otro lado, el presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, del Centro Democrático, anunció que la discusión se reanudará con la votación del articulado restante en la siguiente sesión. El respaldo a un marco legal para el sometimiento persiste en el Congreso, aunque subsisten diferencias sobre las facultades que recibirá el Gobierno y las condiciones de aplicación.