Luego de que a mediados de febrero de 2025 se reportó la captura en Colombia de una mujer de nacionalidad dominicana, y señalada de ser el ‘cerebro‘ de una red de estafa inmobiliaria, Infobae Colombia conoció por cuenta de una de las víctimas de esta red delincuencial que la hoy detenida y recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, estaría buscando la forma de solicitar asilo en el país con el fin de evitar la extradición a su país de origen, donde tiene que responder ante la justicia.
La ciudadana de República Dominicana, identificada como Loany Lismeiry Ortiz Nova, fue detenida en el puente internacional de Tienditas, en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras una verificación migratoria que reveló una circular roja de Interpol en su contra.
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La captura ocurrió el viernes 14 de febrero, cuando la mujer intentaba salir de Colombia por el puesto de control ubicado en Norte de Santander, tras someterse a una cirugía estética.
Los agentes de Migración Colombia consultaron las bases de datos internacionales y confirmaron que era requerida por las autoridades de su país, por lo que Ortiz Nova fue trasladada a las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde quedó bajo custodia mientras avanzaban los trámites para su eventual extradición, y producto de ello fue trasladada a Bogotá.
La investigación relaciona a Ortiz Nova con el caso Guepardo: una de las más buscadas en República Dominicana
La dominicana es señalada como una de las presuntas líderes de una red de estafas por Internet conocida en República Dominicana como el caso Guepardo.
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La estructura habría captado recursos de personas interesadas en adquirir proyectos inmobiliarios.
Según las autoridades de ese país, la organización operaba bajo la fachada de la empresa Novasco Real Estate S. R. L. Desde esa firma, ofrecía inmuebles a precios inferiores a los del mercado mediante publicaciones en redes sociales y en otras plataformas digitales.
“En el entramado orquestado por ella y 9 personas más, comprando una franquicia de ReMax (como se conoce a una famosa organización internacional de franquicias inmobiliarias) para estafar más de 400 personas en Estados Unidos principalmente y en otras partes del mundo”, le contó a este medio una de las afectadas, que confirmó que dentro de los afectados hay, además de dominicanos, estadounidenses y colombianos, españoles, canadienses y suizos.
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La indignación entre los afectados que confiaron sus ahorros al proyecto inmobiliario aumenta cada día luego de que se filtró que Ortiz Nova “está pidiendo asilo político”, pero generó aún más enfado los videos que se conocieron de la dominicana, que incluso “hasta ha participado en reinado de belleza en la cárcel”, comentó la misma víctima a este medio.
La llamada operación Guepardo: 18.8 millones de dólares fueron robados a personas trabajadoras y humildes
La investigación identificó hasta finales de noviembre de 2025, al menos, 122 personas afectadas, entre ellas 32 extranjeros. Los compradores habrían entregado dinero atraídos por promociones de proyectos inmobiliarios que, según la denuncia, no correspondían a negocios reales.
Sin embargo, en Colombia también permanecen otras de las nueve personas señaladas de integrar la red de la millonaria estafa, incluida Ortiz Nova: una venezolana capturada en Medellín, identificada como Keylis Samahi Belfon Arismendi, y que sería junto a la dominicana las dos mujeres que lideraban la operación fraudulenta.
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Víctimas del caso Operación Guepardo le confirmaron a este medio que están trabajando en una carta que buscan remitir a los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; y de República Dominicana, Luis Abinader, para solicitar la agilización de la extradición de Ortiz Nova y Belfon Arismendi, ambas requeridas por la justicia del país caribeño.
En el documento, dirigido también a autoridades judiciales, diplomáticas y de cooperación de ambos países, los firmantes reclaman que los trámites tengan prioridad y que las dos mujeres sean entregadas a República Dominicana antes del 20 de noviembre.
Las víctimas sostienen que Ortiz Nova y Belfon Arismendi están imputadas dentro de una investigación por presunta estafa masiva, fraude electrónico y lavado de activos a través de la firma Novasco Real Estate. El proceso se tramita ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana bajo los expedientes 2025-0032271 y 2025-0258752.
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Juan Carlos, otro de los afectados desde Puerto Rico por la red de estafa inmobiliaria, le pidió al presidente dominicano Luis Abinader que hable con su homólogo colombiano Abelardo de la Espriella para que interceda y que se agilice el proceso de extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova al país caribeño, y que las maniobras legales de su defensa no permitan que obtenga asilo en el país suramericano - crédito suministrado a Infobae Colombia
Las víctimas piden información sobre una eventual solicitud de asilo
La carta plantea como primera petición la “agilización inmediata” de la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova y solicita una respuesta clara sobre una eventual petición de asilo internacional que pudiera incidir en su entrega.
Los firmantes afirman que un trámite de esa naturaleza podría ser una estrategia para evitar el proceso penal en República Dominicana, y de paso le piden a las autoridades colombianas que expliquen el estado de las actuaciones judiciales y administrativas pendientes.
La comunicación sostiene que el Gobierno dominicano había solicitado su detención preventiva con fines de extradición mediante notas verbales remitidas en marzo de 2025, dentro de la investigación por los presuntos fraudes inmobiliarios.
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La puertorriqueña Ivelisse Hernández es una de las afectadas el invertir su dinero en el falso proyecto inmobiliario - crédito suministrado a Infobae Colombia
Víctimas de millonaria red de estafa inmobiliaria también reclaman celeridad en la entrega de Keylis Belfon Arismendi
Las víctimas la señalan como presunta integrante de la estructura investigada y aseguran que habría planeado la salida de Ortiz Nova de República Dominicana.
El grupo de víctimas añadió que la venezolana habría recibido recursos que, según la acusación, provendrían de la estafa.
Los firmantes solicitaron a las autoridades colombianas información diferenciada sobre el estado de los dos expedientes y las diligencias que estén pendientes en cada caso.
Según el documento, el caso dejó 478 víctimas y los perjuicios económicos ascenderían a USD18 millones y 214 millones de pesos dominicanos. Los reclamantes consideran que la demora en las extradiciones limita su acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
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La misiva pide garantías de que Colombia cumple los requisitos formales previstos en el convenio de extradición con República Dominicana. Además, se reclama que los afectados sean reconocidos formalmente como víctimas dentro del caso y tengan acceso a información sobre las actuaciones.
La carta será remitida a la Procuraduría General de República Dominicana, las Cancillerías de ambos países, el Ministerio de Justicia de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y las representaciones diplomáticas y consulares involucradas, debido a que alrededor de mediados de octubre de 2026 un grupo de afectados se presentó ante la Procuraduría para exigir que comience el juicio de fondo, después de tres años de proceso judicial.
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Los denunciantes advirtieron que la demora perjudica a las víctimas nacionales e internacionales y permite que los imputados busquen recuperar la libertad tras cumplir los 20 meses de prisión preventiva sin que haya comenzado el juicio para varios de los nueve detenidos hasta el momento (siete mujeres y dos hombres).
Dominicana recluida en cárcel de Colombia participó de un reinado mientras espera su extradición
Uno de los motivos que llevó a un grupo de víctimas a elevar su voz de queja ante el presidente dominicano, y a solicitar ayuda de su homólogo colombiano, fue la serie de videos y publicaciones que se conocieron en septiembre de 2025, en el que se observó a Ortiz Nova participando del reinado interno organizado por las internas en la principal cárcel para mujeres del país: la Cárcel y Penitenciaría para Mujeres de Bogotá El Buen Pastor, ubicada en el noroccidente de la capital.
En lo que fue la celebración de la séptima edición del Reinado de la Simpatía, una iniciativa de integración y resocialización para las mujeres privadas de la libertad, la dominicana hizo parte de las ocho participantes, y cuya velada de elección y coronación se llevó a cabo el 30 de septiembre en Corferias.
La actividad se realizó durante las festividades de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de la libertad, con el fin de fomentar valores, reducir tensiones y fortalecer la esperanza de nuevas oportunidades mediante espacios de creatividad y convivencia.
Ocho candidatas, una por cada pabellón, representaron a Antioquia, Atlántico, Caldas, Cesar, Huila, Nariño, Meta y Valle del Cauca –departamento que representó Ortiz Nova–.
El programa incluyó desfiles, presentaciones de baile y canto, entrevistas ante un jurado y el acompañamiento de chaperonas y madrinas que participan en comparsas, decoración, artesanías y vestuario regional, y en cada uno de los eventos cuyo registro se compartió en las redes sociales del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y el Ministerio de Justicia y del Derecho, se observa a la dominicana.
Ante la falta de celeridad, y guardando aún la esperanza de que el caso no quede impune, las víctimas esperan que las autoridades de ambos países colaboren para que, tanto Ortiz Nova como la venezolana Belfon Arismendi, sean extraditadas a República Dominicana.
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