Fiscalía imputará cargos a Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, por el caso Odebrecht: esta es la fecha de la diligencia

Roberto Prieto Uribe, quien se desempeñó como gerente de la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, deberá comparecer ante la justicia el jueves 5 de noviembre en una audiencia de imputación de cargos por hechos relacionados con un contrato de un millón de dólares que habría sido utilizado para financiar estudios y hacer seguimiento a la candidatura presidencial.

La investigación está relacionada con los aportes de la constructora brasileña Odebrecht a través de una sociedad vinculada a la agencia de publicidad Sancho BBDO.

La Fiscalía General de la Nación le formulará cargos por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito, luego de que el Grupo de Tareas Especiales del ente acusador retomara un expediente que permaneció paralizado durante varios años. Los hechos investigados corresponden a un contrato suscrito en febrero de 2014, durante el proceso electoral en el que Santos buscaba un segundo mandato.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la Fiscalía, Odebrecht habría pagado los servicios mediante Paddington Ventures, sociedad panameña vinculada a Sancho BBDO, utilizando cuentas en el exterior. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se habría realizado el aporte y la razón por la cual no habría quedado registrado en los informes oficiales de financiación de la campaña.

Por estos mismos hechos, Prieto ya había recibido una sanción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en 2023, cuando fue inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. Además, el Ministerio Público le impuso una multa de $50,5 millones por las irregularidades encontradas en la información financiera presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El contrato de un millón de dólares y los presuntos aportes de Odebrecht

Según la hipótesis de la Fiscalía, la constructora brasileña habría destinado un millón de dólares a la financiación de un estudio de opinión y una estrategia de comunicación orientados a favorecer la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Con ese aporte, Odebrecht habría buscado acercarse al Gobierno de turno, debido a sus intereses relacionados con el proyecto de infraestructura Ruta del Sol II.

El contrato fue suscrito el 2 de febrero de 2014 y contemplaba la prestación de servicios relacionados con el seguimiento y análisis de la campaña presidencial. Entre las actividades previstas estaban la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y la elaboración de recomendaciones estratégicas para la candidatura de Santos.

Una vez finalizada la campaña presidencial, Roberto Prieto, en su condición de gerente, presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los informes oficiales de ingresos y gastos. Sin embargo, según la investigación, en esos documentos no habría reportado el aporte económico que presuntamente realizó Odebrecht para financiar los servicios contratados.

De esta situación se desprenden los dos delitos que la Fiscalía le imputará. El fraude procesal está relacionado con la posible presentación de información que habría inducido a error a las autoridades electorales, mientras que el enriquecimiento ilícito se vincula con el presunto beneficio económico derivado de recursos que no habrían sido declarados en los registros de financiación de la campaña.

Fiscalía archivó otra investigación relacionada con Sancho BBDO

En paralelo con la imputación contra Prieto, la Fiscalía adoptó otra decisión dentro de las investigaciones sobre los negocios entre Odebrecht y Sancho BBDO. El ente acusador archivó el proceso relacionado con un contrato diferente, firmado en 2015, por un valor cercano a los $2.500 millones.

Ese acuerdo tenía como objeto la prestación de servicios de publicidad. La determinación de archivar la investigación se produjo después de que la Fiscalía concluyera que los trabajos contratados sí fueron ejecutados y que los pagos realizados estaban debidamente justificados.

Este expediente corresponde a hechos distintos del contrato de un millón de dólares relacionado con la campaña presidencial de 2014. Por tanto, el archivo de esa actuación no modifica la investigación que continúa abierta contra Roberto Prieto por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito.