La violencia contra las mujeres mantiene encendidas las alertas en el Atlántico, donde 65 mujeres han sido asesinadas durante 2026, según las cifras reportadas por la Mesa Amplia de Mujeres del departamento.
El dato volvió a generar preocupación después del asesinato de una mujer en Galapa, hecho que llevó a la organización a reclamar una respuesta más contundente de las autoridades y a solicitar una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella.
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Ruth Pareja, integrante de la Mesa Amplia de Mujeres, señaló que la situación refleja las condiciones de inseguridad que enfrentan niñas, jóvenes y mujeres en distintos municipios del Atlántico.
“Seguimos nosotros en un panorama bastante aterrador porque últimamente en el departamento del Atlántico el panorama nos muestra la inseguridad en que viven las niñas, las jóvenes y las mujeres en su territorio”, manifestó.
Según informó Caracol Radio, Pareja también hizo referencia a denuncias por presuntos abusos contra niñas y adolescentes y a otros hechos de violencia que han incrementado la preocupación de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
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Organización cuestiona falta de articulación institucional
La Mesa Amplia de Mujeres considera que la cifra de asesinatos debe llevar a las autoridades a revisar las estrategias que actualmente se aplican para prevenir la violencia de género.
Pareja cuestionó especialmente la falta de coordinación entre instituciones encargadas de trabajar en prevención, atención y protección.
“Quiere decir que no hay una articulación, quiere decir que no estamos intersectorialmente como instituciones articulados”, aseguró.
La dirigente planteó que la respuesta debe involucrar diferentes sectores y no limitarse únicamente a las autoridades de seguridad.
“Aquí tiene que haber un componente pedagógico, un componente educativo, de salud, de bienestar”, señaló.
La organización sostiene que las medidas de prevención deben comenzar desde la infancia y complementarse con rutas de atención efectivas para mujeres que enfrenten situaciones de riesgo.
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También considera necesarias mayores inversiones e infraestructura para fortalecer la capacidad institucional en los territorios.
La cifra de 65 mujeres asesinadas corresponde al registro presentado por la Mesa Amplia de Mujeres y no significa que todos esos casos hayan sido clasificados judicialmente como feminicidios.
La determinación de si un homicidio constituye feminicidio corresponde a las autoridades judiciales y depende de las circunstancias y pruebas existentes en cada investigación.
Piden al presidente De la Espriella convocar una mesa de trabajo
Ante el panorama registrado en el Atlántico, Pareja reiteró su solicitud al presidente Abelardo de la Espriella para que convoque una reunión con organizaciones sociales, movimientos de mujeres, defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios.
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“Hoy nuevamente solicitamos por este medio al señor Abelardo de la Espriella y a quien corresponda convocar a los líderes y a los movimientos sociales, a las defensoras de derechos humanos, a toda la comunidad para que podamos hacer esa agenda de manera articulada”, expresó.
La Mesa Amplia de Mujeres busca que de ese encuentro surja una agenda conjunta que permita fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección.
Pareja también señaló que se requieren inversiones, infraestructura y voluntad política para enfrentar las condiciones de inseguridad que afectan a las mujeres del departamento.
Además, indicó que adelanta gestiones en Bogotá para conseguir respaldo de congresistas y posicionar la situación del Atlántico dentro de las prioridades nacionales.
La organización insiste en que las respuestas no deben concentrarse únicamente después de cada asesinato, sino que deben incluir herramientas para detectar riesgos de manera temprana y evitar que los casos de violencia escalen.
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Por ahora, la información divulgada no precisa cuántos de los 65 asesinatos han sido tipificados como feminicidios ni cuántos de esos procesos han avanzado judicialmente.
La Mesa Amplia de Mujeres reclama que las cifras se traduzcan en acciones coordinadas entre autoridades locales, departamentales y nacionales, con énfasis en prevención, protección y atención a las víctimas.
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