La JEP cuestionó el proyecto que busca acabar con el tribunal en el 2028: “Podría comprometer los derechos de las víctimas”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que el proyecto que plantea terminar sus funciones en marzo de 2028 podría afectar los derechos de las víctimas y reactivar la vigilancia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la respuesta judicial de Colombia frente a crímenes del conflicto armado.

La postura de la jurisdicción surgió luego de que el Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2026, promovido por el senador Enrique Gómez, obtuvo aprobación en primer debate ante la Comisión Primera del Senado. La iniciativa pasará ahora a la plenaria de esa corporación, dentro del trámite que exige una reforma constitucional.

En su comunicado, la JEP sostuvo que el plazo previsto en el proyecto reduciría en cinco años el tiempo inicialmente dispuesto para su funcionamiento. Según la jurisdicción, la reforma suprimiría la fase de cierre judicial, destinada al juzgamiento de máximos responsables, la imposición de sanciones y la definición de la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes que no son máximos responsables.

La entidad planteó que un cierre que no dependa del estado de los expedientes podría dejar sin decisiones judiciales procesos que aún requieren investigación, resolución de responsabilidades, sanciones y seguimiento a su cumplimiento.

Para la JEP, esa situación podría comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La jurisdicción afirmó que una reforma sobre su vigencia debe contemplar la complejidad de los casos abiertos y la participación de las víctimas dentro de los procedimientos.

El comunicado también cuestionó el traslado de expedientes a jueces ordinarios. La JEP indicó que esa posibilidad plantea dudas frente a la garantía del juez natural.

La entidad citó la Sentencia C-674 de 2017 de la Corte Constitucional, que reconoció la garantía del juez natural como un elemento definitorio de la Constitución. A juicio de la JEP, aplicar algunas reglas de justicia transicional en despachos ordinarios no asegura que se conserve el modelo judicial previsto en el Acuerdo Final de Paz.

La Corte Penal Internacional apareció entre las advertencias

Otro de los puntos señalados por la jurisdicción se relacionó con los compromisos internacionales de Colombia. La JEP recordó que, en 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró el examen preliminar sobre el país después de suscribir un acuerdo de cooperación con el Estado colombiano.

Según el comunicado, ese acuerdo incluyó el compromiso estatal de respaldar el funcionamiento de la justicia transicional y de asegurar la ejecución de las sanciones impuestas por la JEP. La entidad consideró que una modificación que afecte su financiación, el cierre de casos o el cumplimiento de sanciones podría motivar una nueva evaluación de la situación colombiana por parte de la CPI.

La JEP agregó que los procesos que eventualmente pasen a la justicia ordinaria no desaparecerían junto con las obligaciones del Estado. El documento mencionó que la exposición de motivos de la iniciativa reconoce un represamiento cercano a 1,86 millones de expedientes en la jurisdicción ordinaria.

Desde esa perspectiva, la entidad sostuvo que remitir casos de alta complejidad probatoria a un sistema con congestión podría aumentar las dificultades para obtener decisiones oportunas.

Gómez ha defendido la reforma con el argumento de que existen retrasos en las salas de reconocimiento. Tras la aprobación en Comisión Primera, el senador de Salvación Nacional afirmó que la JEP cuenta con cerca de 37 subcasos y que solo seis registran decisiones parciales.

El congresista cuestionó el procedimiento adoptado por la jurisdicción y consideró que no ha permitido cumplir su misión. También planteó que la demora afecta a exintegrantes de las antiguas guerrillas y miembros de la fuerza pública sin mando que aún no tienen una definición judicial.

Su propuesta contempla una diferenciación entre los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y las personas con menor nivel de participación. Gómez indicó que 346 imputados por delitos de lesa humanidad deberían conservar un tratamiento judicial diferenciado.

Para los demás comparecientes, el senador ha planteado un mecanismo expedito que permita trasladar sus casos a la justicia ordinaria. La iniciativa seguirá su discusión en la plenaria del Senado.