Juez ordenó devolver al Museo Nacional las piezas retiradas por el Gobierno tras una acción de tutela

El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó restituir en 48 horas las piezas retiradas del Museo Nacional de Colombia el 15 de octubre de 2026, al resolver una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, junto con integrantes de colectivos de la población Lgbt+.

La sentencia, de 38 páginas, acumuló 15 tutelas relacionadas con el desmonte de objetos de las exposiciones del museo. Después de estudiarlas, el despacho judicial ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional devolver la totalidad de los elementos a sus respectivos espacios de exhibición, con condiciones adecuadas de conservación.

La orden tendrá que mantenerse mientras las entidades desarrollan la evaluación técnica y curatorial correspondiente. Ese proceso tendrá que incluir al Comité de Gestión Patrimonial del museo y ajustarse a criterios de protección de la memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura, según el fallo conocido en la jornada del 29 de octubre de 2026.

El juez cuestionó la ausencia de criterios técnicos en el retiro

El juzgado concluyó que el retiro de las piezas no obedeció a un procedimiento técnico o curatorial y advirtió que excluir expresiones culturales debido a su contenido político o ideológico es incompatible con los principios constitucionales. La orden judicial no impide una revisión de las salas, pero exige que cualquier modificación se tramite a través de las instancias institucionales competentes.

Cabe mencionar que la controversia comenzó el 15 de octubre, cuando fueron desmontados objetos de las salas Memoria y Nación y Hacer sociedad, en medio de la anunciada “contrarrevolución cultural” del Gobierno. En la respuesta entregada al juzgado, el Ministerio sostuvo que cumplió una orden presidencial y negó que la decisión representara censura o discriminación.

La cartera había señalado que el desmonte se realizó como parte de una gestión técnica, la rotación de colecciones y la neutralidad institucional. Incluso, la ministra de Culturas, Paola Holguín, también defendió públicamente la medida al afirmar que el museo no debía convertirse en un espacio de adoctrinamiento, apología al delito o revictimización.

Congresista que interpuso la tutela habló de la decisión

Tras conocerse el fallo, el congresista Gabriel Becerra sostuvo que la decisión representa “una victoria de la memoria de las víctimas, de la diversidad y de la paz” y afirmó que “ningún Gobierno puede imponer su versión de la historia silenciando la memoria de nuestro pueblo”.

La tutela fue promovida por Becerra, Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, de Revolución en Rosa, quienes cuestionaron que el desmonte podría afectar la representación de grupos y hechos vinculados con la historia política reciente, la diversidad sexual y los procesos de paz.

Antes de la decisión de fondo, el Comité Internacional para los Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam) había pedido al Gobierno respetar la independencia profesional del Museo Nacional. El organismo indicó que las revisiones curatoriales requieren investigación, criterios profesionales y diálogo con las comunidades representadas.

En contraste a las reacciones del Pacto Histórico, el concejal de Bogotá, Andrés Barrios, pidió que la decisión sea impugnada.

“48 horas para devolver el wokismo y la propaganda del M-19 al Museo Nacional. La justicia exprés apareció para proteger la agenda progresista; para hacerles espacio a las víctimas de secuestros, asesinatos y atentados nunca existió la misma urgencia. El fallo cuestiona la falta de sustento técnico y curatorial. Entonces hay que hacerlo bien: impugnar, cumplir el procedimiento y reorganizar la exposición (...) Ni propaganda guerrillera ni wokismo financiados con recursos públicos”, escribió en sus redes sociales.

El listado oficial reportó 63 objetos desmontados

El inventario remitido por el Ministerio al expediente judicial registró 63 objetos desmontados. De ese total, 22 tienen carácter patrimonial; los demás corresponden a facsímiles, elementos de apoyo y piezas en comodato.

Entre los materiales retirados había referencias a la memoria de la Unión Patriótica, las luchas feministas, la población Lgbt+, el conflicto armado y el Acuerdo de Paz de 2016. También fueron desmontados el tarjetón de la séptima papeleta, afiches de campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, así como el “Balígrafo” utilizado para la firma del acuerdo con las antiguas Farc.