La polémica que han generado los videos de los megaoperativos que ha desarrollado la Policía Nacional bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella ha ocasionado que algunos abogados penalistas muestren sus reparos en redes sociales por cuenta de lo que han calificado en algunos casos como “humillaciones”, luego de que en algunos fragmentos de las operaciones se observa al jefe de Estado encarar a algunos de los señalados criminales detenidos.
Lo que inició con uno de los detenidos en Cali se trasladó a Barranquilla, luego a Medellín, y ahora en Bogotá, se sumaron varias escenas en las que, al final del cruce de palabras con algunos de los arrestados, con esposas y exponiendo sus rostros, reciben al final la sentencia por parte de De la Espriella: “Bienvenido a la patria milagro”.
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Por lo anterior, Iván Máttar Cantillo, uno de los juristas que se refirió luego de los casos de “Mailo” y “Picolino” (quienes luego de sus detenciones en Bogotá saltaron a la fama por el video que compartió la Presidencia) explicó por qué considera que estas acciones debería ser consideradas “ilegales” por un togado.
“Lo de los vídeos de las capturas se va acabar cuando declaren ilegal la primera captura porque algún juez caiga en la cuenta que el Derecho a la Dignidad Humana impide la exhibición y el trato degradante de alguien que aún se presume inocente”, destacó el penalista por medio de un mensaje que compartió vía X la tarde del miércoles 28 de octubre, luego de que la mañana de ese mismo día se difundió la grabación en la que aparecen los dos jóvenes, parte de los 172 detenidos.
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Sumado a Máttar, otro de los penalistas que salió a cuestionar los procedimientos que registra para redes sociales el mandatario fue Juan David Londoño, que compartió su posición en otro comentario que se conoció a través de la misma red social.

“No puedo esperar a que un juez de garantías valiente declare ilegales esas capturas. El show mediático y expresiones como «bandido», «delincuente», «tiene miedo», «¿no que muy machito?», «lleva años extorsionando» y «bienvenido a la patria, milagro» pueden comprometer la legalidad del procedimiento y terminar contaminándolo", detalló el segundo abogado que expuso por qué para él lo que hace el jefe de Estado en medio de los operativos “no es defender la delincuencia”.
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“Quien delinque debe responder ante la justicia, pero con apego a las reglas del Estado de derecho. El Ejecutivo no tiene por qué interferir en esos procedimientos; hacerlo puede afectar su legalidad”, argumentó Londoño.
Para el penalista, “si el presidente pretende juzgar por su propia cuenta a quienes delinquen, la legislación vigente no le otorga esos poderes”. Por lo anterior, De la Espriella “tendría que impulsar una reforma legal que se los concediera. Una cosa es que el Congreso la apruebe y otra, muy distinta, que supere el control de constitucionalidad”, sigue la publicación.
Otro de los juristas especializados y reconocido por defender al cantante Blessd, Santiago Trespalacios, agregó en su reacción vía X que “esas capturas con tratos degradantes violan directamente la Constitución”.
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Al final, el abogado antioqueño recalcó que al juez que llegue a declararlo “saldrán a perseguirlo ese juez será defendido por quienes aún creemos en la dignidad humana”.
Un cuarto colega de los otros tres juristas, Juan Felipe Amaya, se unió al sentir y desde la misma red social expresó: “Acepto la funa”.
“El penalista tiene una función contramayoritaria. Apoyo una política dura contra el crimen, pero el jefe de Estado no debe presentar al capturado públicamente como culpable antes incluso de ser judiciliazado: viola la presunción de inocencia y el debido proceso”, puntualizó el penalista.

Abogado Santiago Trespalacios explicó a profundidad por qué Abelardo de la Espriella estaría
Trespalacios cuestionó la legalidad de varias capturas de presuntos integrantes de estructuras criminales que aparecen en videos junto al presidente Abelardo de la Espriella.
Según expuso en una transmisión desde su canal de YouTube, la exhibición pública de los detenidos esposados, las preguntas sin abogado y el uso de esas imágenes como propaganda podrían afectar garantías constitucionales.
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Trespalacios se refirió a las grabaciones en las que el mandatario increpa a los capturados después de recordarles los delitos por los cuales fueron arrestados. En una de esas escenas, de acuerdo con la descripción del abogado, De la Espriella termina con la frase: “Bienvenido a la patria milagro”.
El penalista aclaró que su reflexión no buscaba defender las conductas atribuidas a los detenidos ni cuestionar el deber estatal de perseguir el delito, y su planteamiento se centró en los límites que, a su juicio, debe respetar el poder público incluso frente a personas señaladas de cometer crímenes.
La exhibición anticiparía una condena
El penalista considera que las capturas realizadas en esas condiciones pueden ser ilegales por tres razones. La primera se relaciona con la presunción de inocencia y la presentación de los detenidos ante las cámaras como responsables de los delitos que se les atribuyen.
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“La manera como se exhibe a esta persona como culpable sin todavía haber sido hallado como tal”, afirmó Trespalacios al explicar uno de los motivos de su reparo.
Además, el jurista detalló que la difusión de las imágenes comprometería la dignidad de los capturados, dado que la persona detenida queda convertida en un recurso de comunicación política, sin que medie una sentencia judicial que determine su responsabilidad.
“Su exhibición compromete seriamente su dignidad al ser usado únicamente como un medio en esa escena y como un instrumento de la propaganda estatal”, expresó en la grabación el abogado.
Las preguntas a detenidos sin defensa fueron otro de los reparos
El tercer aspecto planteado por Trespalacios se concentró en las intervenciones del presidente con los detenidos. Para el jurista, en los videos De la Espriella formula preguntas y los capturados responden mientras permanecen esposados y rodeados por miembros de la fuerza pública.
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Según el penalista, esa situación podría vulnerar el derecho de defensa, y agregó: “Uno de los más básicos derechos que tiene un capturado es a que toda pregunta se le haga en presencia de su abogado”.
Trespalacios sostuvo que el cuestionamiento no se limita a una discusión procesal. En su opinión, las escenas reflejan una concepción del poder que puede derivar en prácticas incompatibles con un Estado democrático.
Por lo anterior, también advirtió que le preocupa que esas imágenes sean “síntomas de un gobierno” con “tintes totalitarios” en su forma de actuar. No obstante, Trespalacios aclaró que esta observación vas más allá de su condición de defensor penalista y busca abrir un debate sobre la relación entre las autoridades y los ciudadanos sometidos a una captura.
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“A un hombre esposado no se le humilla”
Durante su intervención, el abogado recordó una frase que atribuyó a su profesor Héctor Vélez, a quien describió como una figura relevante en su decisión de dedicarse al derecho penal: “A un hombre esposado no se le humilla”.
Trespalacios explicó que ese principio no depende de la inocencia o culpabilidad de la persona arrestada. Incluso si se parte de la hipótesis de que el detenido cometió los delitos que se le imputan, sostuvo que el presidente no debería intervenir para increparlo cuando ya está bajo control de las autoridades.
“El presidente de la República no puede ser un humillador”, planteó Trespacios y, a la vez, diferenció la humillación del uso legítimo de la fuerza, al señalar que la Policía puede detener y esposar a los sospechosos cuando sea necesario, dentro de los procedimientos establecidos.
Para ahondar en su postura, el penalista puntualizó que las esposas simbolizan que el Estado ya logró imponerse sobre la persona arrestada.
“Si yo estoy esposado, el Estado ya triunfó”, dijo Trespalacios antes de cuestionar la necesidad de agregar una escena de confrontación pública.
El abogado cuestionó el mensaje dirigido a los ciudadanos
Trespalacios afirmó que los videos no tienen como destinatarias principales a las organizaciones criminales, sino a la ciudadanía y al electorado. Desde su perspectiva, la puesta en escena proyecta la idea de que el mandatario “doma” a los delincuentes.
El abogado objetó ese término porque, en su observación, implica tratar a la persona capturada como si fuera un animal y no como un sujeto de derechos. “Uno doma un caballo, doma un toro, doma una fiera”, comentó De la Espriella.
El especialista en derecho penal rechazó que el miedo de una persona esposada pueda interpretarse como prueba de culpabilidad.
Al aludir a una de las expresiones atribuidas al presidente frente a un detenido —“mira la cara de miedo que tienes”, que le dijo a alias Ñoño, uno de los capturados en Barranquilla—, indicó que el temor puede ser esperable en cualquier ciudadano que enfrente a un jefe de Estado acompañado por escoltas, armas y cámaras.
“Ese miedo no revela un culpable. Ese miedo revela la dimensión del poder que lo está mirando”, dijo Trespalacios, y luego recordó que el presidente debe garantizar derechos de todos los ciudadanos.
El penalista recordó que el artículo 188 de la Constitución establece que el presidente simboliza la unidad nacional y tiene el deber de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. También mencionó el artículo 12, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por estos motivos, Trespalacios insistió en que esa protección alcanza a todas las personas, incluidos quienes son investigados o capturados por delitos, y sentenció: “La dignidad humana no se somete a votación”.
El abogado sostuvo que una política firme contra el crimen no es incompatible con el respeto por las garantías de los detenidos, y señaló que las víctimas no reciben reparación ni acompañamiento a través de la exposición pública de los presuntos responsables.
“El presidente no está abrazando a la víctima, no está acompañando a la víctima. Está en un show alrededor del victimario instrumentándolo absolutamente”, agregó Trespalacios.
Al cierre de su video, el penalista dijo que su intervención era una reflexión ciudadana y un llamado al presidente De la Espriella para que preserve los límites democráticos en el ejercicio del poder, con el fin de que el debate se mantenga dentro de las garantías propias de un Estado liberal, “y que nadie sea perseguido por sus dichos, sus opiniones o sus creencias”, concluyó Trespalacios.
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