Abogada que interpuso denuncia en la Corte Suprema contra Daniel Briceño explicó por qué el representante debería perder su curul: “No es ninguna estrategia”

Luego de que el representante Daniel Briceño le pidiera “orar” a sus simpatizantes por el proceso que afronta ante la Corte Suprema, por la presunta omisión de 602 inmuebles en su campaña como “casas sede”, la abogada y activista Juliana Beltrán Moya, denunciante del congresista, explicó en detalle los motivos por los que interpuso el recurso.

En un video publicado en sus redes sociales, Beltrán Moya respondió al reciente video del congresista, que ha denunciado que las acciones judiciales en su contra buscan quitarle la curul obtenida con la mayor votación del país y harían parte de un entramado coordinado con la exfiscal Angélica Monsalve para llevar a cabo este propósito.

“Se ha creado en estos momentos toda una estrategia que pretende acallarnos, pero sobre todo, quitarnos la curul”, epxresó Briceño, que rechazó que la utilización de las casas constituya una irregularidad e insistió en una ofensiva política que buscaría acallarlo por sus denuncias contra sectores afines al expresidente de la República Gustavo Petro.

En respuesta, la letrada acusó al representante, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, de los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. La denuncia penal fue radicada el 30 de septiembre ante la Sala Especial de Instrucción, competente por el fuero de Briceño como congresista de la nación.

El aspecto central del expediente contra Briceño, que obtuvo la mayor votación en las legislativas, es el uso gratuito de viviendas de ciudadanos para actividades de campaña. La abogada afirmó que esos inmuebles debían ser valorados y reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como donaciones en especie, con el aplicativo Cuentas Claras.

Denuncia de Juliana Beltrán cuestionó el reporte de las casas sede como donaciones en especie

Beltrán Moya sostuvo que su actuación no busca atribuir delitos a las familias que pusieron sus viviendas a disposición de la campaña. “Mi primera pretensión no fue quitarte la curul, fue preguntarme y preguntarle a la Corte Suprema si tipificaste unos delitos”, respondió la mujer al congresista de Gobierno, en relación con su caso.

La abogada criticó que Briceño describiera la denuncia como una maniobra coordinada y la vinculó con una labor de control ciudadano. “Esta no es ninguna estrategia, Daniel, se llama veeduría ciudadana”, dijo al señalar que no conoce ni sigue a la exfiscal Monsalve, que impulsa un proceso distinto contra el político en el Consejo de Estado.

Al explicar la base legal de su denuncia, Beltrán Moya citó la Ley 1475 de 2011, que regula la financiación de campañas. Según su interpretación, el artículo 25 obliga a los candidatos a declarar la totalidad de las donaciones para que el Estado pueda verificar su origen y controlar los topes establecidos para la campaña que lo llevó a la Cámara.

La abogada también mencionó la resolución 10753 de 2025 del Consejo Nacional Electoral para las elecciones legislativas. “Se debía declarar toda la destinación gratuita y temporal de bienes muebles e inmuebles”, afirmó sobre la norma, que exige cuantificar esos aportes según su precio y reportarlos como donaciones en especie.

Abogada señaló que Briceño conocía la ubicación de cada una de las viviendas

Briceño defendió que más de 600 personas en Bogotá abrieron sus puertas sin recibir dinero ni integrar una estructura política. A lo que Beltrán Moya respondió que la campaña había habilitado un enlace para que los interesados se inscribieran y recibieran material publicitario, por lo que eran datos que tenían a la mano y debían radicar.

También señaló que Briceño publicó en redes sociales un mapa con la ubicación de las casas, por lo que, según dijo, el deber de informar recaía en el candidato y no en los que prestaron los inmuebles. “El que tenía el deber de declararlo eras tú, no las seiscientas personas”, afirmó la abogada, que defendió el recurso presentado.

La denuncia esboza que en el informe de ingresos y gastos se registró cero en el rubro de gastos de oficina y adquisiciones, y que tampoco se declararon contribuciones, donaciones o créditos en dinero o especie provenientes de particulares. Este reporte podría configurar falsedad en documento privado e, incluso, fraude procesal.

En lo que respecta con este último punible, se debe a que “indujo al error” al Consejo Nacional Electoral a otorgarle el aval como congresista, cuando no cumplía, según la mujer, con los requisitos para el cargo. “Mentir también es pecado, no lo deberías hacer, Daniel. Y más que una oración, yo buscaría una buena asesoría legal”, dijo Beltrán.

Consejo de Estado también admitió recurso contra Daniel Briceño

Por su parte, en el Consejo de Estado, la exfiscal y abogada Monsalve acusó al representante Daniel Briceño de buscar visibilidad y de querer silenciar a sus votantes. Frente a estos procesos, la respuesta del congresista es que las dos acciones hacen parte de una estratega para, según él, “meternos a la cárcel o quitarnos la curul”.

La demanda de Monsalve se tramita ante la Sala Especial de Decisión 24 del Consejo de Estado, bajo la ponencia del consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera. El proceso examina si la renuncia de Briceño como concejal de Bogotá el 1 de diciembre de 2025 para aspirar a la Cámara pudo configurar una inhabilidad o incompatibilidad.

El alto tribunal admitió el proceso mediante auto del 17 de septiembre y avanza a la par del que cursa en la Corte Suprema: en el que el representante del Centro Democrático ya compareció y junto con su equipo jurídico entregó las explicaciones que consideró pertinentes; a la espera de cómo evolucionará la denuncia en su contra.