Piden arrestar al ministro de Hacienda por presunto desacato en caso del Fondo Milagro: el alto funcionario no habría respondido a seis preguntas

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Mauricio Monroy, del Pacto Histórico, radicó un incidente de desacato contra el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, al solicitar su arresto y la imposición de sanciones económicas por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela relacionado con el manejo del Fondo Milagro.

La acción jurídica fue presentada ante el juez 38 laboral del circuito de Bogotá, Marcos Javier Cortés Riveros, despacho que el 20 de octubre de 2026 concedió el amparo al derecho fundamental de petición y ordenó a la cartera económica entregar respuestas de fondo en un plazo perentorio de 48 horas.

El congresista del Pacto Histórico denunció a través de su cuenta en X que los términos procesales vencieron el 23 de octubre de 2026 sin que la entidad ministerial remitiera los informes solicitados sobre los recursos destinados a la atención de los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

“¡PEDIMOS ARRESTO AL MINISTRO DE HACIENDA MIGUEL GÓMEZ! El @MinHacienda se NIEGA a cumplir una tutela que radicamos para que nos responda por el Fondo Milagro (sic)”, expresó el representante Monroy en su post.

El legislador continuó su reclamo sobre la gestión administrativa del patrimonio autónomo: “Por eso he presentado un incidente de desacato contra el ministro Miguel Gómez. Llevo más de 40 días exigiéndole al Ministerio de Hacienda respuestas sobre el Fondo Milagro. ¿Qué quieren esconder? ¿Que no tienen plata? ¿Que no quieren responderles a los damnificados del terremoto? Si usted desacata nuestra tutela, puede implicar hasta su arresto y multas económicas. RESPONDA (sic)”.

De acuerdo con el documento judicial aportado por el congresista en su publicación, el proceso se originó el 16 de septiembre de 2026, fecha en la que radicó una solicitud formal de información amparada en el artículo 23 de la Constitución Política y en la Ley Quinta de 1992.

El requerimiento contiene seis preguntas puntuales sobre el funcionamiento del vehículo financiero creado mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026 para responder a la emergencia por grave calamidad pública.

¿Qué sanciones podría enfrentar el ministro si se comprueba el desacato?

Entre los puntos exigidos figuran la copia del contrato de fiducia mercantil del fondo, el monto consolidado de sus fuentes de financiación y el registro de sesiones y decisiones adoptadas por su consejo directivo. El cuestionario incluye la designación y asignación salarial del gerente, la apertura de la convocatoria para la auditoría internacional independiente y el balance de los dineros girados, comprometidos o ejecutados hasta la fecha.

Ante la falta de respuesta dentro de los plazos legales ordinarios, Monroy interpuso la acción de tutela. El juzgado admitió el recurso el 9 de octubre de 2026 y ofició al Ministerio de Hacienda, despacho que guardó silencio durante el trámite procesal.

El fallo judicial del 20 de octubre ordenó resolver de fondo, punto por punto, la petición del congresista. La orden estipuló que la contestación debía ser clara, precisa y congruente, abarcando desde la conformación del patrimonio autónomo hasta los soportes de ejecución presupuestal.

En el escrito de desacato, Monroy invocó los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, normatividad que faculta a los jueces constitucionales a imponer sanciones de hasta seis meses de arresto y multas de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales a las autoridades que desatiendan las órdenes judiciales.

El trámite procesal quedó radicado, correspondiéndole al juez de conocimiento abrir formalmente el incidente y requerir al titular de la cartera de Hacienda para que rinda sus descargos.

¿De qué se trata el Fondo Milagro del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Fondo Milagro, creado por el Gobierno nacional para atender la emergencia provocada por el terremoto de agosto de 2026, busca centralizar los recursos destinados a la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas, entre ellas Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. El mecanismo contempla ayudas para las familias damnificadas, recuperación de viviendas e infraestructura y proyectos de reactivación económica.

El fondo funciona como un patrimonio autónomo administrado mediante un contrato fiduciario y se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación, créditos internacionales, donaciones y aportes territoriales.

Su dirección operativa está a cargo de un gerente designado por el presidente de la República, mientras que un consejo directivo tiene la responsabilidad de definir prioridades y aprobar los proyectos.

Sin embargo, su estructura provocó cuestionamientos por la concentración de las decisiones en delegados de la Presidencia, la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sin derecho a voto y las posibles presiones fiscales sobre gobernaciones y alcaldías que aporten recursos para la reconstrucción.

También existen inquietudes sobre los tiempos de ejecución de las ayudas y la transparencia en la contratación, de allí la decisión del congresista opositor de hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana para exigir respuestas sobre el Fondo Milagro.