Mafe Carrascal entuteló al gobierno de Abelardo de la Espriella por falta de informe sobre la emergencia por el terremoto: “No hubo prórroga”

La senadora del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, presentó una tutela ante un juez constitucional para exigir que el Gobierno Nacional entregue al Congreso el informe sobre la declaratoria de emergencia posterior al terremoto del 10 de agosto de 2026.

La legisladora sostuvo que la falta de ese documento limita las facultades de control político del Legislativo sobre las medidas adoptadas y el manejo de los recursos destinados a la atención del desastre.

Carrascal informó la decisión a través de un video publicado en X. Allí afirmó que el Ejecutivo aún no remitió el reporte que, según su interpretación, exige el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia cuando se declara un estado de emergencia.

“Acabo de radicar una tutela debido a que el Gobierno Nacional todavía no presenta el informe que es exigido a través del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia”, expresó la congresista.

La senadora indicó que el texto resulta necesario para que el Congreso pueda revisar las razones que llevaron a la declaratoria y evaluar los decretos emitidos durante la vigencia de la emergencia. Entre las disposiciones que mencionó figuran medidas relacionadas con arrendamientos, empleo, salud y vivienda.

La congresista afirmó que el plazo venció el 17 de septiembre

Según Carrascal, el Gobierno tenía plazo hasta el 17 de septiembre para presentar el informe ante las secretarías del Senado y de la Cámara de Representantes. Aseguró que ese término finalizó sin que existiera una prórroga y que, hasta la fecha de su pronunciamiento, las dos corporaciones no habían recibido el documento.

“El plazo venció el 17 de septiembre, no hubo prórroga y el oficio que presentamos el 13 de octubre continúa sin respuesta”, manifestó.

La acción judicial busca que un juez ampare sus derechos como ciudadana y como integrante del Congreso. Carrascal sostuvo que la omisión impide que los parlamentarios ejerzan de forma plena las funciones de vigilancia que les asigna la Constitución.

“He comparecido ante un juez constitucional para que ampare mi derecho como ciudadana, pero también mi derecho como congresista para poder hacer el control político que la Constitución me demanda”, afirmó.

El informe permitiría revisar decretos y recursos para la reconstrucción

La senadora vinculó la solicitud con cuestionamientos sobre la administración de los fondos y las donaciones recibidas para enfrentar las consecuencias del terremoto.

En su declaración, mencionó dificultades de transparencia alrededor de los recursos dirigidos a la gestión de la emergencia y las tareas de reconstrucción.

Carrascal planteó que el Congreso requiere información oficial para examinar el destino de esos aportes y verificar el alcance de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional. “Este informe es fundamental para que desde el Congreso de la República podamos hacer un control político efectivo e inmediato”, señaló.

También sostuvo que las reuniones de la Comisión Accidental creada para abordar la situación no reemplazan la obligación de presentar el reporte formal. A su juicio, ese mecanismo parlamentario puede servir para recopilar información o discutir las consecuencias del desastre, aunque no sustituye el procedimiento previsto para analizar una declaratoria de emergencia.

La congresista explicó que la ausencia del documento frena el inicio del examen de 30 días contemplado en el artículo 215. En su interpretación, ese retraso compromete la posibilidad de que el Legislativo revise con suficiente tiempo las normas expedidas durante la emergencia.

Carrascal advirtió que el Congreso podría quedar sin tiempo para el examen

La integrante del Pacto Histórico alertó que la fecha límite para el análisis legislativo podría afectar el calendario de las sesiones actuales. “Si el informe llega después del 16 de noviembre, no habrá tiempo suficiente para completar el examen durante estas sesiones”, dijo.

Ese escenario, según la senadora, reduciría la capacidad del Congreso para estudiar las disposiciones tomadas por el Ejecutivo luego del terremoto y para determinar si requieren ajustes, seguimiento adicional o debate político.

Carrascal añadió que la falta de respuesta a su oficio vulnera su derecho a participar en el control político como representante. Para sustentar ese punto, hizo referencia al artículo 40 de la Constitución, que contempla la participación de los ciudadanos en la conformación, el ejercicio y el control del poder político.