En el Congreso comenzó el debate para eliminar la JEP y trasladar sus funciones a la justicia ordinaria

El Congreso inició el martes 27 de octubre el debate de una reforma constitucional que busca eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz en 2028, impedir su prórroga automática por cinco años y trasladar sus competencias a la justicia ordinaria.

La iniciativa reabrió la discusión sobre la continuidad del sistema de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz de 2016, sus resultados y los recursos destinados a su funcionamiento.

La senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho advirtió que el cierre dejaría sin definición procesos de excombatientes, integrantes de la Fuerza Pública, terceros civiles y víctimas. También sostuvo que la Comisión Primera del Senado no tendría facultades para aprobar una reforma que, a su juicio, sustituye la Constitución y desconoce compromisos nacionales e internacionales.

Corcho detalló las consecuencias que atribuye a la eventual eliminación del tribunal: “Quedarían 19 condenados de las Farc con sanción propia, pero sin nadie que verifique las medidas restaurativas; 336 máximos responsables, de los cuales 245 ya reconocieron los hechos, quedarían sin el instrumento que les permitió hacer ese reconocimiento; 21 juicios adversariales de máximos responsables que no han reconocido la verdad y los hechos quedarían en el aire y se quedarían además 221 terceros civiles y 3.443 comparecientes sin resolución, que fue lo que los trajo a la JEP, quedarían en el limbo 15.753 víctimas”.

El traslado de competencias y las objeciones constitucionales

El proyecto propone establecer un régimen de cierre para que las funciones de la justicia transicional pasen a la jurisdicción ordinaria. El senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, autor y ponente de la reforma, afirmó que los acuerdos suscritos y los beneficios jurídicos otorgados a los comparecientes se conservarían, aunque cambiaría la entidad encargada de aplicarlos.

Gómez sostuvo que el Congreso tiene competencia constitucional para determinar la duración de la Jurisdicción Especial para la Paz porque la Corte Constitucional no limitó la capacidad legislativa de modular su periodo de vigencia. El legislador cuestionó que el acto legislativo que creó la entidad hubiera previsto una extensión automática de cinco años.

Por su parte, el senador del Partido de la U Alfredo Deluque respaldó la revisión del modelo al considerar que la JEP no ha sido un buen operador de la justicia transicional. Sin embargo, advirtió que el traslado de sus responsabilidades a la justicia ordinaria plantea el desafío de garantizar una administración adecuada de los procesos.

La discusión también incluyó advertencias sobre la protección constitucional del sistema. Corcho pidió a los integrantes de la comisión actuar “de manera razonable, apegado a la ley y la Constitución” y señaló: “No está autorizada esta Comisión para hacer una sustitución de la Constitución política y para romper el blindaje que el máximo tribunal de defensa de Derechos Humanos hizo a los actos legislativos que van aquí contraviniendo un acuerdo que el Estado colombiano suscribió a nivel nacional e internacional”.

La congresista calificó la propuesta como “un acto de venganza y de odio” y planteó que pondría en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes. También afirmó que la reforma desconoce el marco constitucional de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Los costos, contratos y decisiones cuestionados en el debate

La principal crítica de los promotores de la reforma se concentró en el crecimiento de la contratación. Gómez afirmó que la nómina paralela de la JEP pasó de 134 a 1.218 contratos en menos de siete años, con un costo acumulado superior a $62.000 millones.

El senador aseguró que el aumento fue de 1.084 contratistas y que la relación entre los contratos por prestación de servicios y la planta de personal alcanza el 25%, una proporción que, según él, supera a la de otras corporaciones judiciales. Añadió que todos los comparecientes habían sido amnistiados desde 2016.

Gómez cuestionó la cantidad de decisiones sobre la situación jurídica de comparecientes sin posiciones de mando en las antiguas Farc y en la Fuerza Pública. Según las cifras que presentó, las salas de la JEP remitieron a 3.443 personas a la ruta no sancionatoria, pero expidieron 607 decisiones; a ese ritmo, afirmó, se requerirían siete años más para resolver ese grupo, sin contar otros 12.000 comparecientes pendientes de remisión.

El ponente calculó que cada una de esas decisiones representó una inversión de $6.600 millones y afirmó: “Esto en lengua castiza, franca y clara, son amnistías. Lo que pasa es que en la JEP le ponemos este nombre para no decir que son amnistías, para poder con ello también beneficiar a miembros de la Fuerza Pública y obviamente a los miembros de las Farc. A este ritmo, con la inversión institucional en la principal misión que tiene la JEP, le han costado a la nación colombiana $6.600 millones. Cada una. Cada una. Con lo cual el país hubiera podido resolver 30.000 procesos ordinarios en cualquier jurisdicción con la inversión promedio que genera el Consejo Superior de la Judicatura”.

El senador Jota Pe Hernández afirmó que la entidad ha emitido 21 sentencias con un costo de $4 billones de pesos y que cuatro de ellas corresponden a decisiones en firme. Añadió que el presupuesto pasó de $140.000 millones en sus inicios a una solicitud proyectada de $947.000 millones para 2027.

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada sostuvo que la JEP ha costado $3,8 billones y aseguró que el gasto acumulado por los arriendos del edificio Torres Cuadra asciende a $160.000 millones. “Este proyecto no busca acabar con el sistema transicional. Este proyecto lo que busca es que esas reglas se salvaguarden a través de la jurisdicción ordinaria y no de un tribunal que al día de hoy se ha constituido en un tribunal de derroche y en un tribunal de injusticia”, declaró.

El senador Santiago Barreto afirmó que, si la entidad presentara mayores resultados, el debate se concentraría en extender su vigencia. Para el congresista, los costos y la lentitud de las actuaciones justifican revisar su operación.

La reforma será votada en primer debate por la Comisión Primera del Senado, donde sus promotores consideran que cuentan con mayorías para aprobarla. Durante la jornada, el senador Iván Cepeda sostuvo que la política gubernamental busca suspender convenios vigentes e interrumpir la adjudicación de tierras a poblaciones rurales.