La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra la excongresista María José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro, relacionada con presuntos ofrecimientos de contratos y cargos a cambio de favores sexuales.
Según informó Blu Radio, el expediente quedó asignado al magistrado Javier Fernando Fonseca, nuevo integrante de la Sala de Instrucción. El togado deberá examinar el contenido de la denuncia y definir las actuaciones que correspondan dentro del proceso.
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Los hechos expuestos en la denuncia se remontan al periodo en el que Gustavo Petro ejercía como congresista. El caso incluye las declaraciones de Deicy Jiménez, quien sostuvo que existía una práctica de entrega de contratos y puestos de trabajo a mujeres que, según su versión, habían accedido a prestar servicios sexuales al entonces parlamentario.
Jiménez afirmó que fue vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pizarro. De acuerdo con su relato, esa contratación habría formado parte de los presuntos beneficios que recibían algunas mujeres dentro de esa supuesta dinámica.
La denunciante aseguró que recibió un contrato por $34 millones para apoyar la gestión de la primera vicepresidencia del Senado. Pizarro ocupaba ese cargo en ese momento y, según la información conocida, el trabajo de Jiménez estaba relacionado con asuntos sobre casos de violencia sexual.
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Según el testimonio atribuido a Jiménez, su llegada al equipo de la entonces senadora se produjo por una recomendación de Petro. La denuncia plantea que los hechos habrían ocurrido durante la etapa legislativa del hoy expresidente.
La admisión del caso implica que la Sala de Instrucción analizará los elementos presentados en la denuncia. Fonseca deberá establecer qué decisiones adopta frente a las afirmaciones formuladas contra Pizarro y Petro, a partir del material que llegue al expediente.
Pronunciamiento de Gustavo Petro
El expresidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos sobre una supuesta entrega de contratos públicos a cambio de encuentros íntimos. En un mensaje publicado en X, sostuvo que las acusaciones hacen parte de una ofensiva contra su esfera privada, luego de que, según afirmó, sus opositores no lograran probar hechos de corrupción ni vínculos suyos con el narcotráfico.
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“El intento de intervenir en mi vida íntima y sexual surge porque no han podido demostrar ningún acto de corrupción o narcotráfico en mi trayectoria”, expresó al comienzo de su publicación.
El exmandatario acompañó el mensaje con un comunicado en el que atribuyó las denuncias a una campaña promovida, según su versión, por sectores cercanos al actual Gobierno.
Petro afirmó que antes intentaron relacionarlo con hechos de corrupción y actividades de narcotráfico. Mencionó al abogado Abelardo de la Espriella y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre quienes, según dijo, difundieron ese tipo de señalamientos. Sostuvo que no existen pruebas en su contra y aseguró que durante más de 20 años denunció vínculos entre organizaciones narcotraficantes y dirigentes políticos.
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En el texto también rechazó de forma categórica haber usado contratos estatales para obtener favores sexuales. “Nunca he entregado un contrato a cambio de relaciones sexuales”, afirmó. Además, negó haber ejercido cualquier forma de sometimiento o coerción contra mujeres y señaló que la libertad ha sido un principio en sus vínculos personales.
Pronunciamiento de María José Pizarro
María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, respondió a las acusaciones que la relacionan con una supuesta asignación de contratos a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. La dirigente también alertó sobre lo que describió como una estrategia para instalar una condena pública y amplificar ataques en redes sociales.
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Pizarro señaló que los cuestionamientos provienen de sectores políticos opositores. En ese contexto, hizo referencia a la historia de persecución que, según expresó, ha atravesado su familia. Su padre, Carlos Pizarro, fue comandante del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19), candidato presidencial y fue asesinado en 1990.
La excongresista sostuvo que su actividad política ha estado ligada a la defensa de los derechos de las mujeres y rechazó cualquier vínculo con presuntas contraprestaciones irregulares en contratos estatales.
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