El Icbf acusó al Cric de presiones y advirtió riesgos para la atención de 9.600 menores: “La niñez no puede utilizarse como instrumento”

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), bajo la dirección de Carolina Restrepo, denunció que el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) estaría realizando presiones e intimidaciones sobre la contratación estatal en esa región. La entidad advirtió que estas acciones ponen en riesgo la continuidad del servicio de atención integral para más de 9.600 niños y adolescentes en el departamento del Cauca.

A través de un pronunciamiento oficial emitido desde su sede central en Bogotá el martes 27 de octubre de 2026, la institución rechazó las exigencias formuladas por la organización tradicional para renovar convenios al margen de los requisitos legales vigentes.

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) rechaza categóricamente las amenazas, presiones e intimidaciones que presuntamente estaría haciendo el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dirigidas a obtener la continuidad de contratos de aporte por fuera del marco jurídico que rige la contratación estatal”, comunicó la entidad al inicio de su declaración.

La disputa por los contratos que tiene en alerta al Icbf

El desacuerdo contractual se concentra en el vencimiento de los esquemas operativos actuales, programado para el 31 de octubre, fecha límite en la que deben suscribirse los nuevos compromisos para garantizar la atención en los resguardos y zonas rurales.

“La organización ha amenazado con dejar sin atención a más de 9.600 niños y adolescentes, pues exige al Icbf que los nuevos contratos mantengan las condiciones vigentes hasta el 31 de octubre para seguir con la prestación de servicios; sin embargo, la actual administración ha requerido que la celebración de estos nuevos contratos se haga bajo el estricto cumplimiento de la ley”, precisó el reporte institucional.

La dirección del Bienestar Familiar enfatizó que la administración pública no puede ceder ante mecanismos de coacción que busquen eludir las normas fiscales y de transparencia en la ejecución de los recursos destinados a la infancia.

“El Instituto reitera que las decisiones de una entidad pública no se imponen mediante amenazas ni se negocian al margen de la ley. Esta administración tiene un compromiso irrenunciable: trabajar por, para y con los niños y adolescentes de Colombia, garantizando sus derechos con transparencia, equidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, agregó el documento.

Frente a las mesas de concertación con las autoridades tradicionales, el instituto enfatizó que las disposiciones administrativas se mantendrán sujetas a los estatutos generales de contratación, descartando tratos diferenciados que vulneren los principios de igualdad y control fiscal: “Por ello, las decisiones contractuales se adoptarán con estricto apego al ordenamiento jurídico, sin privilegios ni excepciones. Ningún acuerdo o condición particular puede justificar el desconocimiento de las normas vigentes”.

Asimismo, la institución cuestionó que se recurra a la interrupción de los programas de alimentación, cuidado y desarrollo psicosocial como mecanismo de negociación política frente al Gobierno nacional.

“La protección de la niñez no puede utilizarse como instrumento de presión, ni como argumento para exigir condiciones contrarias a la ley. Por el contrario, garantizar sus derechos implica actuar con responsabilidad y asegurar que los recursos públicos cumplan su finalidad”, advirtió el pronunciamiento.

Pese a las discrepancias jurídicas sobre las minutas contractuales, la dirección general del Icbf aseguró que mantiene la disposición para dialogar con los voceros del movimiento indígena, siempre que las conversaciones se desarrollen dentro de los márgenes normativos.

El organismo concluyó que continuará implementando los lineamientos de austeridad y supervisión de los dineros públicos en todos los departamentos del territorio nacional: “En Colombia, la ley es para todos y todos estamos obligados a cumplirla. Sin distinciones, sin privilegios y sin excepciones. La niñez merece instituciones que actúen con integridad, firmeza y coherencia. Ese es nuestro compromiso y esa será nuestra línea de actuación”.

¿Qué exige el Cric y por qué amenaza con movilizarse?

El Cric exigió que la atención a niños pequeños, mujeres gestantes y madres lactantes indígenas respete sus tradiciones y su modelo educativo propio, conocido como Semillas de Vida. También pidió que las autoridades indígenas tengan autonomía para elegir a quienes trabajan en estos programas.

Además, reclamó que los convenios se firmen directamente con las organizaciones indígenas, sin intermediarios, y que se garantice el presupuesto necesario. Los alimentos deben comprarse, en lo posible, a productores locales y responder a las costumbres de las comunidades, evitando que falten raciones o servicios.

De hecho, la Cric pidió una mesa de diálogo con representantes nacionales del Icbf y de los ministerios involucrados, con capacidad para tomar decisiones. La fecha límite para cumplir las exigencias era el 31 de octubre; de no obtener respuestas y acuerdos concretos, las comunidades advirtieron que podrían retomar las movilizaciones y bloquear la vía Panamericana (de allí que el instituto haya compartido el comunicado).