Cambios en la edad de pensión y en Colpensiones, lo que busca la contrarreforma pensional del Centro Democrático

La contrarreforma pensional impulsada por el Centro Democrático es un proyecto de ley promovido por congresistas como Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta y Zandra Bernal. La iniciativa busca modificar diversos aspectos de la Ley 2381 de 2024, que estableció la reforma pensional aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro.

Dicho articulado propone que los colombianos que lleguen a la edad de retiro sin cumplir los requisitos de jubilación puedan elegir entre recibir una mesada o recuperar sus ahorros acumulados, además de modificar las reglas de elección entre Colpensiones y los fondos privados.

La iniciativa busca modificar varios componentes de la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional, aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro. El proyecto contempla tres ejes:

• Libertad de elección de administradora. No propone eliminar Colpensiones.
• Alternativas para quienes no logren pensionarse.
• Garantías sobre la propiedad y administración de los recursos.

Alternativas para los que no alcancen una pensión

La congresista Claudia Margarita Zuleta cuestionó el pilar semicontributivo previsto en la Ley 2381 de 2024 para los que cotizaron sin completar las condiciones necesarias para obtener una pensión. Según la senadora, ese modelo reconoce una mesada calculada sobre los aportes acumulados, pero no devuelve los saldos ni permite transmitirlos por herencia o sustitución.

“La ley 2381 dijo, no se les devuelve la plata, además los saldos no son heredables, no son sustituibles”, afirmó a La FM.

De acuerdo con estudios y con la exposición de motivos de su proyecto, Zuleta sostiene que esas mesadas serían inferiores a $500.000 en la mayoría de los casos, aunque esa estimación no implica un valor aplicable a todos los beneficiarios. La iniciativa permitiría que las mujeres tomaran la decisión a los 57 años y los hombres a los 62 años, entre recibir la prestación periódica o solicitar la devolución de sus aportes.

Asimismo, el articulado divulgado incluye varias opciones según la situación de cada afiliado:

• Devolución de saldos con rendimientos, indemnización sustitutiva para quienes cotizaron en Colpensiones.
• Mensualidad vitalicia.
• Prestación anticipada.
• Beneficio económico periódico o pensión familiar.

Zuleta defendió que la elección considere las circunstancias económicas, familiares y personales de cada persona: “No someter a las personas a perder sus ahorros”.

Elección de administradora y protección de los ahorros

El proyecto permitiría a los trabajadores elegir quién administra los aportes correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el articulado conocido. La senadora sostuvo que quienes prefieran mantenerse en el régimen público deben conservar esa posibilidad. Anotó al medio que “queremos respetar esa decisión, que seguramente la preferirán muchos colombianos”.

Así las cosas, los afiliados podrían trasladarse entre Colpensiones y una administradora privada cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría obligatoria. Para cambiar entre fondos privados, el plazo sería de seis meses; aquellos que ganen más de 2,3 salarios mínimos tendrían ese mismo periodo para escoger quién administra los aportes que superen ese límite o serían asignados de forma aleatoria.

La contrarreforma plantea además que las cuentas individuales constituyan un patrimonio autónomo, separado de los bienes propios de las administradoras privadas, con lo que los recursos acumulados por los trabajadores quedarían jurídicamente diferenciados del patrimonio de las entidades que los gestionan. Las administradoras deberían invertir los aportes con el propósito de procurar la mejor mesada posible y reducir de manera gradual el riesgo de las inversiones conforme se acerque el retiro del afiliado.

También contempla estudios actuariales para anticipar dificultades de financiación y faculta al Estado para exigir responsabilidades e imponer sanciones ante incumplimientos de las entidades, conforme a la reglamentación. La propuesta atribuye al Estado el papel de garante final del pago de las pensiones.

Sobre la propuesta, la experta en pensiones Jerome Sanabria, líder de ‘No con mi ahorro’, expresó por medio de X su respaldo.

“Nuestra contrarreforma mitigará los efectos más negativos de la reforma de Petro, le devolverá la libertad a los afiliados y protegerá el ahorro y futuro pensional de mi generación”, escribió.

Umbrales de cotización y negociación con el Gobierno

La congresista Claudia Margarita Zuleta considera que reducir el umbral de aportes que permanece en Colpensiones ayudaría a disminuir el esfuerzo fiscal estatal asociado al pago de pensiones.

La senadora mencionó un rango de entre 1,5 y 1,6 salarios mínimos como cifra ideal, en referencia a estudios citados durante su exposición. “Un umbral ideal para reducir la presión que hoy tiene Colpensiones”, señaló. Esa cifra es distinta del umbral de dos salarios mínimos que figura en la reforma vigente y del límite de 2,3 salarios mínimos descrito en el articulado divulgado; las tres referencias no corresponden a una misma regla.

La iniciativa no plantea modificar la edad de jubilación, las semanas de cotización ni la tasa de reemplazo, aunque Zuleta considera que esos asuntos deben debatirse en el país. “Yo sí creo que Colombia debe dar esas discusiones”, expresó. Solo el 25% de los colombianos que trabajan cotiza regularmente al sistema pensional, según las cifras que citó la congresista.

Es de anotar que la bancada sostiene conversaciones preliminares con los ministerios de Hacienda y Trabajo, además de acercamientos con la Vicepresidencia de la República.

Zuleta afirmó que el Ejecutivo todavía no descartó intervenir en el debate: “El Gobierno está interesado en participar de la discusión de la reforma, es decir, no la rechaza”. El Ministerio de Hacienda solicitó información sobre el impacto fiscal de la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, lo que la senadora interpreta como señal del interés del Ejecutivo en revisar las consecuencias de la reforma.

La discusión ocurre en un sistema donde la mayoría de los trabajadores no hacer aportes constantes, una brecha estructural que condiciona las posibilidades reales de acceder a una pensión para millones de colombianos.