Coosalud EPS quedó en cuidados intensivos tras intervención del gobierno Petro: salen a la luz los estados de cuenta

El gobierno de Gustavo Petro intervino Coosalud EPS en noviembre de 2024, después de que el entonces presidente planteara sospechas sobre un posible desvío de recursos públicos hacia paraísos fiscales. Un año más tarde, la entidad pasó de reportar un patrimonio positivo de $290.183 millones a un déficit de $3,7 billones.

Las dificultades financieras coincidieron con un aumento de los reclamos de los afiliados. Las quejas por procedimientos quirúrgicos subieron de 2.896 antes de la medida a 7.647 durante la intervención, un incremento del 164%, mientras que las tutelas para exigir atención médica pasaron de 16.845 en 2024 a 20.194 en 2025.

La Cooperativa Coosalud, accionista mayoritaria de la EPS y cabeza de un grupo de nueve sociedades, también quedó bajo control estatal un mes después de la intervención sanitaria. Documentos conocidos por la revista Cambio registraron pagos con tarjetas corporativas en un casino y un establecimiento para adultos de Cartagena, retiros millonarios en efectivo y contratos de obra sin soportes completos.

Coosalud nació el 20 de junio de 1994, cuando 800 habitantes del barrio El Pozón, en Cartagena, firmaron su acta de constitución frente a la Terminal de Transportes. El propósito era conseguir atención médica para familias en situación de pobreza, y su primer presidente fue Aniano Cantillo, un profesor de matemáticas y física que daba clases particulares.

Durante los años noventa, Jaime González Montaño asumió la dirección e impulsó alianzas con cooperativas del Valle del Cauca, Antioquia y Santander. La organización llegó a tener 5.000 asociados.

En 2017, la cooperativa separó el negocio de aseguramiento en salud y lo trasladó a Coosalud EPS, una sociedad por acciones de la que mantuvo la mayoría accionaria. Para 2024 poseía el 94,49% de la EPS, que atendía a más de tres millones de afiliados en distintas regiones del país, mientras la cooperativa reportaba activos por $236.319 millones.

El World Cooperative Monitor de 2025 ubicó a Coosalud S. A. en el puesto 92 entre las 300 mayores organizaciones cooperativas del mundo. La clasificación compara los ingresos de esas entidades con el producto interno bruto por habitante de cada país.

Según un artículo publicado por la revista Cambio, el conglomerado incluía a Inversa, dedicada a inversiones; Soluinnova, que administraba y adecuaba inmuebles; Portichelly, fabricante de uniformes; Alma Servicios, encargada de tareas administrativas, y Eventravels, vinculada al turismo. También tenía participaciones en Serenity Company IPS, la Clínica Hemato-Oncológica Bonadonna de Barranquilla y el Hospital Bocagrande de Cartagena.

El 6 de noviembre de 2024, durante la posesión de Giovanny Rubiano como superintendente de Salud, Petro se refirió a una denuncia sobre una red de EPS que presuntamente desviaba recursos públicos hacia paraísos fiscales. Al mencionar a Coosalud, le dijo al funcionario: “En mi opinión debe ser intervenida, ya usted lo examinará”.

La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de Coosalud EPS el 22 de noviembre. Un mes después, la Superintendencia de la Economía Solidaria intervino la cooperativa, por lo que los agentes designados asumieron su representación y los derechos de propiedad sobre las sociedades del grupo, incluidas Portichelly y Soluinnova.

Pagos en Cartagena y retiros de más de $56 millones

Según documentos conocidos por la revista Cambio, una tarjeta corporativa de Portichelly fue utilizada el 23 de septiembre de 2025 para realizar cuatro pagos por cinco millones de pesos en Texas Luxury Casino, ubicado en el barrio El Bosque de Cartagena. Los extractos bancarios registraron dos operaciones por un millón cada una, una por dos millones y otra por otro millón.

La cuenta de la empresa habría registrado otros dos pagos de $400.000 cada uno el 28 de noviembre en El Paraíso del Marino, identificado en el reporte de hallazgos como un prostíbulo del barrio Vista Hermosa de Cartagena. Los movimientos habrían ocurrido mientras la cooperativa permanecía intervenida.

Entre agosto y diciembre de 2025, de la misma cuenta habrían salido más de $56 millones en efectivo mediante cajeros automáticos. El 25 de septiembre, dos días después de las transacciones en el casino, se habrían retirado $14,6 millones en una sola operación.

Durante ese período, Andrés Felipe Arango Romero administró la Cooperativa Coosalud como interventor, tras ser designado por la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz. Arango nombró a Jhonathan Mauricio Ortiz como representante legal de Portichelly.

El 20 de agosto, la revista Cambio publicó otro artículo en el que se vinculó a María Masip Zawady, conocida como ‘la Coco’, con la EPS. En ese momento se conoció de la la presunta cercanía entre Navarro y Zawady, señalada como integrante de las llamadas “mariposas amarillas”, un grupo de mujeres cercanas al expresidente Petro.

La investigación también indicó que Arango Romero presentó una lista única para elegir la junta directiva de Coosalud Inversa. En ella aparecían Ortiz y la periodista Martha Elena Zawady, prima de María Masip Zawady.

Contratos sin respaldos y cuentas bajo embargo

Soluinnova suscribió dos contratos de obra por $972 millones con Transsem entre abril y mayo de 2025, cuando Solange del Socorro Ariza Guerrero ejercía como interventora de la cooperativa. Sixto Andrés Fernández Casas era el representante legal de Soluinnova y Alejandro González Pérez figuraba como su suplente.

González Pérez era, al mismo tiempo, representante legal de Transsem, la empresa contratista. Además, tenía un contrato con Soluinnova como auxiliar jurídico, con honorarios mensuales de tres millones de pesos.

La compañía registró anticipos por $399 millones para las dos obras: $299 millones fueron transferidos por operaciones bancarias y otros $100 millones se retiraron en efectivo el 7 de mayo de 2025. Durante el empalme no habrían sido encontrados documentos que acreditaran la entrega de ese dinero a Transsem, ni actas sobre avances o terminación de los trabajos.

La cooperativa también contrató durante la intervención a Alianza Gesa, WISS Consultoría Jurídica y Undejur por un total de $3.629 millones. Las tres firmas fueron vinculadas para cumplir funciones similares de asesoría jurídica.

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó el 26 de agosto devolver la administración de la Cooperativa Coosalud a sus asociados. El despacho concluyó que la Superintendencia de la Economía Solidaria no justificó suficientemente la prolongación de la intervención.

La Asamblea General de Delegados asumió el control transitorio el 31 de agosto y nombró a Jorge Luis Torrecilla Benavides para recibir la entidad. En el proceso identificó 26 embargos judiciales sobre cuentas de la cooperativa por $16.272 millones y diferencias por $7.479 millones entre saldos bancarios y registros contables que continuaban pendientes de aclaración.

Los reportes de la Dian de septiembre de 2026 mostraron que la cooperativa y cinco empresas vinculadas acumulaban deudas tributarias por $5.041 millones. Parte de las obligaciones correspondía a años previos a la intervención, aunque también había impuestos pendientes de 2025 y 2026, cuando las sociedades estaban bajo administración de funcionarios designados por el Gobierno.

Durante el empalme fueron detectados pagos por $1.450 millones realizados en agosto de 2026 a empresas cuyos contratos no aparecieron. Los gastos vigentes por honorarios y asesorías externas ascendían, para entonces, a por lo menos $ 594 millones mensuales.