El senador del Pacto Histórico, Cristian Kevin Gómez Paz, afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella suscribió un documento que, a su juicio, compromete la autonomía de Colombia sobre la explotación de minerales críticos y tierras raras.
El congresista pidió divulgar el contenido completo del acuerdo firmado el 8 de septiembre en Barranquilla, luego de que compartió el documento completo a través de un mensaje desde su perfil de X la mañana del sábado 24 de octubre de 2026.
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Gómez sostuvo que tiene “pruebas” de que el presidente no firmó un acuerdo estratégico con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sino un instrumento que favorecería intereses mineros de ese país.
El senador aseguró que el documento permaneció sin divulgación durante más de un mes y cuestionó las condiciones relacionadas con la gestión de recursos del subsuelo colombiano.
“Tengo en mi poder las pruebas de que Abelardo no firmó ningún ‘acuerdo estratégico’ con Marco Rubio: firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros de EE.UU.”, inicia la publicación de Gómez Paz, que lanzó una acusación al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
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“Ocultaron al país este documento durante más de un mes, porque sabían el escándalo que significa vender la Patria entregando nuestros recursos estratégicos”, agregó el senador que alertó al final de su mensaje al expresidente Gustavo Petro, luego de etiquetarlo.
La Cancillería colombiana y el Departamento de Estado firmaron los memorandos en Barranquilla
La versión difundida por Gómez contrasta con la información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, que indicó el 8 de septiembre que Rubio y el entonces canciller colombiano, Omar Bula Escobar, firmaron dos instrumentos de cooperación durante un acto en Barranquilla.
De acuerdo con la comunicación estadounidense, el presidente De la Espriella participó como testigo de honor en la ceremonia.
Los documentos correspondieron a un acuerdo de cooperación sobre minerales críticos y tierras raras, además de un memorando de entendimiento para cooperación nuclear civil.
El comunicado oficial señaló que el acuerdo sobre minerales busca fortalecer cadenas de suministro, promover proyectos de extracción y procesamiento, facilitar mecanismos de financiación y apoyar la cartografía geológica.
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También contempla la simplificación de trámites para permisos, herramientas de revisión por seguridad nacional en ventas de activos mineros y cooperación en reciclaje de minerales.
Gómez habló de un posible “veto geopolítico” sobre activos mineros
Uno de los cuestionamientos del senador se refiere a un supuesto mecanismo denominado “First Look”, que, según su interpretación,.
“Colombia se obliga a notificar a Estados Unidos antes de vender o licitar cualquier activo de minerales críticos o tierras raras”, escribió Gómez al explicar este punto, y añadióque Washington tendría capacidad de decisión sobre quién explota esos recursos.
El anuncio del Departamento de Estado sí menciona herramientas de revisión de seguridad nacional para la venta de activos de minerales críticos, aunque no detalla un derecho de veto de Estados Unidos sobre decisiones de Colombia ni establece, en el texto oficial, que Washington pueda escoger a los operadores de proyectos mineros en territorio colombiano.
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El acuerdo incluye cartografía geológica y agilización de permisos
Gómez Paz también cuestionó la cooperación prevista para elaborar y compartir información geológica.
Para el senador esa disposición abriría la puerta al control de reservas estratégicas por parte del complejo militar e industrial estadounidense.
El documento oficial habla de cooperación en cartografía geológica como parte del marco bilateral sobre minerales críticos, pero no expone un traslado de control sobre el subsuelo colombiano ni la entrega de titularidad de reservas mineras.
Gómez también declaró que el Gobierno se comprometió a acelerar licencias y permisos para facilitar operaciones de multinacionales y actividades de fracturación hidráulica.
El documento plantea la necesidad de simplificar los procedimientos de concesión de permisos, pero no menciona el fracking ni precisa cambios regulatorios concretos que Colombia deba adoptar.
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Los dos gobiernos plantearon identificar proyectos en un plazo de seis meses
Según el Departamento de Estado, ambos países asumieron el compromiso de movilizar respaldo público y privado mediante garantías, préstamos, capital, seguros, acuerdos de compra y mecanismos de facilitación normativa.
El objetivo consiste en identificar y financiar de forma conjunta proyectos de extracción y procesamiento dentro de los seis meses posteriores a la firma.
El segundo memorando firmado en Barranquilla estableció un acciones de cooperación en energía nuclear civil, y contempla intercambios técnicos, fortalecimiento regulatorio, alianzas con la industria y la evaluación de tecnologías como reactores modulares pequeños, además de aplicaciones en medicina, agricultura e investigación.
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