María Fernanda Carrascal recordó a excongresistas y exfuncionarios con títulos académicos en sus hojas de vida y que no completaron

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, reactivó el debate sobre la verificación de títulos académicos de funcionarios públicos con el Proyecto de Ley 019 de 2026, una iniciativa que propone habilitar una consulta pública en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) para comprobar estudios universitarios y convalidaciones de títulos extranjeros.

La propuesta surge en medio de los cuestionamientos a las credenciales de altos funcionarios, entre ellos la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, y el canciller Omar Bula Escobar.

Carrascal sostiene que la comprobación de estudios no debería depender de derechos de petición, respuestas de universidades o investigaciones periodísticas.

“¿Quién verifica los títulos de quienes nos gobiernan?”, preguntó la congresista en un carrete divulgado en Instagram, y añadió que “la transparencia no puede depender de cuánto tiempo tenga un ciudadano ni de qué tan difícil sea conseguir la información”.

El proyecto plantea abrir una consulta en el SNIES

La iniciativa busca usar una plataforma ya existente, sin crear una nueva entidad ni un sistema paralelo.

De acuerdo con la congresista, la consulta permitiría verificar información básica de los graduados y de sus títulos universitarios.

El Proyecto de Ley 019 de 2026 plantea que el SNIES incluya datos como el nombre e identificación de la persona graduada, el programa cursado, el título otorgado, la institución educativa, la fecha de grado y el acta o resolución correspondiente.

La propuesta también busca que la consulta incluya títulos expedidos desde 2003 y convalidaciones de estudios realizados en el exterior.

“Queremos que cualquier persona pueda consultar información sobre los títulos, las instituciones y las fechas de grado, aprovechando un sistema existente y sin crear una nueva entidad”, explicó la representante.

Carrascal aclaró que el proyecto no busca perseguir a funcionarios o personas vinculadas a un sector político, sino de “establecer reglas claras, iguales para todos, sin importar el partido político, el cargo o el poder de quien deba acreditar sus estudios”, afirmó.

La propuesta fue concebida en 2017 y ha enfrentado retrasos legislativos

La representante señaló que trabaja en la iniciativa desde 2017, y en un comienzo la presentó como una propuesta para la Procuraduría General de la Nación y luego la convirtió en un proyecto de ley que redactó para el entonces senador Inti Asprilla, junto con un análisis del estado del arte.

Cuando llegó al Congreso, Carrascal retomó el texto y lo entregó a su equipo para impulsar el trámite legislativo. No obstante, indicó que la iniciativa ha quedado fuera de la agenda en dos oportunidades debido al represamiento de proyectos.

“Es un proyecto que lleva años de trabajo y compromiso, y merece la oportunidad de ser debatido”, señaló la representante, y espera que esta vez la propuesta sea agendada para discusión en la Cámara.

La finalidad, según la legisladora, es que la verificación de un diploma sea “tan fácil como consultar un antecedente”. “La transparencia no tiene partido y no puede seguir esperando”, manifestó.

Los casos recientes volvieron a poner el foco sobre las hojas de vida

El proyecto volvió a cobrar visibilidad después de los cuestionamientos contra Carolina Restrepo, directora del Icbf.

El senador Duvalier Sánchez y el concejal Julián Triana, ambos de Alianza Verde, anunciaron que acudirán a la Procuraduría y a la Fiscalía por presuntas inconsistencias en los documentos con los que acreditaron su experiencia laboral.

Los dirigentes cuestionaron una certificación relacionada con Restrepo Cañavera S.A.S. y el papel de Érika Jiménez, quien firmó uno de los soportes laborales y luego fue contratada por el Icbf. Restrepo dejó su defensa jurídica en manos de abogados particulares, defendió a Jiménez y aseguró que no renunciará al cargo.

En paralelo, una investigación de Casa Macondo cuestionó títulos académicos incluidos en la hoja de vida oficial del canciller Omar Bula.

Según el mismo medio, el ministro habría presentado como formación técnica un curso ejecutivo de cinco días en Harvard, registró como especialización un certificado de educación continua de la Universidad George Washington y consignó una maestría con doble titulación como dos posgrados independientes.

El informe también señaló que Bula afirmó haber tenido estudios en la Universidad de Lovaina y un programa de Harvard que no figurarían como títulos verificables en los documentos revisados.

El canciller no respondió las preguntas enviadas por el medio, de acuerdo con lo que detalló la misma publicación.

Carrascal incluyó una lista de antecedentes de distintos sectores políticos

En su publicación, la representante incluyó casos que, a su juicio, demuestran que el problema trasciende partidos y gobiernos.

Entre ellos mencionó los estudios anunciados por el expresidente Iván Duque en Harvard en 2018; la controversia por plagio en la tesis de maestría de Jennifer Arias en 2021; y el debate por el título de abogado del excongresista Julián Bedoya, que terminó con su restitución por la Corte Constitucional.

También incluyó a John Jaime Sánchez (exalcalde de Yacopí, Cundinamarca), enviado a juicio en 2017 por el uso de un supuesto título falso de ingeniería; a César Suárez Mira (exalcalde de Bello, Antioquia), condenado en 2021 por presentar un diploma de bachiller que no correspondía con su formación; y a Óscar Hernando Motta (exdirector de las TIC en Neiva, Huila), cuya universidad no reconoció un diploma de ingeniería, hecho que derivó en su destitución e inhabilidad.

La lista mencionó además casos asociados con riesgos para la ciudadanía, como investigaciones sobre médicos que acreditaron títulos irregulares, personas sin formación que habrían practicado cirugías estéticas, falsos veterinarios, docentes investigados por diplomas presuntamente alterados y redes que habrían vendido títulos a maestros.

El trámite legislativo deberá definir el alcance de la consulta, las medidas de protección de datos personales, las responsabilidades de las instituciones educativas y los mecanismos para corregir eventuales inconsistencias en los registros.

Por ahora, el Proyecto de Ley 019 de 2026 Cámara espera ser incluido en la agenda del Congreso.