Director del Idrd respondió al pedido del concejal Juan David Quintero de suspensión por contrato de $26.101 millones con Sencia

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, salió al paso de las denuncias formuladas por el concejal de Bogotá Juan David Quintero sobre la concesión de El Campín.

El funcionario rechazó que el Distrito hubiera asumido el pago de $26.101 millones mencionado por el cabildante, defendió las decisiones de la entidad frente a Sencia y advirtió que estudia acciones ante las autoridades por los señalamientos en contra de su equipo.

El pronunciamiento se produjo luego de que Quintero solicitara al alcalde Carlos Fernando Galán suspender a García Cañón y a otros directivos del IDRD de cualquier decisión que involucre a Sencia, concesionaria del proyecto de renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín.

El concejal fundamentó su petición en varias situaciones que, según afirmó, ameritan una revisión independiente. Entre ellas, mencionó la diferencia entre documentos del proceso contractual, un otrosí que modificó plazos del proyecto y posibles conflictos de interés entre personas vinculadas al Instituto y la empresa concesionaria.

También pidió al Distrito crear una comisión autónoma que examine las determinaciones adoptadas en la APP, mientras los organismos de control revisan la documentación de la concesión.

El IDRD sostuvo que los $26.101 millones no salieron de recursos públicos

Uno de los principales cuestionamientos de Quintero se refiere a un pago de $26.101.691.506 efectuado el 28 de octubre de 2024. Según lo expuesto por el cabildante, Sencia entregó esa suma a APP CDEC S. A. S., firma que estructuró el proyecto y que más tarde quedó vinculada a la adjudicación de la concesión.

Para el concejal, el caso debe ser revisado porque la Ley 1508 de 2012 prevé el reconocimiento de costos de estructuración bajo determinadas condiciones, entre ellas, que el originador de la iniciativa no sea el seleccionado en el proceso. Quintero cuestionó que esos recursos fueran reconocidos a una sociedad relacionada con el proyecto que finalmente obtuvo la concesión.

García Cañón respondió que el Distrito no intervino como pagador en esa operación. “El Distrito no desembolsó esos recursos, fue un pago entre dos empresas privadas: Sencia y APP CDEC”, señaló el director del IDRD.

El funcionario agregó que el reconocimiento de los costos había sido establecido desde agosto de 2023, antes de que se definiera la adjudicación y se firmara el contrato de la APP. Además, afirmó que el tema ya fue presentado a la Contraloría de Bogotá en febrero de 2025, con los documentos que sustentan la operación.

“Cualquier diferencia entre los documentos contractuales puede y debe ser examinada”, afirmó García Cañón, quien sostuvo que el Instituto entregará la información que soliciten los entes de vigilancia.

Quintero pidió aclarar cambios en la minuta del contrato

La denuncia del concejal se concentra en una modificación que, según explicó, habría ocurrido entre una minuta inicial y el contrato que se suscribió después de la adjudicación. A juicio de Quintero, la redacción original condicionaba el reconocimiento de los gastos de estructuración a que un tercero ganara la concesión.

El contrato final, según los cuestionamientos del cabildante, habría permitido el desembolso a APP CDEC. Por ello, pidió que se determine quién autorizó el cambio, cuál fue la justificación legal y técnica para hacerlo y si el ajuste respetó las reglas aplicables a las asociaciones público-privadas.

García Cañón defendió las etapas del proceso contra Sencia

Frente a los reclamos por la actuación del Instituto ante los problemas de la cancha, el director afirmó que el IDRD no puede omitir los procedimientos contemplados en el contrato. Según explicó, la entidad debe emitir requerimientos, permitir que la concesionaria presente una respuesta, respetar un periodo de subsanación y contar con un informe de la interventoría.

“El contrato establece unas etapas que debemos respetar. Primero los requerimientos, después la oportunidad de respuesta y el periodo de cura y, finalmente, el informe de la interventoría que sustenta la actuación”, dijo.

García Cañón indicó que el incumplimiento de esas fases podría afectar la solidez jurídica de cualquier decisión posterior. “Actuar con rigor no es quedarse quietos”, expresó al defender la apertura formal del proceso contra Sencia.

La actuación administrativa busca establecer si existieron incumplimientos contractuales por las condiciones de la gramilla. Por ahora, no implica que exista una sanción definitiva contra la empresa, pues el trámite permite la presentación de descargos y pruebas antes de que el IDRD adopte una determinación.

El director negó que se hubiera alterado el objeto de la APP

Otro punto de discusión es el Otrosí 1, suscrito en julio de 2025. Quintero aseguró que el documento amplió los tiempos previstos para distintas etapas: la preconstrucción pasó de 12 a 16 meses, la construcción cambió de 42 a 44 meses y el plazo para acreditar el cierre financiero se extendió de 360 días a 15,5 meses.

El cabildante cuestionó, además, que esas modificaciones permitieran mantener la explotación del estadio actual durante el desarrollo de la obra. En su criterio, el IDRD debe justificar por qué esos ajustes no modificaron el alcance de la concesión.

García Cañón sostuvo que la APP ya incluía la construcción de un estadio nuevo desde su adjudicación en 2023. “No es correcto afirmar que se cambió el objeto del contrato”, manifestó. El funcionario afirmó que las modificaciones posteriores tienen argumentos técnicos, financieros y jurídicos. También negó que se hubieran diseñado para favorecer intereses ajenos al cumplimiento del proyecto.

García Cañón también respondió a los reparos por la interventoría contratada para seguir la concesión. Explicó que ese acompañamiento especializado no reemplaza las responsabilidades del IDRD y que el Instituto conserva sus facultades de inspección, vigilancia y control.

Sobre los señalamientos de una posible “puerta giratoria” entre el IDRD y Sencia, indicó que cualquier indagación debe basarse en información verificable. “Cualquier posible incompatibilidad o conflicto de interés debe investigarse con nombres, fechas, documentos y pruebas”, sostuvo.

El director dijo que el Instituto no obstaculizará investigaciones y pondrá a disposición de las autoridades la información requerida. Sin embargo, cuestionó que las denuncias se presenten como responsabilidades ya demostradas. “No puedo guardar silencio cuando se pone en duda mi integridad y la del equipo mediante acusaciones que deben ser demostradas en sede judicial”, afirmó García Cañón.

El funcionario anunció que acudirá a las instancias competentes para evaluar si algunas afirmaciones pueden configurar injuria o calumnia.

Mientras el IDRD mantiene abierto el procedimiento administrativo contra Sencia, Quintero espera que la Alcaldía de Bogotá responda a su solicitud de suspensión y a la propuesta de integrar una comisión independiente para examinar la APP de El Campín.