Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. se refirió a la revocatoria de visas a 21 colombianos, incluidos Ricardo Roa, Yahir Acuña, Wadith Manzur y Karen Manrique: “Es un priviegio, no un derecho”

Además del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, que se refirió a la revocatoria de visas a siete ciudadanos colombianos, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. Thomas “Tommy” Piggot también se pronunció luego de la revocatoria de visas a siete ciudadanos colombianos que se anunció la tarde del jueves 22 de octubre de 2026.

A través de un mensaje desde su perfil en X, Piggot fue tajante al expresar que “un visado es un privilegio, no un derecho”.

El funcionario del Gobierno de Donald Trump, y cuyo jefe directo es el secretario de Estado Marco Rubio, agregó que EE. UU. “está imponiendo restricciones de visado a 21 personas en Colombia para desarticular las redes criminales en todo nuestro hemisferio”.

Esta decisión responde a una estrategia para promover la rendición de cuentas frente a posibles actos de corrupción y proteger la estabilidad regional, además de imponer restricciones que buscan apoyar los esfuerzos de Colombia y Bolivia para erradicar la influencia ilícita en tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos.

La medida migratoria cobija a funcionarios y exfuncionarios colombianos que figuran en investigaciones o procesos judiciales por presuntas irregularidades relacionadas con contratación estatal, financiación electoral, manejo de recursos públicos y vínculos con estructuras ilegales.

“Para proteger la estabilidad regional, es necesario fomentar la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción”, destacó por su parte Segura en su cuenta de X.

Los siete colombianos incluidos en la decisión de Washington

La lista difundida por las autoridades estadounidenses incluye a:

• Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
• El alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales.
• El senador electo y exrepresentante a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett,
• La representante electa Karen Astrith Manrique Olarte.
• Los exsenadores Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla.
• El excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa Betancur.

Estos siete colombianos se sumaron a la senadora Marha Peralta y al empresario Euclides Antonio Torres Romero, uno de los que financió la campaña presidencial de Petro.

Piggot y Segura compartieron el comunicado del Departamento de Estado, y en el que se determinó que sus decisiones de visado hacen parte de una política que permite restringir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros cuando sus actividades puedan tener consecuencias graves para los intereses de política exterior de ese país.

Ricardo Roa enfrenta investigaciones por la campaña de Petro y un apartamento en Bogotá

En el caso de Ricardo Roa, la Fiscalía General de la Nación adelanta actuaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Entre los asuntos analizados están las posibles violaciones a los topes de gasto electoral.

Roa también enfrenta verificaciones por la compra de un apartamento en Bogotá. La operación es objeto de indagación por posibles beneficios indebidos que, según las hipótesis investigativas, podrían tener relación con contratos de Ecopetrol.

Por su parte, Manzur, Manrique y Bitar aparecen mencionados en el expediente relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Las investigaciones buscan establecer si existieron acuerdos para favorecer operaciones de contratación pública a cambio de respaldos legislativos o actuaciones en el Congreso.

El exsenador Chagüí también ha sido mencionado en pesquisas sobre presuntos acuerdos entre congresistas y funcionarios vinculados con contratos estatales.

Yahir Acuña y José Ignacio Mesa tienen procesos judiciales distintos

La situación del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, está relacionada con actuaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta por presuntos vínculos con estructuras ilegales.

En el caso de José Ignacio Mesa, la situación judicial tiene un alcance diferente. La Corte Suprema dejó en firme una condena de seis años de prisión por concierto para delinquir agravado, relacionada con nexos con organizaciones criminales que, según una decisión judicial, respaldaron sus campañas políticas.

El Departamento de Estado sostuvo que la política de restricciones apunta a personas que, por actividades de corrupción o narcotráfico, puedan socavar gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio, “independientemente de su filiación política”.

La entidad vinculó esta actuación con compromisos asumidos durante la cumbre de Doral de marzo y con una declaración de los líderes del Escudo de las Américas emitida el 22 de septiembre.

La medida se sustenta en la ley migratoria de Estados Unidos

Las restricciones se aplicaron bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esa disposición permite al secretario de Estado negar visas cuando existan motivos razonables para considerar que el ingreso de un extranjero o sus actividades previstas en territorio estadounidense podrían tener consecuencias adversas de importancia para la política exterior del país.

No obstante, desde el Departamento de Estado se puntualizó que la administración Trump respalda al Gobierno De la Espriella en los esfuerzos para enfrentar la influencia criminal en instituciones públicas, incluidos tribunales, fuerzas policiales y órganos legislativos.

La decisión fue celebrada por parte del jefe de Estado colombiano, que se pronunció vía X, e hizo referencia a los ciudadanos incluidos en la restricción migratoria, y utilizó tres de las frases que más señala cuando se presentan resultados por parte de su administarción: “Bienvenidos a la Patria Milagro. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”.