Contraloría ‘rajó’ el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro: fue el peor en ejecución de los últimos tres gobiernos

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro alcanzó un 72,5 % de cumplimiento al 7 de agosto, el resultado más bajo entre los últimos tres gobiernos. Así lo dio a conocer el vicecontralor general de la República, Francisco José Chaux, en un balance en el que expuso retrasos en temas claves de la anterior administración.

Según Chaux, se registraron falencias en compromisos como la reforma agraria, agua potable rural, salud pública, juventud y sustitución de cultivos. En el ámbito de los pactos trazados con los pueblos étnicos, concentraron una parte de los atrasos, pues de los 269 evaluados, 149 avanzaron menos de la mitad y 82 no registraron ningún progreso.

En ese sentido, la Contraloría también señaló deficiencias en los reportes y en la comprobación de los indicadores. Del total de metas examinadas, el 33% se cumplió, el 44% quedó pendiente y el 23% mostró un avance inferior al 50%; en contraste con resultados con los períodos 2014-2018, que llegó al 82,5%, y 2018-2022, al 82,21%.

Para Chaux, la evaluación no solo encontró retrasos en las metas, sino problemas en los sistemas de información que respaldan los balances de gestión, lo que llevó al funcionario a advertir fallas en los reportes institucionales y en los mecanismos de verificación de los indicadores en los territorios y la población beneficiaria.

“La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado”, afirmó el vicecontralor, que reiteró la necesidad de respaldar la gestión pública con pruebas sobre las metas anunciadas y sus resultados efectivos, como no habría ocurrido en la administración Petro.

Así estuvo diseñado el Plan Nacional de Desarrollo en el período de Gustavo Petro

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, potencia mundial de la vida, fue diseñado con un presupuesto estimado de $1.154,8 billones. La propuesta buscaba orientar la economía hacia la sostenibilidad ambiental y la equidad social mediante una planificación participativa basada en los Diálogos Regionales Vinculantes.

La primera transformación planteaba ordenar el territorio alrededor del agua. El objetivo era planificar el crecimiento de las ciudades, las zonas rurales y la economía con la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas como eje, en lugar de las lógicas del mercado; y entre sus metas estaba actualizar el catastro en el 70% del país.

El segundo componente, seguridad humana y justicia social, recibió la mayor asignación presupuestal: $743,7 billones. Los objetivos, según el documento aprobado por el Congreso, incluían reducir la pobreza extrema y multidimensional a un solo dígito, ampliar la gratuidad en la educación superior y fortalecer los sistemas de salud y pensiones.

Por su parte, el derecho humano a la alimentación constituyó la tercera transformación. El plan propuso combatir el hambre y asegurar la producción suficiente de alimentos para la población, con menor dependencia de las importaciones; aunque, a juzgar por el balance de la Contraloría, no se habría cumplido a cabalidad en el cuatrienio.

La estrategia contemplaba fomentar la producción agropecuaria local y mejorar la disponibilidad física y económica de alimentos. Los rezagos identificados en reforma agraria y salud pública alcanzan, por lo tanto, áreas vinculadas con estos propósitos, según lo expuesto por el vicecontralor en su pronunciamiento.

Tierra, paz y transición energética entre los compromisos pendientes

La reforma rural integral incluía la entrega y titulación de cerca de 3 millones de hectáreas a campesinos, de las cuales se habrían gestionado más de 703.000 hectáreas. La medida impulsada por Petro buscaba impulsar la producción de alimentos y contribuir a la paz, aunque se registraron rezagos en la reforma agraria.

El plan también asignó $50,4 billones de pesos a la inversión para la paz. Esa partida estaba destinada al cumplimiento y la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Estado con la extinta guerrilla de las Farc; mientras que la cuarta transformación en el PND proponía modificar una economía dependiente del petróleo y el carbón.

El objetivo era avanzar hacia actividades basadas en el conocimiento, la biodiversidad, el turismo y la agricultura, junto con una transición energética financiada con excedentes minero-energéticos. La meta energética contemplaba aumentar en 2.000 MW la capacidad de fuentes renovables y no firmar nuevos contratos de exploración minera pesada e impulsar la generación solar, eólica y la economía circular.

Por último, la convergencia regional completaba las cinco transformaciones del programa. Su propósito era reducir las brechas sociales y económicas entre los centros urbanos y regiones periféricas como el Pacífico, la Amazonía y el Caribe mediante conectividad, servicios e infraestructura local, aunque no se conoció un balance integral.