Ministro de Justicia confirmó que se activó el proceso para extraditar a Leónidas Bustos, implicado en el cártel de la Toga

La Corte Suprema confirmó la condena contra el exmagistrado José Bustos Martínez a 123 meses y un día de prisión por integrar la red conocida como Cártel de la Toga. El tribunal pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsar su extradición desde Canadá, donde permanece fuera del alcance de la justicia colombiana.

La decisión fue adoptada el miércoles 14 de octubre de 2026 y divulgada el viernes 16 de 2026. La Sala de Casación Penal ratificó íntegramente la sentencia de primera instancia del 20 de febrero.

Bustos, implicado en el Cartel de la toga, fue hallado responsable de concierto para delinquir y cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo. La pena también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo período y una multa de $133.738.170.

Tras la confirmación por parte del alto tribunal, Iván Cancino, ministro de Justicia, dijo en rueda de prensa que la cartera está preparada para llevar a cabo los trámites necesarios. Además, señaló que el proceso de repatriación fue ejecutado.

“Estamos esperando a que se nos dé la información. Al interior del Estado cada entidad tiene una responsabilidad. El Ministerio de Justicia está presto a efectuar todos los trámites que se requieran y obviamente tengo claro que ya se activaron. Cuando le corresponda al Ministerio de Justicia actuaremos de manera inmediata para lograr esa extradición, porque ya es una orden de la Corte Suprema”, señaló.

La red de sobornos en procesos contra aforados constitucionales

En el fallo, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria concluyó que el exmagistrado participó en una estructura que ofrecía intervenciones irregulares en procesos penales contra aforados constitucionales a cambio de pagos millonarios. En efecto, sostuvo que “la ética judicial es innegociable”.

La organización estuvo integrada por Bustos, los entonces magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, y abogados como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy litigante. El grupo buscaba “intervenir ilegalmente en el curso de procesos de única instancia contra aforados constitucionales”, de acuerdo con la providencia.

Las maniobras incluyeron demoras, archivos, autos inhibitorios, preclusiones y la omisión de órdenes de captura. Para la Sala, Bustos aportó al esquema su “disponibilidad y respaldo institucional” como integrante de la Sala de Casación Penal.

Su intervención no dependía de que fuera ponente de los expedientes, pues tenía capacidad para influir en decisiones colegiadas de la corporación. Los magistrados rechazaron el argumento de la defensa sobre una presunta falta de competencia funcional y señalaron que “lo cuestionable fue la oferta de su dignidad como presidente (...), al servicio de intereses particulares”, explicó el organismo.

Uno de los episodios examinados involucró al exsenador Álvaro Ashton, que pactó el pago de $1.200.000.000 para obtener el archivo de una indagación por parapolítica. Ashton entregó inicialmente $600.000.000 y la Corte estableció que Bustos recibió al menos $200.000.000 en efectivo en su apartamento, por intermedio de Moreno.

Moreno habría llevado ese dinero por instrucciones de Ricaurte. La finalidad era retrasar el expediente y conseguir un auto inhibitorio en favor del excongresista.

El segundo caso tuvo como protagonista al exsenador Musa Besaile, que habría acordado pagar $2.000.000.000 para aplazar una investigación en su contra y evitar la emisión de una orden de captura. Aunque Moreno afirmó inicialmente que Bustos no participó de manera directa, la Sala valoró otros testimonios, entre ellos el de Besaile.

El exsenador declaró que Moreno le explicó que una parte del dinero era para “mi papá”, una expresión que luego identificó como una referencia al exmagistrado. Conforme a su exposición, Bustos aceptó la suma ofrecida y respaldó las actuaciones que frenaron el proceso.

Una asociación activa hasta las grabaciones de 2017

La sentencia ratificó que la asociación criminal se formó entre 2012 y 2013 y continuó activa hasta 2017, cuando se conocieron grabaciones obtenidas en Estados Unidos que expusieron la red de sobornos. La Corte avaló la incorporación de esos registros al expediente y descartó que la difusión periodística hubiera afectado la imparcialidad de los jueces.

La providencia también detalló contactos entre Bustos y Moreno: visitas al Palacio de Justicia, negocios y vehículos, viajes a Panamá y Miami, además de intercambios de mensajes. Para el tribunal, esos elementos mostraron una “relación de confianza y accesibilidad que no encontró explicación en el ejercicio ordinario del derecho ni en los antecedentes académicos comunes”.

La Corte Suprema requirió al Gobierno nacional que active las actuaciones diplomáticas necesarias para lograr la extradición de Bustos desde Canadá. El tribunal advirtió que su salida del país “deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado”.