El Gobierno prohibió arrojar escombros del terremoto en cauces y basureros: habrá control sobre el destino de los residuos

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible prohibió disponer los escombros del terremoto del 10 de agosto de 2026 en ríos, humedales, rellenos sanitarios, vías y lotes, como parte de una circular conjunta que fijó controles para su separación, transporte, registro y destino final en las zonas incluidas en la declaratoria de desastre nacional.

Los residuos de construcción y demolición derivados de la emergencia deberán llegar a sitios habilitados y cada traslado tendrá que quedar documentado desde el lugar de origen hasta su disposición final. La medida busca evitar que las tareas de remoción de materiales generen nuevos riesgos sanitarios o daños sobre los ecosistemas.

La circular fue emitida por los ministerios de Ambiente, Salud y Protección Social, Vivienda, Ciudad y Territorio, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Las entidades también establecieron lineamientos para residuos peligrosos, aparatos eléctricos y electrónicos, desechos de servicios de salud y alimentos que no sean aptos para el consumo humano.

El viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Guerrero, sostuvo que la disposición apunta a prevenir problemas de salud pública y afectaciones ambientales en los territorios impactados. “Los escombros deben separarse de los demás residuos y llevarse a sitios habilitados, con registro de su traslado y destino. De ninguna manera pueden terminar en ríos, humedales, vías, ni rellenos sanitarios”, afirmó.

Los residuos de construcción deberán llegar a sitios autorizados

La principal restricción de la circular recae sobre los materiales provenientes de edificaciones afectadas, demoliciones y labores de limpieza. Ladrillos, concreto, madera, metales y otros elementos de construcción tendrán que separarse de los residuos ordinarios y clasificarse de acuerdo con sus características.

La norma prohíbe expresamente abandonar esos materiales en ríos, humedales, cauces, rondas hídricas, rellenos sanitarios, vías y lotes. Tampoco podrán depositarse en otros espacios que no cuenten con autorización para recibir residuos de construcción y demolición.

La medida busca evitar que los escombros bloqueen drenajes, alteren cursos de agua o se mezclen con basura doméstica. El Gobierno indicó que la disposición final deberá realizarse en instalaciones habilitadas para esa clase de materiales.

Además, cada movimiento de carga deberá contar con un registro que identifique el punto de salida, el destino y la cantidad transportada, medida en unidades de peso. La trazabilidad será obligatoria desde la recolección hasta la disposición final, según las orientaciones oficiales.

Ese mecanismo permitirá a las autoridades verificar el recorrido de los residuos y detectar posibles incumplimientos en su manejo. También facilitará el seguimiento de las empresas, entidades o personas responsables de transportar los materiales.

Podrán habilitar acopios temporales si faltan sitios con capacidad

La circular contempla la posibilidad de que los lugares autorizados para recibir escombros no tengan capacidad suficiente durante la atención de la emergencia. En ese escenario, las autoridades podrán autorizar de forma temporal espacios de acopio transitorio.

Esos puntos no podrán operar sin controles. Cada uno deberá tener un responsable definido, un límite de capacidad, mecanismos de supervisión y un plan de cierre. La disposición busca que los acopios temporales no se conviertan en depósitos permanentes o en nuevos focos de contaminación.

Las orientaciones se aplicarán en los departamentos incluidos en la declaratoria de desastre nacional. Su ejecución corresponderá a las autoridades territoriales, los generadores de residuos, los gestores autorizados y los demás actores involucrados en la cadena de recolección y disposición.

El asbesto, los equipos electrónicos y los residuos hospitalarios tendrán manejo diferenciado

El Gobierno estableció exigencias específicas para materiales que pueden representar riesgos adicionales. Los residuos peligrosos y los aparatos eléctricos y electrónicos deberán separarse desde el lugar donde se generan y entregarse a gestores autorizados.

En el caso de estructuras o elementos que puedan contener asbesto, la circular prohíbe romperlos, cortarlos o triturarlos. Si se identifica este material, los residuos deberán tratarse como peligrosos y someterse al manejo previsto para esa categoría.

Las disposiciones también alcanzan a los desechos generados por los servicios de salud durante la emergencia. Las sedes extramurales, transitorias o itinerantes deberán respetar las normas sanitarias vigentes, incluido el almacenamiento temporal y la manipulación de elementos cortopunzantes.

El objetivo es impedir que residuos médicos, equipos dañados o materiales contaminantes terminen mezclados con desechos comunes. La separación desde el origen será una obligación para los materiales que requieran tratamiento especializado.

El servicio de aseo deberá priorizar albergues y sitios críticos

La circular ordena a las empresas prestadoras del servicio público de aseo activar sus Planes de Emergencia y Contingencia. Las compañías deberán ajustar rutas y frecuencias de recolección mientras persistan las necesidades derivadas del terremoto.

La atención tendrá prioridad en asentamientos, albergues y zonas con mayor acumulación de residuos. También deberán atenderse centros de salud, estaciones de Bomberos y Policía, organismos de socorro e infraestructura eléctrica y de comunicaciones.

Los usuarios deberán recibir información previa sobre los cambios en los recorridos o en la frecuencia de la recolección. La medida busca que las comunidades afectadas conozcan cuándo y cómo se prestará el servicio durante las labores de recuperación.

En materia de alimentos, la circular establece que los productos que no sean aptos para el consumo humano no podrán donarse ni redistribuirse. Los alimentos que no cumplan las condiciones sanitarias deberán salir de la cadena de ayudas, con el fin de evitar riesgos para la población afectada.

La aplicación de estas medidas dependerá de la coordinación entre las entidades nacionales, las autoridades locales, los prestadores de aseo y los gestores de residuos. El Gobierno busca que la remoción de escombros tras el terremoto no derive en una nueva emergencia ambiental o sanitaria.