Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe habrían acordado una tregua, pero con condiciones: este habría sido el acuerdo

El presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe habrían acordado bajar la tensión entre el Gobierno y el uribismo a cambio de respaldo legislativo recíproco, una tregua que busca asegurar mayorías para las iniciativas de ambos sectores antes de que la disputa electoral vuelva a tomar fuerza en 2027.

Según información conocida por El Colombiano, el acercamiento habría incluido una conversación telefónica entre los dos dirigentes, luego de semanas de fricciones que se arrastraban desde la campaña.

Además, la relación habría comenzado a distenderse tras una reunión en la Casa de Nariño con los senadores de Salvación Nacional Enrique Gómez y Sara Castellanos, realizada durante una jornada legislativa.

La bancada del Centro Democrático tendría lista una contrarreforma pensional para presentar entre el martes 20 y miércoles 21 de octubre. La iniciativa buscaría garantizar la sostenibilidad del sistema, devolverles a los ciudadanos la posibilidad de elegir el régimen en el que ahorran y ofrecer alternativas a quienes no reúnen todas las condiciones para jubilarse.

El respaldo del Ejecutivo a ese proyecto y a una propuesta para limitar los incrementos del avalúo catastral y del impuesto predial habría sido parte del entendimiento. Los detalles fueron conocidos por El Colombiano, que informó que ambas partes buscan concentrarse en la agenda del Congreso.

Las iniciativas legislativas en el centro del acuerdo

El proyecto sobre el predial fue presentado a finales de julio por el representante uribista Óscar Darío Pérez. La senadora Claudia Margarita Zuleta, coautora de la iniciativa, sostuvo que el objetivo es proteger a los contribuyentes frente a aumentos en esas cargas.

Zuleta afirmó que el Centro Democrático acompaña las propuestas que puedan beneficiar al país. Sobre la disminución de los choques políticos, expresó: “Para pelear se necesitan dos, y no estamos para eso. Sí creo que el Gobierno tiene hoy un amplio apoyo en el Congreso y debe mantener una buena relación con las bancadas para que su agenda prospere”.

El uribismo, a su vez, habría expresado disposición a acompañar iniciativas del Gobierno, entre ellas la ley de sometimiento. Los coordinadores ponentes para el primer debate de esa propuesta son Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Eimy Suárez, de Cambio Radical.

También figura la ley contra la “mermelada”, radicada recientemente por el Ejecutivo. A esas apuestas se sumarían un estatuto antiterrorista, que ya recibió el visto bueno del comité de política criminal, y un proyecto para convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia.

La Casa de Nariño también debe tramitar el presupuesto de 2027, que tiene plazo hasta el 20 de octubre para ser discutido en el Congreso. De no ocurrir, el Gobierno podría expedirlo por decreto, mientras ya presentó con mensaje de urgencia una adición presupuestal para 2026.

La agenda oficial incluye además una reforma tributaria, denominada “ley de rescate fiscal”, y el Plan Nacional de Desarrollo. La necesidad de aprobar ese paquete llevaría al Ejecutivo a preservar el respaldo de toda su coalición, incluido el uribismo.

Reclamos por el trato a los congresistas y el tono político

Las diferencias no se limitaban a los proyectos de ley. Dentro del partido había malestar por el trato recibido por algunos congresistas en gestiones regionales, luego de que dos parlamentarios, uno liberal y otro del Centro Democrático, presuntamente no pudieran ingresar a una reunión con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La cita había sido solicitada por la gobernadora del Meta para discutir el fenómeno de El Niño. En sectores del uribismo interpretaron el episodio como una señal negativa y cuestionaron que los acercamientos de legisladores al Gobierno sean entendidos como intentos de obtener beneficios burocráticos.

Un mejor vínculo con el Congreso habría sido uno de los pedidos de Uribe. Del lado del Gobierno, en cambio, se habría solicitado moderar los mensajes públicos de algunos integrantes del Centro Democrático.

Fuentes cercanas al proceso señalaron a El Colombiano que dentro de la colectividad existe consenso sobre la necesidad de actuar con mayor responsabilidad en sus comunicaciones. La condición de partido de gobierno, según esa visión, no implica otorgar un “cheque en blanco”, pero sí brindar un apoyo más directo a las iniciativas oficiales.

Durante la llamada, cada dirigente habría mencionado a un senador de la bancada contraria. De la Espriella le habría pedido a Uribe que moderara a Rafael Nieto, señalado como uno de los congresistas que más cuestiona al presidente.

El expresidente, por su parte, habría solicitado que Enrique Gómez redujera sus críticas contra el uribismo. El senador ha llegado a afirmar que “Uribe es socialista”, aunque esos comentarios se habrían detenido, al menos temporalmente, después del contacto entre ambos dirigentes.

Miller Soto, vocero del Gobierno, aparece como uno de los interlocutores para reducir las tensiones. Según personas cercanas a las conversaciones, transmitió al presidente el malestar de Uribe por videos elaborados con inteligencia artificial que circularon durante la campaña.

Las piezas mostraban a integrantes del Centro Democrático, entre ellos Paloma Valencia y el propio expresidente, en supuestas reuniones con “los de siempre” e incluso con el expresidente Santos. Ese contenido provocó incomodidad en el uribismo.

La cercanía de Soto con Uribe quedó expuesta durante la posesión presidencial en Cali, cuando el exmandatario señaló al vocero y dijo en tono jocoso: “Ese es cuota mía”. Más recientemente, Soto le habría transmitido mensajes según los cuales De la Espriella busca mantener una buena relación con el expresidente.