Corte Suprema ordenó la captura del exmagistrado del mismo tribunal Camilo Tarquino, condenado por el caso del Cartel de la Toga: deberá pagar 6 años de prisión

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión, y ordenó su captura inmediata para que cumpla su pena en un establecimiento carcelario del país.

La decisión fue adoptada el miércoles 14 de octubre pero se conoció a la opinión pública el lunes 19 de octubre de 2026, en la que el alto tribunal rechazó los argumentos de la defensa del extogado. También mantuvo una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación durante cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.

“Se dispondrá que, por la Secretaria de la Sala, se expida orden de captura en contra de CAMILO HUMBERTO TARQUINO GALLEGO (...) Una vez la orden de captura se haga efectiva, déjese al procesado a disposición del Juzgado Sexto Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, que dispondrá de lo necesario para el cumplimiento de la sentencia”, se lee en el fallo de la Corte.

La resolución es de única instancia o definitiva, por lo que las partes no pueden impugnarla, modificarla o revocarla a través de mecanismos ordinarios como la apelación o la reposición. El expediente, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, vinculó el caso con el escándalo conocido como el “cartel de la toga”.

En ese sentido, la Corte Suprema puso fin al recurso de casación presentado por la defensa y dejó firme la condena dictada inicialmente en mayo de 2023, que el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en abril de 2025.

Cronología del caso

La condena se originó en septiembre y octubre de 2014, cuando Tarquino Gallego sostuvo reuniones con el entonces gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien era investigado por su presunta participación en el cartel de la hemofilia y por irregularidades en procesos de contratación durante su administración en ese departamento.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación determinaron que el exmagistrado pidió dinero en dos de esos encuentros para facilitar contactos con personas o funcionarios que conocían detalles de los procesos contra Lyons o que podían impedir actuaciones en su contra. Tarquino Gallego había presidido la Corte Suprema de Justicia en 2011 y se había salido en julio de 2012, aunque conservaba relaciones con integrantes de las altas esferas judiciales.

Inicialmente, Tarquino Gallego exigió $60 millones para averiguar sobre las investigaciones y consultar a personas específicas. En la cuarta y última reunión con Lyons Muskus le advirtió que su situación judicial era “crítica”.

No obstante, el pedido luego ascendió a $20.000 millones para garantizar un resultado favorable. El exmagistrado aseguró que podía gestionar la intervención de José Leonidas Bustos Ramírez, entonces magistrado, para evitar consecuencias judiciales mediante conversaciones con funcionarios de las instancias que investigaban al exgobernador.

El entonces gobernador rechazó la exigencia porque no podía reunir esa suma. Después de salir de la reunión, comunicó a su padre que no presentaría una contrapropuesta ni continuaría las conversaciones.

Las pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación indicaron que Tarquino Gallego le dijo a Lyons que conocía al fiscal encargado de su expediente y que podía persuadirlo para favorecerlo. El entonces gobernador era investigado por un desfalco de hasta $87.000 millones al departamento entre 2011 y 2015.

La Corte estableció que la negativa de Lyons no impedía la configuración del delito de concusión. La conducta se consumó con la exigencia económica realizada bajo la invocación de poder público, aunque el dinero nunca fue entregado.

El alto tribunal señaló que estos hechos comprometen a la rama del poder público encargada de resolver conflictos y proteger los derechos de los ciudadanos. También advirtió que la instrumentalización de la autoridad judicial alimenta la percepción de que los resultados de los procesos pueden negociarse mediante acuerdos económicos.