
La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación preliminar por la incautación de $487.421.000 en efectivo que involucraba al alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, a quien era su esposa en 2015, Milene Jarava Díaz, y a Uriel de Jesús Botero Zuluaga y Yesith Rafael Prens Martínez.
La decisión se sustentó, conforme a la información suministrada por el ente de control sobre el expediente, en que no surgieron elementos para establecer la existencia de un delito.
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De hecho, la Fiscalía aplicó el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 y ordenó devolver los recursos que habían sido incautados.
El caso se remonta al 23 de octubre de 2015, cuando las autoridades detuvieron una camioneta en la vía entre Sincelejo y Calamar, en la que se movilizaba Acuña Cardales. Durante el procedimiento hallaron el dinero en efectivo, cuya procedencia fue objeto de una indagación preliminar.

El ente de control informó que durante la actuación se presentaron soportes para explicar el origen lícito de los recursos. Entre ellos figuraban documentos vinculados con la venta de un apartamento en el edificio Verona, en Sincelejo, y con la negociación de un predio rural identificado como Villa Ángela o Las Sofías.
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Las operaciones contaban con escrituras públicas y registros tramitados ante notarías de Sincelejo y Corozal y los recursos, además, habrían tenido como destino pagos pendientes de logística de la campaña de Acuña a la Gobernación de Sucre en 2015.
El expediente incluyó análisis grafológicos, verificaciones financieras, inspecciones en archivos notariales y estudios patrimoniales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de acuerdo con el comunicado de la institución.
Los resultados de esas diligencias no permitieron identificar irregularidades que relacionaran el efectivo con actividades ilegales, según la decisión fiscal. La entidad concluyó que las conductas examinadas eran atípicas desde el punto de vista penal.
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Con el archivo de la indagación, la actuación preliminar queda cerrada respecto de los hechos relacionados con la incautación de $487.421.000 ocurrida en octubre de 2015. La medida también dispone la devolución del dinero.
El presidente Abelardo de la Espriella, en una visita al departamento de Sucre, afirmó que su Gobierno reforzará los controles sobre los recursos públicos y mencionó al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. El mandatario aseguró que las inversiones para Sucre continuarán, aunque descartó entregar recursos sin mecanismos de supervisión.

“En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria”, expresó De La Espriella.
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Los expedientes de Yahir Acuña que pasaron a manos de la Fiscalía
El 15 de octubre de 2026, se conoció que el vicefiscal Gilberto Guerrero ordenó que cuatro investigaciones contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, pasen a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía en Bogotá.
La medida quedó consignada en una resolución del 13 de octubre, firmada por Guerrero en ejercicio de funciones de fiscal general. Los expedientes estaban asignados a la Seccional Sucre y ahora están concentrados en despachos de la capital especializados en delitos contra la administración pública.
La Fiscalía consideró que la naturaleza de los hechos denunciados, la posible afectación de recursos públicos y la cuantía de algunos contratos justificaban la intervención de una dependencia con capacidades técnicas y operativas específicas.
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Uno de los procesos está relacionado con un presunto prevaricato por omisión por el trámite de vigencias futuras que, según la denuncia, no habría cumplido con todos los requisitos legales.
Una segunda investigación indaga un posible prevaricato por acción vinculado con la presentación del presupuesto de Sincelejo para 2025. El tercer expediente también se refiere a un eventual contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en este caso por actuaciones dirigidas a obtener la aprobación de vigencias futuras.
La cuarta indagación corresponde a un supuesto interés indebido en la celebración de contratos, por la intervención que se le atribuye a Acuña en un convenio de cooperación por $ 5600 millones.
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Según informó El Tiempo, la decisión de trasladar los casos a Bogotá tuvo en cuenta que algunos de los hechos bajo revisión estarían relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El alcalde de Sincelejo ha rechazado los señalamientos en su contra y ha pedido que se respete la presunción de inocencia. En una reacción difundida en redes sociales, afirmó que pretenden convertirlo en un “falso positivo”.
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