Ministerio de Educación pidió derogar la Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva: Petro arremetió contra la medida y advirtió riesgos

La ministra de Educación Myriam Hoyos Castañeda envió el 21 de septiembre de 2026 un oficio a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en el que pidió adoptar medidas urgentes frente a la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. El documento plantea iniciar el procedimiento para derogar la resolución que adoptó esos lineamientos y expedir una directiva presidencial para contener sus efectos durante el trámite.

La solicitud se conoció después de que la exministra Viviane Morales anticipara que se buscarían acciones para revertir la política aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro. La Resolución Conjunta 1350, expedida el 10 de julio de 2026 por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas, las Artes y los Saberes, establece orientaciones para desarrollar acciones relacionadas con la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos durante la próxima década.

Entre sus disposiciones se contempla la incorporación transversal de estos contenidos en las instituciones educativas, incluidos los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio, las prácticas pedagógicas, la formación docente y los planes territoriales. La política también incluye objetivos relacionados con la transformación de normas sociales y de género.

Los argumentos del Ministerio de Educación para solicitar la derogatoria

La ministra Hoyos argumentó que la resolución requiere una revisión por sus implicaciones jurídicas y por las obligaciones que establece para las entidades y los establecimientos educativos. “La Resolución no constituye únicamente un instrumento técnico de coordinación intersectorial. Su contenido incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su incorporación en ámbitos como los proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación docente y planes territoriales”, señaló.

La jefa de cartera enumeró varios cuestionamientos relacionados con la suficiencia de las facultades legales para imponer obligaciones curriculares y pedagógicas, la posible afectación de la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. También puso en duda que una resolución administrativa permita establecer obligaciones hasta 2035 con fundamento inmediato en el ciclo de planeación 2022-2026.

Sobre esos reparos, el documento afirma: “Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional, existen serios cuestionamientos constitucionales y legales que hacen necesaria una revisión inmediata del acto administrativo”.

La comunicación también menciona los compromisos de planeación y financiación previstos en la política, frente a los cuales la cartera considera que no existe una identificación suficiente de las apropiaciones, las fuentes de recursos y las competencias de gasto. Asimismo, cuestiona que el acto administrativo se sustente conjuntamente en normas vinculantes y en instrumentos, orientaciones y declaraciones de distinta naturaleza jurídica.

Como parte de los antecedentes, el ministerio señaló que ante la Sección Primera del Consejo de Estado cursa una demanda de nulidad contra la resolución. Según el oficio, en ese proceso se han presentado cargos relacionados con falta de competencia, infracción de normas superiores, desconocimiento del régimen legal del currículo y de la autonomía escolar, expedición irregular y desviación de poder.

La primera medida propuesta por Hoyos consiste en iniciar la revisión integral de la Resolución 1350 de 2026 y de su anexo técnico, con la participación de los cuatro ministerios involucrados. La funcionaria manifestó que su cartera está dispuesta a participar en la coordinación interministerial y técnica para preparar el proyecto de derogatoria.

La segunda propuesta es expedir una directiva presidencial dirigida a los funcionarios del Gobierno nacional y a los destinatarios de la política. El documento establece que, mientras se desarrolla el procedimiento formal, se impartan instrucciones para frenar nuevas actuaciones basadas en la resolución: “Considero necesario impartir instrucciones para que no se adelanten nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales, pedagógicas o de implementación cuyo fundamento jurídico sea la Resolución 1350 de 2026, y para que las entidades reporten las actuaciones que ya se hubieren iniciado con fundamento en ella”.

Petro advirtió sobre embarazos adolescentes y derechos reproductivos

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la solicitud mediante una publicación en su cuenta de X, en la que cuestionó a la ministra de Educación y relacionó las medidas propuestas con posibles consecuencias para la educación sexual, las mujeres y las familias colombianas.

En su mensaje, Petro escribió: “Si la niñez y adolescencia no tiene conocimientos sobre la sociedad lo que sobreviene es un estallido de embarazos no deseados”.

El exmandatario también advirtió sobre el aumento de adolescentes embarazadas que, según planteó, podrían quedar abandonadas junto con sus hijos, en condiciones de pobreza. En la misma publicación, cuestionó el comportamiento de los hombres que abandonan a sus parejas durante el embarazo y relacionó esa situación con la falta de formación sexual.

“Lo que ha hecho la ministra oscurantista es quitarle los derechos reproductivos a la mujeres de Colombia”, señaló el exjefe de Estado.

Por su parte, la representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, también se pronunció en X sobre la iniciativa del Ministerio de Educación.

En su publicación, afirmó: “A esto se referían cuando dijeron que estaban en contra de la ‘ideología de género’ (...) Lo único que quieren es que los niños y especialmente niñas no tengan manera de tomar decisiones informadas y responsables para alejarnos de la autonomía sobre nuestros cuerpos. Una política que solo tiene efectos positivos en la gente se convirtió en su forma de arrebatarnos una vida digna. Lo peor es que nos quitan la educación sexual para después castigarnos por abortar”.