Corte Suprema escuchará a Carlos Ramón González y otros exfuncionarios del Gobierno Petro por caso Ungrd: declararán en juicio contra seis congresistas

La Corte Suprema de Justicia decretó los testimonios que se practicarán durante el juicio contra seis congresistas y excongresistas vinculados a la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Entre las declaraciones ordenadas se encuentra la de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien permanece prófugo de la justicia.

La decisión fue adoptada por la Sala de Primera Instancia en un documento de 667 páginas, con ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa y participación de los magistrados Jorge Emilio Caldas y Blanca Nélida Barreto. En el auto, el alto tribunal determinó cuáles testimonios serán escuchados durante el proceso judicial y resolvió los recursos presentados por los abogados de los procesados.

Los investigados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quienes habrían participado en un supuesto esquema para intercambiar actuaciones dentro de la Comisión de Crédito Público del Congreso por contratos financiados con recursos públicos. La hipótesis de la investigación apunta a que los congresistas habrían recibido ofrecimientos relacionados con proyectos de la Ungrd a cambio de respaldar operaciones de endeudamiento de la Nación ante entidades financieras internacionales. Los hechos investigados se relacionan con actuaciones de la comisión durante 2023.

Cabe aclarar que la decisión de decretar pruebas no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los procesados deberá establecerse a partir de las pruebas debatidas durante el juicio y de las decisiones que adopte la Corte en las etapas correspondientes.

Los otros testimonios que decretó la Corte Suprema

Además de Carlos Ramón González, la Sala de Primera Instancia decretó las declaraciones de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, del exministro Mauricio Lizcano, del exasesor Jaime Ramírez Cobo y de Óscar Enrique Cárdenas.

También ordenó ampliar el testimonio del exdirector de Crédito Público José Roberto Acosta, quien ha manifestado públicamente que el Gobierno recibió presiones indebidas de integrantes de la Comisión de Crédito Público para desarrollar las funciones de esa instancia legislativa, encargada de sesionar y evaluar proyectos de endeudamiento.

La ampliación de su declaración permitirá incorporar al juicio su testimonio dentro del conjunto de pruebas definido por el alto tribunal. Su participación se suma a la de los demás declarantes que fueron convocados para esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido los presuntos ofrecimientos y acuerdos investigados.

Por otra parte, la Corte aprobó el testimonio del actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, a solicitud de la defensa de la representante Karen Manrique. La petición fue aceptada porque el funcionario integró la Comisión de Crédito Público durante el periodo objeto de investigación, en 2023.

La Sala rechazó solicitudes de nulidad de la defensa

En la misma providencia, la Corte Suprema rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por los procesados. Entre ellas se encontraban las formuladas por la defensa de Wadith Manzur, que alegaba posibles vulneraciones de garantías relacionadas con el juez natural y el traslado de documentos, entre otros aspectos del procedimiento.

El alto tribunal también desestimó los argumentos de varios abogados que cuestionaron la actuación de los conjueces Jesús Alfredo Rey y Javier Fonseca. Las defensas sostenían que estos habían respaldado la medida de encarcelamiento preventivo contra Manzur y Manrique sin conocer suficientemente el expediente y en un periodo que consideraban demasiado corto.

Frente a ese planteamiento, la Sala explicó cómo se desarrolla la deliberación de sus integrantes y cuál es el alcance del conocimiento requerido para adoptar decisiones judiciales. “Cada magistrado o conjuez que integra la Colegiatura, a efectos de la deliberación del proyecto, conoce los aspectos necesarios para decidir y formar autónomamente su criterio. Lo que el ordenamiento no impone es la lectura directa, idéntica y exhaustiva de cada folio del expediente por todos los integrantes: el conocimiento suficiente puede formarse mediante el proyecto, la deliberación y el debate colegiado de los 8 miembros que integraron la Sala”, indicó la Sala.

La providencia señaló, además, que buena parte de los argumentos expuestos por las defensas reiteraban cuestionamientos presentados en recursos anteriores que ya habían sido rechazados por la Sala de Instrucción.

La siguiente etapa procesal está prevista para el martes 20 de octubre de 2026, cuando se iniciará la audiencia preparatoria. En esa diligencia se definirán las pruebas que serán incorporadas y practicadas durante el juicio, antes de avanzar hacia la audiencia de juzgamiento.

El proceso busca establecer si los seis congresistas incurrieron en las conductas que les atribuye la investigación, relacionada con el presunto ofrecimiento de contratos de la Ungrd a cambio de actuaciones vinculadas con la aprobación de créditos públicos.