Presentaron nueva denuncia contra ‘Matador’ por sus insultos contra la primera dama Ana Lucía Pineda: piden investigarlo por hostigamiento agravado por razones de sexo e ideología política

El abogado Andrés Felipe Caballero Sierra pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue de oficio al caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, por presunto hostigamiento agravado por razones de sexo e ideología política contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, a raíz de publicaciones difundidas en X el 13 de octubre de 2026.

La solicitud sostiene que los mensajes excedieron los límites de la crítica política y buscaron degradar a Pineda mediante referencias a su cuerpo y su condición de mujer. Caballero pidió que se aplique el artículo 134B del Código Penal, que sanciona a quien promueva o instigue conductas orientadas a causar daño físico o moral por motivos discriminatorios.

La denuncia afirma que una de las publicaciones recibió 9.600 respuestas y 6.200 reposts. Según el escrito, entre las interacciones hubo mensajes de usuarios que reprodujeron y ampliaron las burlas dirigidas contra la esposa del presidente de la República.

La acusación por hostigamiento y discriminación política

El abogado señaló que Matador utilizó una fotografía real de Pineda y agregó los apelativos “ratita” y “pati raquítica”, junto con una pregunta sobre el destino de ayudas para damnificados. La petición no cuestiona la posibilidad de debatir sobre recursos públicos, sino los calificativos incorporados a esa crítica.

“Los apelativos empleados carecen de función informativa o crítica, pues no se refieren a ninguna decisión ni contienen argumento alguno. Su efecto es degradar a la víctima ante la opinión pública, y buscar que otros igualmente lo hagan”, advirtió Caballero.

La acción judicial plantea que los calificativos constituyen una forma de violencia contra la mujer porque desplazan la discusión sobre decisiones públicas hacia la apariencia física. También sostiene que la expresión “ratita” animaliza a la primera dama y la sitúa en un plano de inferioridad dentro del debate público.

El documento añade que la referencia a las piernas de Pineda reproduce estereotipos que afectan de forma diferenciada a las mujeres que desempeñan roles visibles. Según la argumentación, el mensaje proyecta la advertencia de que el cuerpo de una mujer puede convertirse en objeto de discusión cuando participa en la vida pública.

La denuncia asocia el presunto componente político con la condición de González Quiceno como exaspirante al Senado por el Pacto Histórico, partido declarado en oposición al Gobierno. Para Caballero, el ataque habría combinado referencias al sexo de la destinataria con su cercanía al proyecto político del Ejecutivo.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor”, escribió el abogado en un mensaje publicado en X al comunicar la presentación de la solicitud. En esa publicación sostuvo que la conducta denunciada no correspondía al oficio de un caricaturista, pues no se trató de una ilustración satírica sino de una fotografía a la que se añadieron expresiones descalificadoras.

El alcance de las publicaciones en X

La denuncia señala que Matador publicó un segundo mensaje el 13 de octubre de 2026, cuando ya se habían producido rechazos públicos y se conocía la petición ante la Fiscalía. Esa publicación, que incluyó un acróstico y una imagen elaborada para reiterar uno de los apelativos, alcanzó 36.500 visualizaciones, 447 respuestas y 1.300 reposts en pocas horas.

Caballero afirmó que la reiteración demostraría que no se trató de un “exabrupto aislado”, sino de una conducta deliberada. El escrito resalta que el caricaturista eligió una fotografía, redactó la pregunta y añadió los calificativos antes de difundirlos desde una cuenta pública.

La petición también argumenta que González Quiceno, como profesional de la comunicación gráfica, conoce el efecto que pueden producir las imágenes y las palabras ante una audiencia amplia. De acuerdo con la denuncia, las publicaciones circularon en una red social de acceso libre y luego fueron comentadas por medios de comunicación del país.

El expediente recuerda un antecedente atribuido al caricaturista contra la precandidata Paloma Valencia. Según el documento, en enero de 2026 se cuestionó ante el Consejo Nacional Electoral una publicación relacionada con el cuerpo de la dirigente política, lo que llevó a estudiar si podía constituir violencia política de género.

González Quiceno fue despedido de El Tiempo en marzo de 2023, después de que se conociera una denuncia por violencia intrafamiliar. El material presentado ante la Fiscalía menciona ese contexto y los señalamientos previos contra mujeres en la vida pública para sostener que habría existido una reiteración en la forma de ataque.

Las normas y precedentes citados en la solicitud

La denuncia cita los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, que prohíben la discriminación por razones de sexo y reconocen la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. También invoca la Convención de Belém do Pará, que define la violencia contra la mujer como una acción basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.

El escrito incorpora la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como Cedaw, y la recomendación general número 35 de su comité, que reconoce la existencia de violencia de género contra las mujeres en entornos digitales.

Entre las normas nacionales mencionadas figura la Ley 1257 de 2008, que define la violencia contra la mujer e incluye el daño psicológico causado por intimidación, humillación, aislamiento o conductas que afecten la autodeterminación y el desarrollo personal. También cita la Ley Estatutaria 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política.

Esa ley incluye las expresiones que denigren, desacrediten o descalifiquen a mujeres por su género entre las manifestaciones de violencia política. La denuncia sostiene que el caso encajaría en esa figura porque Pineda fue atacada como mujer y como integrante visible de un sector político adversario para el autor de la publicación.

La solicitud recuerda que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-158 de 2026, examinó mensajes difundidos en redes sociales contra una mujer y concluyó que los contenidos destinados a avergonzarla, regular su sexualidad o perpetuar estereotipos de género no están amparados por la libertad de expresión. También cita la Sentencia T-149 de 2025, según la cual los discursos que constituyen violencia de género contra las mujeres carecen de esa protección.

El Consejo Nacional Electoral declaró el 25 de febrero de 2026 que una publicación en Instagram contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que incluía referencias a su apariencia, constituía violencia política de género. En esa decisión, según la denuncia, la autoridad indicó que la libertad de expresión en política no protege ataques personales vinculados al género que apartan la discusión de las ideas.

El artículo 134B del Código Penal contempla prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien promueva o instigue actos orientados a causar daño físico o moral por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual, discapacidad u otras causas de discriminación.

La petición plantea la aplicación de los agravantes del artículo 134C, que aumenta la pena de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se comete en un espacio abierto al público o mediante medios de comunicación de difusión masiva. Para Caballero, una red social pública reúne ambas condiciones.

El abogado descartó que los hechos deban analizarse únicamente como una posible injuria. Argumentó que esa figura protege la honra frente a imputaciones deshonrosas, mientras que la solicitud presentada se concentra en el presunto daño a la dignidad e igualdad de la víctima por estereotipos vinculados al cuerpo femenino.

La denuncia sostiene que el hostigamiento no es un delito querellable y, por lo tanto, puede ser investigado de oficio sin que la víctima presente una querella. También cita la Ley 906 de 2004, que obliga a la Fiscalía General de la Nación a ejercer la acción penal e investigar hechos que revistan características de delito.