
El abogado Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro, radicó el martes 13 de octubre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, por presuntas irregularidades en el manejo de la documentación electoral de las dos vueltas presidenciales de 2026.
La acción judicial fue presentada ante la fiscal General, Luz Adriana Camargo, con el acompañamiento de un grupo de testigos electorales del Pacto Histórico.
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Según lo expuesto por Carranza al salir de la sede de la Fiscalía, los denunciantes aseguran haber identificado supuestas inconsistencias en los documentos electrónicos que hacen parte del sistema electoral. Entre los señalamientos figura la presunta pérdida de cerca de siete millones de votos, una cifra que deberá ser examinada en el marco de las actuaciones correspondientes.
El abogado sostuvo que las observaciones fueron recopiladas por ciudadanos que analizaron los registros electorales y que, antes de acudir a la justicia, habrían advertido públicamente sobre las presuntas anomalías y comunicado sus hallazgos al registrador nacional.
La denuncia busca establecer si existieron alteraciones en los documentos electorales y si estas tuvieron algún efecto en los resultados de las votaciones. Para ello, Carranza solicitó investigar las actuaciones y posibles omisiones atribuidas a Penagos, así como identificar a quienes eventualmente hubieran participado en los hechos denunciados.
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Los hallazgos señalados en los formularios E-14

El documento, de 44 páginas, relaciona presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático, favorecimiento de voto fraudulento, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.
De acuerdo con la denuncia, los formularios E-14 correspondientes a las elecciones presidenciales habrían sido publicados “sin las garantías de autenticidad, integridad y trazabilidad que exigían la ley estatutaria, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la práctica de la propia entidad”. El documento también sostiene que el registrador recibió advertencias escritas sobre esos riesgos antes de la segunda vuelta presidencial.
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Entre los hallazgos enumerados por los denunciantes se encuentran archivos que presuntamente fueron recompuestos con herramientas de edición después de su digitalización, páginas que no habrían sido digitalizadas y diferencias entre imágenes de una misma mesa electoral.

También se mencionan 161 mesas cuyos ejemplares, que según la denuncia debían ser idénticos, presentarían diferencias gráficas. A esto se suman la presunta reutilización de un mismo identificador para documentos distintos y una pieza oficial de verificación de integridad cuyas huellas digitales, según los denunciantes, no corresponderían al archivo verificado.
El documento agrega que se identificaron “patrones en el orden de las mesas que, según los informes técnicos aportados, son improbables bajo la hipótesis de azar y cuya causa no ha sido explicada”.
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Carranza pidió a la Fiscalía examinar si estas situaciones comprometieron la correspondencia entre las actas físicas firmadas y sus representaciones digitales. Entre las conductas que solicita investigar incluyó presuntamente “haber dirigido la elección con un sistema documental incapaz de acreditar la correspondencia entre el acta firmada y su representación digital, en contravía de mandatos legales y judiciales precisos”.
Asimismo, señaló que se habrían afirmado garantías de integridad inexistentes, omitido la preservación de la trazabilidad del proceso y dejado sin respuesta advertencias dirigidas personalmente al registrador. La denuncia solicita determinar si las presuntas alteraciones incidieron en los resultados de las mesas y quiénes habrían intervenido.
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Abogado Carranza cuestionó los controles sobre la información digital

Al explicar los motivos de la denuncia, el abogado Alejandro Caranza indicó que las observaciones no se limitan a problemas conocidos, sino que abarcan aspectos técnicos de los archivos y su verificación.
“Todos los ciudadanos que durante el último balotaje presidencial encontraron anomalías, encontraron serias observaciones frente a la publicidad, frente a la transparencia de los documentos electrónicos que componen el sistema electoral. No pensamos en lo típico, en que tachonearon y pusieron un número. No, ellos investigaron algo más de fondo. Encontraron, bajo un estudio estadístico, que, por ejemplo, habían cambiado la identificación de las mesas para poder manipular el trabajo de evaluación estadístico de los electores”, señaló a los medios de comunciación.
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Y agregó: “Los colombianos del común no sabemos de eso, por eso es que los testigos digitales que están aquí acompañándome, que sí saben de este tema, encontraron eso, le escribieron al señor Penagos, lo advirtieron públicamente y el registrador creyó que eso iba a quedar en el aire, como que la voz de los colombianos no funciona”.
Carranza explicó que el sistema electoral colombiano combina documentos físicos y archivos digitales, por lo que ambos deben cumplir requisitos de autenticidad, integridad y trazabilidad. En ese sentido, justificó la denuncia contra el registrador Hernán Penagos por presuntos delitos relacionados con la omisión de sus funciones, la falsedad documental y el favorecimiento del voto fraudulento.
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El abogado aseguró que cerca de 75.000 ciudadanos, entre ingenieros, profesionales, trabajadores, amas de casa y expertos, habrían identificado anomalías en los documentos electorales. “Le toca a la Registraduría dar las pruebas, porque lo que ellos han encontrado dice todo lo contrario”, manifestó Carranza.
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