Escándalo por presunta estafa en concesionario Ferrari en Bogotá quedó en manos de la Fiscalía: los acusan de cinco delitos

La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso por estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir contra Autos Italianos de Colombia, sus antiguos socios y la firma que adquirió sus acciones, tras denuncias de compradores de la lujosa marca Ferrari que pagaron vehículos que permanecen en una zona franca de Panamá y recursos que no les habrían sido restituidos.

Los clientes aseguran haber transferido hasta 2.200 millones de pesos cada uno antes de que la marca italiana cancelara la representación de la concesionaria en Colombia y Panamá, según documentos obtenidos por El Tiempo.

De momento, la investigación está en la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía y alcanza a Autos Italianos de Colombia S.A., a sus socios Jorge Enrique Carvajales Orozco y los mexicanos Sergio de a Vega y Erik Stolberg. También fueron denunciados Alfonso Salume, señalado como nuevo adquirente de la compañía, y Autos de Alta Gama Holdings, que terminó con las acciones de la anterior representante de Ferrari en el país.

La matriz de Ferrari decidió retirar la representación a la concesionaria luego de que esta fuera vendida a terceros sin autorización. La medida suspendió la entrega de varios automóviles que ya habían sido pagados de forma total o parcial por compradores de la vitrina ubicada en la calle 103 con carrera 19, en el norte de Bogotá.

Los responsables del establecimiento, que también ofrecía servicios de mantenimiento y taller, sostienen que vendieron la concesión por una deuda y que responderán por los recursos recibidos. Además, los empresarios involucrados niegan conductas irregulares.

Vehículos retenidos y recursos para la importación

Uno de los casos incluidos en las denuncias conocidas por El Tiempo se remonta a enero de 2025, cuando un cliente adquirió un Ferrari 296 GTS HB modelo 2024 por 560.000 dólares, equivalentes entonces a unos 2.271 millones de pesos. De ese monto, 479.000 dólares correspondían al valor neto facturado del automóvil y 80.000 dólares más se destinaron a impuestos de nacionalización y trámites aduaneros.

La concesionaria habría calculado posteriormente los costos reales de importación y determinó un saldo de 72.000 dólares, unos 285 millones de pesos, que debía permanecer bajo custodia para cubrir los tributos necesarios para traer el vehículo a Colombia.

Otro empresario colombiano vinculado al sector de los restaurantes presentó una denuncia con hechos similares. Ambos compradores coinciden en que Autos Italianos de Colombia recomendó trasladar los vehículos a una zona franca panameña para facilitar gestiones comerciales, pero las ventas no se concretaron y los automóviles quedaron en una bodega del istmo.

“A la fecha, están ‘secuestrados’ en zona franca sin ser posible nacionalización en ninguno de los países”, sostiene la acusación conocida por el diario nacional.

Los denunciantes afirman que entre el 9 de junio y el 19 de julio de 2026 solicitaron la devolución de los recursos retenidos para encargarse por su cuenta de la nacionalización. Aseguran que no obtuvieron respuesta de los anteriores ni de los nuevos administradores.

Henry Ávila Herrera, exgerente general y representante legal suplente de Autos Italianos de Colombia, habría confirmado que existía una orden aprobada para devolver 72.655 dólares. Sin embargo, la denuncia atribuye a Erik Stolberg, entonces director financiero de la compañía, el bloqueo de la operación.

“Dicha transferencia fue bloqueada de manera arbitraria y unilateral por el señor Erik Stolberg, en su calidad de Director Financiero (CFO) de la compañía, impidiendo el retorno de los recursos a su legítimo dueño”, comentaron los denunciantes.

Los clientes planean presentar declaraciones y pruebas para sostener que Carvajales, De La Vega y Stolberg organizaron la retención del dinero con el fin de presionar una demanda civil contra Ferrari Norteamérica. La acusación plantea que los fondos de los compradores habrían sido utilizados dentro de una disputa comercial corporativa.

El pago por un Ferrari Roma Spider sin entrega

Otra denuncia fue presentada contra Ávila y otros responsables por la compra de un Ferrari Roma Spider F169SP. Autos Italianos de Colombia emitió el 25 de julio de 2025 una cotización por 410.000 dólares, cerca de 1.310 millones de pesos, con IVA incluido.

El comprador afirma que transfirió $484 millones a la empresa, pero no recibió el vehículo. Por ello pidió verificar si el automóvil fue solicitado a fábrica, si obtuvo un número de pedido y si entró en producción.

“También deberá establecerse el destino específico de los recursos entregados por la víctima, mediante trazabilidad bancaria y contable, pues precisamente allí podrá determinarse si fueron efectivamente destinados a la adquisición del vehículo o si fueron desviados a finalidades distintas”, solicitó la denuncia presentada ante la Fiscalía, según reveló El Tiempo.

En mayo de 2026, los antiguos administradores transfirieron el control accionario de Autos Italianos de Colombia a Autos de Alta Gama Holdings. Ferrari Norteamérica canceló después la licencia de importación, lo que congeló la operación de la concesionaria en Colombia.

La nueva administración emitió el 2 de julio un comunicado en el que indicó que no asumiría responsabilidad por los recursos captados antes del 25 de mayo de 2026, mientras Ferrari Norteamérica mantiene congelada la concesión de la marca en el país.