
Siguen las reacciones luego de que la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, después de determinar que transcurrió un año desde la resolución de acusación en su contra sin que se instalara el juicio por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Una de las primeras en salir a celebrar la decisión fue la concejal de Bogotá e hija de Name, María Clara Name Ramírez (Partido Alianza Verde) que, a través de un mensaje desde su cuenta de X la tarde del viernes 9 de octubre de 2026, mismo día en que se conoció el fallo de la alta corte, expresó su satisfacción al ver que su progenitor podrá demostrar que no es culpable de los señalamientos en medio de escándalo de los carrotanques de La Guajira.
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“Mi padre, Iván Name Vásquez, podrá defenderse en libertad y ejercer plenamente su derecho a la defensa. Después de casi un año y medio, se garantiza el respeto a su presunción de inocencia”, inicia la declaración por parte de la cabildante.
Al final, Name Ramírez se mostró confiada en que “la justicia colombiana permita esclarecer los hechos y que el proceso continúe con todas las garantías del debido proceso”, y sentenció para cerrar: “¡Demostrará su inocencia!”

La medida quedó consignada en una providencia del 9 de octubre de 2026, emitida por la Sala Especial de Primera Instancia.
La decisión beneficia a los dos excongresistas, que permanecen recluidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota, mientras avanza el proceso judicial relacionado con el presunto desvío de recursos públicos.
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El alto tribunal aplicó el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, que contempla la libertad provisional cuando vence el plazo para iniciar el juicio luego de la acusación. La resolución no modifica los cargos ni implica una definición sobre la responsabilidad penal de los procesados.
La acusación contra Name y Calle continúa vigente, y la Corte deberá programar e instalar el juicio en el que se debatirán las pruebas presentadas por la Fiscalía, las defensas y los demás intervinientes dentro del expediente.
La salida de prisión depende de una caución y otros compromisos
La libertad de Name y Calle no será automática. La providencia establece que cada exlegislador deberá constituir una caución prendaria equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, por un valor de $ 17.509.050.
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El pago podrá realizarse mediante consignación en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario dispuesta por la Corte Suprema de Justicia o mediante una póliza que cubra el monto exigido. Una vez se cumpla esa condición, los procesados deberán firmar una diligencia compromisoria ante la autoridad judicial.
Entre los compromisos fijados aparece la obligación de entregar información precisa sobre su residencia y sobre cualquier cambio de ubicación. La Sala advirtió que el incumplimiento de esas condiciones puede derivar en multas y en la revocatoria del beneficio.
La decisión la firmaron las magistradas Blanca Nélida Barreto Ardila y Socorro Mora Insuasty, esta última en calidad de ponente. También ordena expedir las boletas de libertad para que sean remitidas a La Picota.
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No obstante, el centro penitenciario deberá verificar antes de hacer efectiva la salida que Name Vásquez y Calle Aguas no tengan requerimientos pendientes de otras autoridades judiciales. Esa revisión definirá el momento concreto en que podrían abandonar el lugar de reclusión.
La Corte no cerró el proceso por el caso de la Ungrd
La libertad provisional se limita a la medida de aseguramiento. El expediente por el supuesto entramado de corrupción en la Ungrd seguirá en trámite y conserva la etapa procesal posterior a la resolución de acusación.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema acusó a Name y Calle el 27 de agosto de 2025. A ambos se les atribuye, de manera preliminar, la presunta comisión del delito de cohecho impropio y su participación en peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
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La acusación incluyó la circunstancia de mayor punibilidad asociada con la posición distinguida de los dos excongresistas dentro de la sociedad. Name presidió el Senado de la República, mientras que Calle ocupó la presidencia de la Cámara de Representantes.
Según la hipótesis recogida por las autoridades judiciales, Name habría recibido $ 3.000 millones y Calle otros $ 1.000 millones. El dinero, de acuerdo con el expediente, habría buscado facilitar la aprobación de proyectos legislativos promovidos por el Gobierno de Gustavo Petro, entre ellos las reformas a la salud y al sistema pensional.

Las entregas habrían ocurrido en octubre de 2023. En el caso de Name, la investigación señala a Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones, como la persona que habría realizado dos entregas de efectivo.
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Para Calle, el señalamiento apunta a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd. Según la acusación, Pinilla habría llevado el dinero a un apartamento ubicado en Montería, Córdoba.
El expediente analiza el origen de los recursos entregados
La investigación judicial busca establecer si los recursos destinados a los presuntos pagos provenían de fondos desviados de un contrato de la Ungrd para adquirir carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira.
En medio del proceso, las autoridades también indagan un préstamo atribuido a Pedro José Castro Espinosa, que habría sido reembolsado con dinero de origen irregular. Ese punto integra la reconstrucción financiera que intenta determinar cómo se habrían movido los recursos vinculados con el contrato.
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En el expediente aparecen además nombres de otros exfuncionarios, entre ellos Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Sandra Ortiz.

Las indagaciones tienen como objetivo identificar las responsabilidades individuales dentro de la presunta estructura que habría permitido el desvío de fondos públicos. Las defensas de Name y Calle han controvertido elementos de la investigación y la validez de algunos aspectos probatorios, además de cuestionar la configuración del delito de peculado.
Pese a esos argumentos, la Sala Especial de Instrucción mantuvo la acusación contra los exlegisladores. La providencia que concedió la libertad provisional admite recursos de reposición y apelación, por lo que las partes podrán controvertir la decisión dentro de los términos previstos por la ley.
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El siguiente paso será la instalación del juicio, instancia en la que la Corte Suprema examinará las pruebas y definirá si los dos excongresistas tienen responsabilidad penal por los hechos que se les atribuyen.
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