Sneyder Pinilla alerta sobre su seguridad y el futuro de las investigaciones de la Ungrd: cuestionó su traslado a La Picota

Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd y testigo colaborador en el caso de corrupción, pidió a la Corte Suprema de Justicia intervenir ante su traslado a La Picota, dispuesto por el Inpec. Sostiene que la medida desconoce decisiones judiciales de protección y compromete su seguridad para continuar declarando contra otros investigados.

En una solicitud firmada el 8 de octubre de 2026, Pinilla cuestionó la Resolución 008041 del 6 de octubre, que ordenó su salida del establecimiento de reclusión militar Cpams Ejart. Afirmó que la decisión puso en riesgo su vida, su integridad física y psicológica, así como las condiciones para cumplir sus compromisos con la justicia.

El principio de oportunidad de Pinilla fue legalizado el 20 de agosto de 2025 y prorrogado el 14 de agosto de 2026. El acuerdo contempla su declaración contra 23 personas ante juzgados y la Corte Suprema de Justicia.

También solicitó a la Fiscalía General de la Nación explicaciones sobre la reasignación de parte de las investigaciones del caso Ungrd, que estaban a cargo de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema. El documento pregunta por el traslado de esos expedientes a un fiscal seccional que, según el testigo, no pertenece a la carrera y antes se desempeñó como asistente fiscal.

El traslado fue ordenado pese a decisiones de protección judicial

Pinilla afirmó que el traslado a La Picota contraviene dos decisiones judiciales que ordenaron o mantuvieron su reclusión en una instalación militar.

La primera fue adoptada por el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá durante la audiencia de imputación y medida de aseguramiento del 31 de agosto de 2024. El juzgado dispuso su reclusión en el Cantón Militar de Artillería CPAMS EJART tras considerar el riesgo derivado de su colaboración con la justicia. Durante la diligencia se aludió a la condición de “sapos” de los procesados y al poder de algunos integrantes de la presunta red criminal.

El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Pinilla el 29 de abril de 2025 por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. La pena fue de cinco años, ocho meses y un día de prisión. La sentencia ordenó que permaneciera en CPAMS EJART por razones de seguridad y calificó esa decisión como “necesaria y razonable” para proteger su vida e integridad, debido a su colaboración con la Fiscalía.

En su solicitud, Pinilla escribió: “La Resolución 8041 de octubre 6 de 2026 viola el debido proceso administrativo por tener una motivación simplemente formal y contradictoria”. También afirmó que la medida vulnera su derecho a la vida y a la integridad personal.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño González había solicitado el 16 de septiembre de 2026 que Pinilla y Olmedo de Jesús López Martínez no fueran trasladados de los centros de reclusión militar. En ese oficio, indicó que ambos permanecían allí por orden de un juez constitucional y que su situación se agravaba por su condición de testigos de cargo de la Fiscalía.

Pinilla pidió a la Presidencia de la Corte Suprema promover una coordinación urgente con la Fiscalía, el Inpec y las autoridades judiciales para hacer efectivas las medidas de protección. También solicitó un informe sobre la motivación de su traslado y el tratamiento que recibió el oficio de la fiscal Patiño.

Pinilla cuestionó el cambio de fiscales en las investigaciones de la Ungrd

En una petición dirigida a la Fiscalía General de la Nación, Pinilla requirió información sobre la reasignación de investigaciones que adelantaba la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, con apoyo de otro fiscal delegado. Según el escrito, parte de esos casos pasó a un fiscal seccional que adelantaría juicios ante juzgados especializados.

Al referirse al cambio de funcionarios, preguntó: “¿Por qué se cambia de una fiscal de trayectoria delegada ante la Corte a un fiscal seccional?”. También solicitó que se evaluara el impacto de la modificación en las cargas laborales, los perfiles y las competencias de los funcionarios.

El exsubdirector de la Unidad planteó que esos cambios podrían afectar el avance de las investigaciones. “¿Por qué estos cambios parecieran, en vez de fortalecer el grupo, boicotear las investigaciones que se adelantan por temas del escándalo de corrupción de la Ungrd?”, cuestionó.

Entre los resultados que atribuyó a su cooperación, Pinilla mencionó la medida de aseguramiento, su prórroga y la orden de captura contra Carlos Ramón González Merchán por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. También relacionó preacuerdos y condenas en procesos contra Pedro Andrés Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto Gantiva y Francisco Javier Estupiñán Bravo.

El documento incluye la sentencia contra Luis Eduardo López Rosero, emitida el 18 de junio de 2025, con una pena de 73,7 meses de prisión y multa por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y delitos de falsedad documental. Pinilla, además, mencionó procesos de preacuerdo pendientes contra Edgar Riveros Rey, Edgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero.

La carta señala que la lectura de decisión de los preacuerdos de Echeverri Toro y Romero estaba programada para el 4 de noviembre de 2026 ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. También alude a medidas cautelares de extinción de dominio contra personas y sociedades vinculadas al caso.

Al cerrar su solicitud, Pinilla afirmó: “El mensaje que se envía a los ciudadanos en general es que no es prudente cooperar con la justicia”.