Ministerio de Transporte tendría un borrador de decreto de reforma portuaria que podría aumentar trámites

Se divulgó un proyecto de decreto —en borrador— con el que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, buscaría actualizar el régimen de concesiones portuarias.

La propuesta abrió un debate con el sector sobre el alcance de los nuevos procedimientos. Aunque la iniciativa plantea modernizar las reglas para puertos, muelles y embarcaderos, la Red de Veedurías de Colombia alertó sobre eventuales demoras, conflictos de competencia e incertidumbre para los contratos vigentes.

La propuesta, de acuerdo con el contenido del borrador, conocido por Infobae Colombia, modificaría el Decreto 1079 de 2015 e incorporaría medidas para mejorar la transparencia, la planeación y la competitividad de la infraestructura portuaria.

Entre sus novedades figura el Registro Único de Concesiones Portuarias (Rucop), una plataforma destinada a centralizar la información de solicitudes, contratos, cambios, reversión de activos y otros trámites.

El Gobierno también propondría con el decreto incentivos para las concesiones que incluyan inversiones ambientales y sociales, como proyectos de transición energética, reducción de emisiones, infraestructura comunitaria y programas de desarrollo territorial.

El Rucop concentraría datos sobre contratos y solicitudes portuarias

Según el documento, el Registro Único de Concesiones Portuarias (Rucop) buscaría facilitar el seguimiento de los procesos por parte de las entidades estatales y la ciudadanía.

Sin embargo, la Red de Veedurías sostuvo que su puesta en marcha debe coordinarse con las plataformas ya existentes, entre ellas el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y las bases de datos de las entidades concedentes.

Por ende, la organización planteó que cada autoridad registre la información que produce y que las demás instituciones accedan a ella mediante mecanismos de interoperabilidad. A su juicio, un sistema adicional de cargue documental podría “duplicar reportes y elevar las cargas administrativas para los concesionarios y el Estado”.

Además, la red señaló que la Superintendencia de Transporte debe contar con datos para ejercer sus labores de inspección, vigilancia y control, sin que ello implique asumir funciones propias de supervisión o administración contractual.

La Red de Veedurías pide separar las funciones de las entidades

Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el procedimiento previsto en el proyecto. Según la Red de Veedurías, el texto reúne publicaciones, audiencias, requerimientos, evaluaciones técnicas, observaciones, propuestas alternativas y oportunidades de mejora, pero no fija una secuencia precisa ni define cómo cada actuación afecta los plazos de decisión.

La advertencia apunta a que esa acumulación de pasos podría prolongar la tramitación de las solicitudes y propiciar requerimientos repetidos de información desde el Ministerio de Transporte, las entidades concedentes, la Superintendencia y otras autoridades.

Según la organización, la reforma “podría generar expedientes paralelos y solicitudes duplicadas de información”, según el documento divulgado por la veeduría.

La entidad también pidió diferenciar de forma expresa la gestión del contrato de las labores de inspección, vigilancia y control. La administración contractual incluye, entre otras tareas, verificar inversiones, analizar modificaciones, tramitar incumplimientos y definir eventuales procesos de terminación, reversión o liquidación.

La organización también afirmó que el proyecto menciona los permisos de embarcadero y las autorizaciones temporales, pero no desarrolla de forma suficiente sus requisitos, vigencia, prórrogas, causales de terminación, contraprestaciones, condiciones operativas ni mecanismos de vigilancia.

Incluso, señalaron que la aparente falta de reglas específicas para permisos de embarcadero y autorizaciones temporales podría dejar vacíos para quienes soliciten o administren estas figuras, de acuerdo con la advertencia.

Otro punto de preocupación está relacionado con las decisiones de autoridades ambientales, marítimas, fluviales y territoriales. Estas entidades tienen competencias que pueden incidir en áreas, diseños, plazos, costos y condiciones de operación de los proyectos portuarios.

La Red de Veedurías consideró que, si una determinación externa tiene efectos sobre una concesión, la entidad concedente debe analizarla y formalizar cualquier modificación contractual. El planteamiento busca evitar que una decisión adoptada por una autoridad que no firmó el contrato altere de forma indirecta las obligaciones, inversiones o el equilibrio económico del negocio.

Las propuestas alternativas y la reversión requieren reglas precisas

El documento también cuestionó el tratamiento de las propuestas alternativas dentro de procedimientos vinculados a contratos en ejecución. La regulación, según la organización, “no define qué ocurriría si una propuesta presentada por un tercero recibe una valoración más alta que la del concesionario actual”.

Esa falta de precisión podría abrir interrogantes sobre la continuidad de las concesiones, el uso de las zonas portuarias y las consecuencias de que el titular vigente rechace cambios al negocio.

La Red de Veedurías pidió igualmente armonizar las normas sobre el valor residual de las inversiones con la reversión de activos establecida en la Ley 1.ª de 1991. La reforma debe evitar que un futuro concesionario pague por activos innecesarios, deteriorados o sujetos a reversión sin costo, señaló la organización.

Entre las recomendaciones, la red propuso crear un procedimiento abreviado para modificaciones no sustanciales, fijar un régimen de transición y definir el efecto contractual de decisiones adoptadas por otras autoridades. El proyecto de decreto deberá surtir el proceso de discusión y evaluación antes de su eventual expedición.