Defensoría del Pueblo se opuso a la creación de una ‘base de datos’ de guardias indígenas: pidió al Gobierno reversar el decreto por posibles riesgos de seguridad

La Defensoría del Pueblo pidió el 4 de octubre al Gobierno nacional que no expida, en su versión actual, el proyecto de decreto para crear el Sistema de Información sobre Guardias Indígenas sin una consulta previa y concertación con los pueblos ancestrales porque la medida, en su visión, incidiría en su autonomía, gobierno propio, representación y seguridad.

La solicitud fue dirigida a la directora jurídica del Ministerio del Interior, Eliana Marcela Espinosa Silva, mediante un oficio firmado por Santiago Pardo Rodríguez, defensor delegado para Asuntos Legales y Constitucionales encargado, y Milena Mazabel Cuasquer, defensora delegada para Pueblos Étnicos, según documetos revelados por El Tiempo.

El proyecto incorporaría un capítulo al Decreto 1066 de 2015, reglamentario del sector administrativo del Interior. Su propósito es mejorar la información estatal y facilitar la coordinación de las entidades que adoptan medidas de protección, fortalecimiento, prevención, reparación o cooperación con participación de las guardias indígenas.

La Defensoría del Pueblo consideró que el mecanismo no puede ser tratado como una decisión administrativa o de gestión de datos. A su juicio, la creación de un sistema estatal sobre una institución propia de los pueblos indígenas tendría efectos prácticos sobre su organización y sus autoridades.

“La creación de un sistema estatal sobre una institución propia de los Pueblos Indígenas no puede analizarse como una medida meramente administrativa o de gestión de información (…). Por su objeto, contenido y efectos prácticos, el proyecto incide directamente en la autonomía, el gobierno propio, la forma de representación institucional y la seguridad de los pueblos y comunidades indígenas", señaló la Defensoría.

El organismo sostuvo que la publicación del borrador para recibir comentarios durante un plazo reducido no reemplaza el derecho a la consulta previa. Ese derecho está respaldado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, incluida la Sentencia SU-123 de 2018.

La entidad pidió que la concertación se realice en la Mesa Permanente de Concertación, creada bajo el Decreto 1397 de 1996. También cuestionó la postura expuesta en la memoria justificativa del proyecto, que sostiene que no se requiere consulta porque el sistema no crea ni reconoce a las guardias indígenas.

Para la Defensoría, esa explicación no elimina la posible afectación directa, ya que el proyecto determina quiénes pueden reportar información, qué datos deben suministrar, cuál será la autoridad interlocutora y qué contenidos podrán hacerse públicos.

Riesgos por la publicación de datos territoriales y de contacto

Entre los reparos figura la definición estatal de “guardia indígena”, que podría limitar sus tareas de gobierno propio y control territorial. También cuestionó que solo las autoridades registradas ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías puedan presentar reportes y advirtió sobre la figura del enlace de interlocución.

La propuesta plantea un sistema de participación voluntaria, pero obligaría a otras entidades a consultarlo. Esa combinación podría producir diferencias de trato entre las guardias registradas y las no registradas, según advirtió la entidad.

El mayor riesgo señalado estaría relacionado con la divulgación de datos territoriales, organizativos y de contacto en zonas afectadas por el conflicto armado, la presencia de actores armados y las amenazas contra las guardias.

“La agregación de información territorial, organizativa y de contacto puede facilitar la identificación de autoridades, liderazgos o estructuras comunitarias y aumentar los riesgos existentes”, alertó la Defensoría.

Por ello, recomendó aplicar criterios de minimización de datos, finalidad definida y trazabilidad en el manejo de la información. El proyecto, sin embargo, contiene disposiciones que la entidad valoró de manera positiva: establece que el reporte no podrá exigirse para acceder a medidas de protección, prohíbe utilizar los datos con fines de inteligencia y excluye los listados nominales de integrantes.

La Defensoría solicitó conservar esas garantías y acompañar el sistema con medidas materiales de fortalecimiento para las guardias indígenas. Los comentarios formulados no son vinculantes, y el Ministerio del Interior sostiene que el sistema no requiere consulta previa.