
El sector arrocero colombiano atraviesa un escenario de menores precios, caída del área sembrada y dificultades de comercialización, mientras productores y Gobierno discuten medidas para aliviar las deudas y sostener la actividad.
Fedearroz atribuye parte del deterioro a los bajos precios de las cosechas de 2025 y 2026 y a los efectos climáticos, mientras el Ministerio de Agricultura ha anunciado algunas respuestas, especialmente para Casanare, pero todavía no define soluciones concretas sobre todos los reclamos planteados por el gremio.
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De acuerdo con El Tiempo, uno de los principales pedidos es la convocatoria del Consejo Nacional del Arroz, luego de que núcleos de Meta, Casanare, Tolima, Arauca, Norte de Santander y la Costa enviaran tres comunicaciones sin recibir una fecha para una reunión.
Los productores también reclaman la reactivación del incentivo al almacenamiento, mecanismo que, según Fedearroz, funcionó durante cerca de 30 años y dejó de operar hace aproximadamente dos.
Qué pide Fedearroz y qué ha respondido el Gobierno
La Federación solicitó refinanciar las obligaciones de los productores, al considerar que los ingresos obtenidos con las últimas cosechas no han permitido cubrir los costos de producción.
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Sobre este punto, el Ministerio anunció una mesa con bancos, molinos y proveedores de agroinsumos para buscar el reperfilamiento de deudas por $471.000 millones.
De ese monto, $250.000 millones corresponden a obligaciones con bancos y el sistema financiero, $150.000 millones con molinos y $71.000 millones con almacenes de insumos.
Fedearroz también pidió medidas especiales para Casanare, uno de los principales departamentos arroceros y afectado por lluvias e inundaciones.
La cartera anunció recursos para fortalecer plantas de secamiento y señaló que la productividad en esa zona cayó de 5,5 a 4,2 toneladas por hectárea.
En materia de comercialización, el gremio reclamó instrumentos que permitan ordenar el mercado y evitar que las condiciones de venta deterioren los ingresos de los productores.
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El ministro Indalecio Dangond habló de mejorar productividad, costos, infraestructura, comercialización y gestión del riesgo, pero no anunció un nuevo mecanismo específico de regulación del precio del arroz paddy.
Tampoco se informó sobre una eventual reactivación del incentivo al almacenamiento ni se fijó una fecha para el Consejo Nacional del Arroz.
Menos siembra y nueva discusión por recursos parafiscales
El debate también se trasladó al manejo de recursos del sector.
Dangond anunció una revisión de la ejecución, destinación e impacto de los recursos parafiscales, con un enfoque que calificó como “forense”.

Según el ministro, las subastas de importación de arroz procedente de Estados Unidos habrían generado cerca de $292.867 millones durante 15 años, mientras el recaudo de la cuota parafiscal habría superado los $259.000 millones.
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Fedearroz respondió que está abierta a las evaluaciones de las autoridades y recordó que esos recursos han sido auditados por la Contraloría y, cuando ha correspondido, por la Procuraduría.
El gremio sostuvo que las inversiones asociadas a la Cuota de Fomento Arrocero y a Col-Rice han contado con aval institucional y se han destinado a investigación, transferencia de tecnología, infraestructura y capacidad productiva.
Las cifras de producción también muestran una reducción importante.
La Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado indica que en el primer semestre de 2025 se sembraron 417.556 hectáreas, frente a 324.554 hectáreas en el mismo periodo de 2026, una caída de 93.002 hectáreas.
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La producción pasó de 998.837 a 876.400 toneladas, una disminución de 122.437 toneladas.
Fedearroz relaciona esa caída con los bajos precios y con el fenómeno de El Niño.
En medio de la discusión, el ministro Dangond generó controversia al afirmar: “No siembren arroz. No es negocio el arroz. Es muy riesgoso”, aunque representantes del sector señalaron que la frase habría sido pronunciada en referencia a condiciones específicas de La Guajira.
Productores también han pedido sistemas de riego, reservorios, almacenamiento y créditos de al menos 12 años con tasas de fomento.
Además, existe preocupación por un posible déficit de abastecimiento, ante menor disponibilidad regional y mayores costos de importación.
Por ahora, el Gobierno ha dado respuesta a parte de las solicitudes financieras, pero permanecen pendientes definiciones sobre comercialización, almacenamiento y la convocatoria formal del Consejo Nacional del Arroz.
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