La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, divulgó en X fragmentos de una versión rendida en 2019 por Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La congresista afirmó que recibió los registros de una fuente anónima y cuestionó el carácter reservado de la diligencia relacionada con el Caso 01, que investiga secuestros cometidos por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
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La comparecencia ocurrió el 14 de febrero de 2019 y estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre. La existencia de esa versión voluntaria individual fue registrada por la JEP dentro de su etapa de investigación.
En una de sus publicaciones, Posada citó declaraciones atribuidas a Londoño sobre el trato a los secuestrados. “Había criterios unitarios de buen trato”, señaló el excomandante guerrillero en el fragmento difundido. También sostuvo que debía garantizarse alimentación a las personas retenidas y que “tortura no, jamás”.
La senadora del Centro Democrático rechazó esas afirmaciones y las calificó como una ofensa a las víctimas.
“Esta sería otra muestra del cinismo y la burla a las víctimas que propicia la JEP”, aseguró.
Posada cuestionó referencias a eventuales penas tras el acuerdo
En otro audio divulgado, Timochenko recordó conversaciones sobre las consecuencias judiciales de la firma del Acuerdo de Paz. “¿Cómo creen ustedes que nos van a plantear” ir a prisión después de pactar, expresó, de acuerdo con los apartes publicados por la congresista.
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Posada sostuvo que esa frase evidencia que las Farc habrían tenido claridad sobre la imposibilidad de cumplir penas de cárcel. A partir de esa interpretación, afirmó que el proceso representó una “claudicación del Estado” frente a la guerrilla.
La senadora agregó que el número de integrantes de grupos armados pasó de 12.883 en 2018 a 27.121 en 2025.
La congresista también difundió una referencia a La Habana
En un tercer mensaje, Posada compartió un aparte en el que Londoño relató que se mencionó la posibilidad de establecer “penas más suaves” con base en la experiencia de los paramilitares. El exjefe de las Farc habría dicho que esas sanciones podrían cumplirse en La Habana y que el tiempo de permanencia allí podría contabilizarse.
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La senadora vinculó ese fragmento con los compromisos de entrega de bienes asumidos por la antigua guerrilla. Según afirmó, las Farc dejaron de aportar el 81,8% de los inmuebles y el 96,5% de los bienes muebles incluidos en esos compromisos.
Posada afirmó que la JEP fue diseñada para las Farc
La congresista también citó una frase atribuida a Timochenko sobre la justicia transicional: “Una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir”. Londoño se refería a la JEP, según el contenido divulgado.
Para Posada, la expresión refuerza su crítica a la estructura creada tras el Acuerdo de Paz. La senadora aseguró que la jurisdicción fue diseñada “a la medida” de las Farc y cuestionó la ausencia de cárcel, la entrega de activos, las rutas del narcotráfico y la reparación a las víctimas.
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En su última publicación, la legisladora pidió que esas diligencias no permanezcan bajo reserva. Describió la audiencia como una conversación “con risas, anécdotas y sin preguntas incómodas”.
Posada afirmó que la JEP ha costado $ 3,8 billones. La diligencia divulgada correspondió a una versión voluntaria, una etapa en la que la jurisdicción recaba información de los comparecientes para contrastarla con expedientes, testimonios e informes de otras entidades.
JEP respondió a críticas por declaraciones de Timochenko y recordó imputación contra 63 exintegrantes de las Farc
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a los cuestionamientos surgidos por fragmentos de una declaración atribuida a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y recordó que imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las extintas Farc dentro del Caso 01, que aborda secuestros.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad incluyó entre los procesados a los siete miembros del antiguo Secretariado de la guerrilla. La imputación se relaciona con toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.
La jurisdicción precisó que también atribuyó conductas como tortura, trato cruel, inhumano y degradante, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. La entidad señaló que, aunque existía una directriz interna de “buen trato” para cautivos, esta no se aplicó en los hechos investigados.
María Clara Posada cuestionó el modelo de sanciones
Tras el pronunciamiento, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, publicó un mensaje en X en el que cuestionó la respuesta de la JEP y el sistema de penas definido por el Acuerdo de Paz de 2016.
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“La JEP cumplió a cabalidad la exigencia de las Farc”, escribió la congresista. Posada afirmó que el acuerdo fue creado para evitar que los exintegrantes de la guerrilla cumplieran condenas en prisión.
La legisladora criticó las sanciones propias, previstas para quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la justicia transicional.
Según su postura, esa figura produjo “impunidad absoluta”. También cuestionó los recursos destinados a las medidas restaurativas. “Estamos pagando $ 30.000 millones”, afirmó Posada, sin precisar en su publicación el programa o la partida presupuestal a la que atribuye esa cifra.
La senadora concluyó que el modelo judicial favorece a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
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