Políticos reaccionaron a la pelea entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente Abelardo de la Espriella: “Toda amenaza es un delito”

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, rechazó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y sostuvo que ningún mandatario local puede recibir amenazas desde la Presidencia, aun cuando enfrente denuncias o procesos judiciales.

El pronunciamiento abrió un nuevo intercambio político tras las advertencias del jefe de Estado sobre el manejo de los recursos nacionales destinados a la capital de Sucre.

“Ningún alcalde de un país democrático puede ser amenazado por un presidente”, afirmó Zuleta. La congresista agregó que esa regla debe aplicarse sin distinción sobre la situación judicial o política de cada funcionario y señaló que “toda amenaza es un delito”.

El cruce se originó después de que De la Espriella se despachara contra Acuña durante una visita a Sucre. El presidente aseguró que su deber es proteger los fondos de la Nación y explicó que no puede dejar de lado los antecedentes, investigaciones y actuaciones públicas que rodean la trayectoria del alcalde.

“¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, planteó De la Espriella. El mandatario aclaró que no busca sustituir a los jueces ni emitir condenas, pero manifestó que no entregará partidas sin mecanismos de supervisión.

El presidente señaló que Sincelejo y Sucre recibirán inversión pública, aunque sostuvo que no habrá “cheques en blanco” para las administraciones territoriales. Para De la Espriella, los recursos pertenecen a los ciudadanos y deben ejecutarse bajo condiciones que garanticen su destinación a obras, servicios y programas sociales.

El mandatario también expresó su desconfianza frente a prácticas que, según dijo, podrían afectar el manejo del dinero estatal. Durante un evento realizado en Sincelejo, afirmó que buscará fórmulas institucionales para que las inversiones nacionales lleguen a la ciudad sin quedar bajo un esquema que, a su juicio, exponga los recursos a riesgos de corrupción.

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila respaldó la declaración de De la Espriella. “Es imposible no estar de acuerdo con esto”, escribió al compartir el mensaje presidencial sobre los controles a los dineros dirigidos al departamento de Sucre.

Por último, el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez Hernández, coincidió en que Acuña debe responder por los cuestionamientos que existen sobre su gestión, aunque reprochó que el presidente concentre sus críticas en un alcalde que no pertenece a su sector político.

Flórez afirmó que desde el Senado ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la ampliación de la planta de personal de la Alcaldía de Sincelejo y el manejo de los recursos municipales. “Que Abelardo le diga corrupto a Yahir Acuña no es ninguna gesta. Es apenas lo obvio”, expresó.

El congresista sostuvo que una política anticorrupción debe incluir a los funcionarios cercanos al Ejecutivo. En ese sentido, pidió revisar los hechos que rodean a la Alcaldía de Bucaramanga, de donde, según afirmó, provienen varios funcionarios que hoy ocupan cargos en el Ministerio de Vivienda.

Entre los señalamientos, Flórez mencionó la desaparición de cerca de 30.000 luminarias, postes y transformadores de bodegas municipales. Aseguró que la Contraloría General de la República habría calculado el posible detrimento en $46.000 millones y que la Fiscalía investiga el caso.

También cuestionó que el presidente haya designado como ministro de Vivienda a un exalcalde de Bucaramanga investigado por esos hechos.

Según Flórez, al menos 22 de los 34 nombramientos del ministerio corresponderían a personas vinculadas con aquella administración.

El senador añadió que la Presidencia otorgó un contrato superior a $5.300 millones, por 80 días y sin licitación, a un operador logístico dirigido por otro exfuncionario de esa Alcaldía. “Toda la plata pública es sagrada”, afirmó, al exigir el mismo estándar de control para Sincelejo, la Casa de Nariño y el resto de Colombia.

Por último, el expresidente Gustavo Petro, citó la respuesta de Acuña a De la Espriella a través de su cuenta en X, y afirmó que el jefe de Estado recibe protección de civiles armados con armas largas.

Petro sostuvo que se trata de “un hecho” y cuestionó que, según su versión, el jefe de Estado prefiera ese esquema antes que la seguridad brindada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.