Líderes indígenas del Cauca se desmarcaron de la Cric por propuesta del Gobierno para registro de guardias ancestrales: “Es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo”

El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, propuso crear un sistema de información sobre las guardias indígenas para identificar qué autoridades respaldan su actuación en cada territorio.

El mecanismo contemplaría datos sobre el pueblo indígena al que pertenece cada guardia, la comunidad, resguardo o territorio ancestral donde actúa, la autoridad propia que la orienta y su ámbito territorial. También prevé la identificación de una persona que funcione como enlace con las entidades públicas.

La iniciativa fue rechazada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), señalando que puede afectar la autonomía de los pueblos. Cabildos y autoridades no vinculados a esa organización; en cambio, las comunidades indígenas argumentaron que el registro permitiría despejar dudas sobre quiénes están facultados para ejercer control comunitario.

“Nuestra existencia no deriva del reconocimiento, autorización o reglamentación del Estado, sino del mandato de nuestras comunidades y autoridades tradicionales”, manifestó la organización.

Mientras el Cric advierte que una caracterización estatal puede convertirse en una herramienta de vigilancia, otros dirigentes consideran que la falta de información deja sin mecanismos de verificación a comunidades donde confluyen distintos pueblos, cabildos y organizaciones.

La verificación de autoridades en los territorios

El líder indígena Teodomiro Soscué sostuvo en entrevista con Semana que a sus territorios llegan guardias y ejercen funciones de control sin que haya claridad sobre la comunidad o autoridad que las respalda.

Para estos sectores, el registro no implicaría otorgar al Estado colombiano la facultad de reconocer o desconocer a las guardias.

“Para nosotros es importante tener ese tipo de claridades. Es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo, porque a nuestros territorios llegan personas, se identifican como guardias y ejercen control sobre la comunidad. Pero la pregunta es: ¿lo pueden hacer? ¿Dónde podemos verificar que sí son autoridad?”, aseguró Soscué.

Bajo la misma línea, la lideresa social indígena Ana Adiela Gelpud citó como antecedente una confrontación ocurrida meses atrás entre dos comunidades de Silvia, Cauca, que terminó con personas asesinadas. Según planteó, aún persisten interrogantes sobre los responsables de esos hechos y sobre quienes llegaron a la zona durante el enfrentamiento.

“Hace meses vivimos una confrontación entre dos comunidades en Silvia que terminó con muertos. Ha pasado un tiempo prudente y no sabemos quiénes cometieron esos asesinatos, quiénes participaron en estos hechos, porque no hay registros de quiénes llegan a la zona y ejercen control con los estandartes del Cric”, afirmó Gelpud a la revista.

El Ministerio del Interior, en cabeza de Rodrigo Lara, ha insistido en que la herramienta tendría un carácter exclusivamente informativo. La inclusión de una guardia no la constituiría, autorizaría ni certificaría, ya que su existencia y funcionamiento continuarían sujetos a la autonomía, los usos y las costumbres de cada pueblo.

“El registro es de la institución, no de las personas. Protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad”, escribió el titular de la cartera en su cuenta de X.

Lara también relacionó la iniciativa con las acciones de prevención frente al reclutamiento de menores en el Cauca. “Considero que las guardias pueden ser la mejor herramienta para prevenir y combatir un flagelo que azota al Cauca: el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas. En su mayoría, menores indígenas”.

El ministro agregó que la información permitiría conocer a las entidades con qué autoridad deben establecer mecanismos de articulación. En ese sentido, sostuvo: “Con ese registro, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías saben con qué autoridad articular. No hay listados de nombres”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también cuestionó la propuesta gubernamental. “La Guardia Indígena no necesita ser vigilada, caracterizada ni administrada por el Estado”, afirmó.